La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó, en general, la iniciativa que permitiría que reos mayores o en grave estado de salud puedan cumplir condena desde sus hogares.
Por Bruno Rozas Hinayado
La discusión sobre el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad de edad avanzada o con enfermedades graves ha provocado debate entre parlamentarios del Biobío y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción.
La iniciativa, respaldada por mayoría en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, busca establecer que ciertos condenados, en particular adultos mayores o personas con condiciones médicas críticas, puedan cumplir su condena en sus domicilios, bajo supervisión y con control telemático.
No se trata de una reducción de penas, sino de un cambio en el lugar de cumplimiento. Sin embargo, en el contexto chileno, el debate adquiere una carga especial: buena parte de los potenciales beneficiarios son condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
El reciente fallo de la Corte Suprema del 10 de agosto de 2025, que habilitó la reclusión domiciliaria total para algunos condenados de avanzada edad por violaciones a los derechos humanos, alegando respeto a la “dignidad humana” y condiciones penitenciarias precarias, ha puesto más argumentos sobre la mesa.
Desde el oficialismo, el senador socialista Gastón Saavedra (PS), representante del Biobío, ha sido categórico en su rechazo.
“Evidentemente esta iniciativa legal de los parlamentarios, senadores de la derecha, es una idea que busca imponer una mayoría circunstancial para dejar sin efecto las sanciones de violadores de derechos humanos”, señaló Saavedra.
El legislador advirtió que este proyecto es “un traje a la medida” para quienes “estando en niveles de dirección del país, violaron los derechos de las personas y al mismo tiempo terminaron con la vida de compatriotas por pensar distinto”.
Para Saavedra, la discusión no es sólo jurídica, sino moral: “Es inaceptable en un país que quiere vivir en democracia y poner en el centro los derechos humanos de todas las personas”.
El senador Enrique Van Rysselberghe (UDI), respondió a las críticas enfatizando que el proyecto no contempla “perdonazos” ni libertades automáticas.
“Lo que hace el proyecto es habilitar para que solo personas mayores de edad con enfermedades invalidantes puedan continuar cumpliendo condena en sus hogares, al cuidado de sus familiares”, explicó.
Van Rysselberghe subrayó que la decisión sería técnica y judicial, no un derecho adquirido por los reclusos. Además, recordó que Gendarmería ha solicitado en reiteradas ocasiones una regulación sobre adultos mayores privados de libertad: “Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia, ya que se viene a hacer cargo de un problema nacional que debe ser abordado por el Estado”.
Juana Vidal, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción y hermana de José Abraham Vidal Ibáñez, detenido desaparecido desde octubre de 1973, manifestó un rechazo absoluto a la medida.
“Nosotros ya vamos a cumplir 52 años esperando saber de nuestros familiares. Ellos están en la cárcel por delitos de lesa humanidad, no es cualquier delito, entonces deben cumplir su condena en la cárcel, porque eso es justicia para nosotros”, afirmó.
Para Vidal, el argumento humanitario no resiste comparación con el dolor de décadas de búsqueda: “Cuando mataron a nuestros familiares, ¿pensaron en la dignidad? Ellos tienen un pacto de silencio. No podemos aceptar que se vayan a sus casas mientras nosotros seguimos buscando, con el dolor intacto”.
Y agregó: “Mi madre murió sin saber qué pasó con su hijo. Mi hermano tenía 22 años cuando desapareció. Ellos tienen que estar en la cárcel hasta el último de sus días”.
El senador Rojo Edwards defendió la iniciativa argumentando que la racionalidad se pierde “cuando se condena a una persona de 92 años, que no es autovalente ni controla esfínteres”. Según Edwards, la discusión no es sobre convenios internacionales, sino sobre “la dignidad de las personas”.
Juana Vidal reaccionó directamente a sus palabras: “Cuando ellos hicieron desaparecer a nuestros familiares, no pensaron en dignidad. Este proyecto es volver a reírse de los familiares de los desaparecidos. Solo habría justicia para ellos, pero para nosotros no”.
Sin embargo, para las familias de las víctimas, la justicia no puede medirse sólo en términos de edad o salud, sino también en el reconocimiento del daño irreparable causado. Para otros sectores, en cambio, el Estado tiene la obligación de evitar tratos inhumanos incluso a quienes han cometido crímenes atroces.
Romina Gutierrez, quien también pertenece a la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, comentó al respecto que “ yo perdí a mi tío en la época de la dictadura y es una impotencia tremenda el pensar que los responsables de eso pueden tener la posibilidad de volver con sus familias, lo mismo que nosotros esperamos por tantos años con nuestros familiares. Creo que nos falta memoria para estos temas”.