“Se deberán buscar los mecanismos”, advirtió el alcalde de Hualqui y presidente de la Amrbb, Ricardo Fuentes. En tanto, desde el Ministerio de la Mujer plantean la necesidad de continuar con capacitaciones a los funcionarios para que cumplan la ley en cuanto a la medida de apremio.
A raíz del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detalló múltiples infracciones, por parte de las municipalidades, al revisar el otorgamiento de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, en la Región del Biobío siguen las reacciones ante lo que se considera una lamentable seguidilla de errores.
Cabe destacar que el hecho de entregar la renovación o una licencia de conducir nueva a un deudor de pensión alimenticia, está prohibido por la ley N° 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos desde 2022.
De acuerdo a la CGR, 24 de las 33 municipalidades de la zona han entregado el documento al margen de lo legal.
Las casas edilicias con mayor despacho de licencias han sido: Chiguayante (con 128), Cañete (73), Concepción (25), Coronel (25), Yumbel (25), Tomé (23).
Más abajo se registran entregas en: Laja (17), Los Ángeles (13), Nacimiento (11), Talcahuano (11), Penco (10), Hualqui (9), Lebu (8), San Pedro de la Paz (8), Mulchén (7), Santa Bárbara (7), Cabrero (5), Curanilahue (5), Santa Juana (5), Contulmo(5), Lota (5), Arauco (4), Negrete (4), Tucapel (3).
El presidente de la Asociación de Municipios de la Región del Biobío (AMRBB) y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, indicó que “es lamentable y cuestionable (lo ocurrido), pero entendemos que puede haber existido desconocimiento de las personas a cargo de los departamentos de Tránsito de los municipios”.
En ese sentido, para Fuentes se trata de una situación que deberá revisarse, evitando así que vuelva a ocurrir. “Asimismo, se deberán buscar los mecanismos para revocar estos permisos”, alcanzó.
Para el presidente de la Amrbb no hubo una correcta coordinación entre el Poder Judicial y los departamentos de tránsito, “lo que de haber existido, hubiese garantizado la ejecución efectiva de la resolución y posterior implementación de la ley”, estableció.
“Tal como lo hicimos con la ‘Ley Karin’, de mano de la academia y la Seremi de la Mujer realizamos una capacitación el 2024. Por tanto, será algo que deberemos evaluar para ayudar a los municipios socios y también no socios a evitar repetir nuevos errores”, agregó el jefe comunal en relación al reciente informe de la Contraloría y la consignada entrega.
“Lo expresado por Contraloría es claro, y da cuenta que el municipio debe consultar en línea al Servicio de Registro Civil e Identificación si el solicitante se encuentra inscrito en el citado registro. De estar vigente no debe entregársele el documento, por lo que el camino a seguir estará ligado a capacitación de los funcionarios y funcionarias para evitar nuevos errores en la entrega de las licencias de conducir”, expresó.
Vale recordar que tal como informó Diario Concepción, la CGR reiteró que el funcionario municipal a cargo de la solicitud es quien tiene la obligación de confirmar si la persona está inscrita en el Registro de Deudores y, en caso de que así sea, no otorgar el documento. De lo contrario, incurre en una responsabilidad disciplinaria que tiene como sanción una multa entre el 10% y 50% de su remuneración.
“Se está realizando el análisis interno para saber cuántos casos existen en esta situación, de manera que se pueda regularizar el tema lo antes posible”, dijo por su parte la Municipalidad de Cañete.
A nivel país, la información presentada por Contraloría detectó que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3 mil 432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, por adeudar la mensualidad de 4 mil 706 alimentarios por un monto total de $17.473 007.109. Es decir, un 70% de los municipios a nivel nacional han incumplido la norma desde su vigencia.
La Seremi de la Mujer y Equidad de género, Camila Contreras, manifestó que es preocupante la situación. “Hemos trabajado arduamente en la difusión de la Ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, se ha fiscalizado su implementación por tanto seguiremos cautelando su cumplimiento”, dijo.
La seremi apuntó que “esperamos que las instituciones que tienen responsabilidades en implementar medidas de apremio cumplan la normativa”.
Actualmente la Seremi se encuentra revisando el informe de Contraloría en detalle para evaluar las medidas y acordar formas de mejorar la implementación de la misma. “Lo que es más importante, es contribuir a lograr el pago efectivo de pensiones de alimentos que va en directo beneficio a la autonomía económica de las mujeres y el bienestar de los niños y niñas de nuestra Región”, argumentó.
En tanto, la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó que “agradecemos a la Contraloría General de la República por, precisamente, fiscalizar el que la normativa de la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento se cumpla”.
También la secretaria de Estado, destacó que es preocupante que se reporte que al menos 242 municipios, en todo el país, que entregaron licencias.
“Desde el Ministerio de la Mujer hemos trabajado arduamente en una mesa de coordinación con distintos actores para dar a conocer la normativa y capacitar al respecto”, indicó Orellana.
“Esperamos que los municipios, así como todas las instituciones, cumplan con lo que les obliga la ley, que en este caso es una medida de apremio, que es no renovar la licencia de conducir a quien está con deuda en el registro”, puntualizó la ministra.