En la Región se otorgaron o renovaron más de 400 de estos documentos a cerca de 250 personas bajo registro nacional. Esto de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples infracciones al revisar el otorgamiento de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022, por la ley N° 21.389, la cual crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Mediante un informe de su División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, el órgano de control detectó que 24 de las 33 municipalidades de la Región del Biobío habrían otorgado o renovado un total de 436 licencias, entre 253 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, por adeudar la mensualidad alimentaria. Es decir, un 73% de los municipios a nivel regional han incumplido la norma desde su vigencia.
Esto dentro de un periodo de análisis entre noviembre de 2022, fecha en la que inició la prohibición, y diciembre de 2024.
Asimismo, cabe hacer presente que una persona puede tener más de una licencia de conducir de manera simultánea, por ejemplo clase B y C (Motos).
En detalle, las municipalidades que conforman el listado de licencias erróneas entregadas son: Arauco (4), Cabrero (5), Cañete (73), Chiguayante (128), Concepción (25), Contulmo (5), Coronel (25), Curanilahue (5), Hualqui (9), Laja (17), Lebu (8), Los Ángeles (13), Lota (5), Mulchén (7), Nacimiento (11), Negrete (4), Penco (10), San Pedro de la Paz (8), Santa Bárbara (7), Santa Juana (5), Talcahuano (11), Tomé (23), Tucapel (3) y Yumbel (25).
De acuerdo con lo indicado en el artículo 33 de la normativa mencionada anteriormente, la Municipalidad competente para expedir uno de estos documentos o su duplicado, deberá consultar en línea al Servicio de Registro Civil e Identificación si el solicitante se encuentra inscrito en el citado Registro. En caso de aparecer con inscripción vigente no deberá dar curso a la solicitud.
Además, dentro del informe, se reveló que la Municipalidad de Chiguayante es la casa edilicia que registra más casos en Biobío, la cual entregó más de 100 licencias.
En ese sentido, la CGR reiteró que el funcionario municipal a cargo de la solicitud es quien tiene la obligación de confirmar si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Deudores y, en caso de que así sea, no otorgar el documento. De lo contrario, incurre en una responsabilidad disciplinaria que tiene como sanción una multa entre el 10% y 50% de su remuneración.
Desde la Municipalidad de Coronel, una de las que concentra la mayor cantidad de documentos cuestionados de acuerdo al informe de Contraloría, el director de Tránsito de la comuna, Luis Coloma, sostuvo que como repartición se han asegurado de cumplir la normativa y detalló el proceso.
“La persona que venga a hacer el trámite acá, renovación, duplicado o alguna gestión relacionada con licencia de conducir, ese certificado forma parte del expediente. Por lo tanto, desde que el momento en que apareció la ley, en nuestro registro todos los controles o todos los trámites que se hacen acá, que cuentan con ese certificado, que no tienen deuda alimenticia. Y aquel que le figure, obviamente, el trámite no puede continuar”, precisó.
De la misma forma, Coloma afirmó que desconoce el origen de los datos entregados por el órgano contralor, asegurando que “nunca nos han preguntado, no hemos tenido alguna auditoría relacionada con el tema. Porque hay un procedimiento. Nosotros tenemos un procedimiento, y la verdad es que hay filtros de por medio que nos permiten garantizar que nosotros hemos cumplido, desde el momento en que apareció la ley, lo que nos exigen”.
Por su parte, consultados por Diario Concepción, en la Municipalidad de Cañete, la segunda comuna de Biobío que concentra más casos, precisaron que, tras conocer el informe de Contraloría, “se está realizando el análisis interno para saber cuántos casos existen en esta situación, de manera que se pueda regularizar el tema lo antes posible”.
A nivel país, la información presentada por Contraloría detectó que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3 mil 432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores, por adeudar la mensualidad de 4 mil 706 alimentarios por un monto total de $17.473 007.109. Es decir, un 70% de los municipios a nivel nacional han incumplido la norma desde su vigencia.
Además, el documento de la CGR evidenció que 65 funcionarios municipales habrían obtenido o renovado su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, estando en el Registro.
En este sentido, también expuso que 482 personas deudoras son familiares de funcionarios que trabajan en la municipalidad en donde habrían obtenido o renovado su licencia de conducir a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores por Pensión Alimenticia.
Con los antecedentes conocidos, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República está evaluando futuras fiscalizaciones en relación con esta materia, de modo de corroborar eventuales infracciones advertidas y ejercer las acciones correctivas que correspondan.