Uno de los puntos que más destacaron los representantes locales fueron las garantías administrativas otorgadas por el Estado con el fin de haber mantenido miles de puestos de trabajo, a propósito de acuerdos y aplicación de salvaguardias al acero chino.
Las reacciones también llegaron desde el ámbito político luego que el directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) informó la decisión de suspender indefinidamente las operaciones siderúrgicas de la empresa, argumentando que la aplicación de sobretasas al acero chino no será suficiente para asegurar la viabilidad de la producción de acero.
El delegado presidencial (s) del Biobío, Humberto Toro declaró que “la Región recibió un duro golpe a la economía, un duro golpe a los trabajadores, un duro golpe a las familias y en particular la comuna de Talcahuano“.
Toro apuntó a que la medida se generó por la desidia, “porque la solicitud planteada en su momento al Estado, y en particular al Presidente, Gabriel Boric, fue respondida precisamente porque el principal objetivo era salvaguardar el trabajo y que las familias pudieran vivir en dignidad. Ese fue el propósito más sentido del presidente y del Gobierno. Sin embargo, las dos empresas no se han puesto de acuerdo para resolver los mecanismos implementados por el Ejecutivo“.
“La empresa privada tiene una responsabilidad, el Estado la tiene y el Estado cumplió. Lo que no están cumpliendo hoy día son dos empresas que tienen que ponerse de acuerdo”, agregó el delegado presidencial (s).
En tanto, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, tras el anuncio del directorio de la usina, partió indicando que “para el Grupo CAP esta decisión comercial debe obedecer a que están teniendo pérdidas por las bajas ventas que tiene la empresa. Y eso, desde un punto de vista económico, es una decisión razonable que incluso está siendo premiada en la bolsa aumentando el precio de las acciones”.
Sin embargo, la autoridad hizo énfasis en que se trata de “una muy mala noticia para la Región del Biobío. “Es un ícono histórico, tiene que ver con nuestro ADN, nuestra esencia industrial. Más de 20 mil personas de la cadena de valor vinculada a Huachipato van a perder su trabajo. Lo lamentamos mucho, me comuniqué con los dirigentes para transmitirles mi afecto, solidaridad y tristeza”, indicó.
Ante esta situación, la máxima autoridad regional profundizó en que la cesantía “va a pasar de 8.7%, probablemente cuando se materialice este cierre definitivo, a 11 o 12 puntos“.
Por eso, sugirió al Ejecutivo “un plan Marshall de inversión que nos permita tener puestos de trabajo para esta gente que se va a quedar sin sus ingresos. La medida de Huachipato va a impactar rápido en contratistas primero y luego en trabajadores directos. Probablemente hacia fines de septiembre las desvinculaciones van a estar cursadas”.
Asimismo, argumentó que la pérdida de puestos laborales puede seguir aumentando. “Necesitamos que se frene el ímpetu legislativo que está afectando tanto a la industria forestal como pesquera. No queremos que esto siga aumentando, necesitamos mantener nuestra esencia de Región industrial porque la industria es la que paga mejores salarios a los trabajadores”, finalizó.
En esa línea, Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y parlamentario local, igualmente, reacción a la decisión del directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato y fue crítico con la firma, sosteniendo que “Huachipato nos mintió a todos desde el principio a la Región del Biobío, al país, a los trabajadores, al Gobierno y a los parlamentarios”.
“Siempre dije, se lo transmití a los dirigentes sindicales de Huachipato, que tenía dudas del real interés que tenía esta empresa en mantener funciones”, agregó.
En detalle, respecto de las razones que entregó el directorio de la compañía siderúrgica para suspender las operaciones en la planta, Aedo aseveró que “esta empresa mintió, se entregaron todas las salvaguardias que requerían para tener una operación económica sustentable en el tiempo y simplemente no fueron capaces de llegar a un acuerdo con Molycop, que es otra empresa privada. El Estado, los trabajadores, Región y el país hicieron todo de su parte para que esta empresa siguiese funcionando pero simplemente siempre actuaron de mala fe”.
Por su parte, María Candelaria Acevedo (PC), diputada por el Distrito 20, señaló que “Es una situación absolutamente preocupante, que golpea directamente a la economía local, pero sobre todo a esas 20 mil familias que dependen de la empresa”.
De la misma forma, Acevedo apuntó a la actual salvaguardia provisoria que se estaba aplicando al acero de origen asiático solicitado por la empresa, mientras se desarrolla la investigación de la Comisión Antidistorsiones, y dijo que “este anuncio no deja de sorprendernos, toda vez que hace un par de meses la solución era la salvaguardia y ahora no resulta suficiente”.
“En ese contexto el llamado es a los empresarios a que reconsideren, reevalúen todos los escenarios posibles y en caso de ratificar la medida, establezcan un plan de trabajo que permita abrirse a que nuevos actores inyecten recursos para seguir manteniendo con vida a la industria del acero en el país, siendo clave que el Estado también sea parte de esta empresa estratégica”, agregó la parlamentaria.
Uno de los llamados que realizó la parlamentaria fue al Ejecutivo y manifestó que “solicito a mi gobierno, al del Presidente Gabriel Boric para que busque todas las fórmulas posibles para que Huachipato siga funcionando”.
En tanto, el senador de la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS), de la misma forma, entregó sus reacciones sobre el anuncio de la siderúrgica y enfatizó que existe una actitud irresponsable por parte de la empresa.
“Hubo una actitud irresponsable de parte de las empresas que creo que no entendieron el momento y el esfuerzo que se está haciendo para proteger el empleo y para tener una siderúrgica y una industria del acero que tuviera origen nacional. Y ahí la frialdad de los negocios lleva a que se tome definitivamente esta decisión y que se comunique en un par de hojas que nos dejan en una situación muy complicada, en la Región del Biobío sobre todo”, expresó el senador.
Al igual que Acevedo, el miembro de la Cámara Alta también hizo su propio llamado al Gobierno y señaló que “insisto en la toma de decisión política que tiene que asumir el Presidente Boric y su equipo económico para construir una empresa de carácter público-privada con los incentivos económicos necesarios para atraer nuevos inversionistas, nuevos socios, más la participación del Estado chileno y tener así una siderúrgica de carácter mixto en su propiedad y con ello seguir desarrollando los proyectos para agregar valor al hierro”.
Paralelamente, el Senador Enrique van Rysselberghe (UDI) entregó su opinión sobre el cese de operaciones Huachipato y comentó que “el anuncio conocido hoy del cierre de la siderúrgica de Huachipato, en la comuna de Talcahuano, es un durísimo golpe para esa comuna y para la región del Biobío, ya que implica el fin de miles de puestos de trabajo y una incertidumbre para miles de familias”.
Agregando sobre el tema, el Congresista UDI indicó que “lamentablemente esta decisión está fundada en la incapacidad de las empresas de la zona para ponerse de acuerdo en los precios de sus productos, me refiero en particular a Huachipato con Molycop, pese a que el Estado había tomado las medidas necesarias para corregir distorsiones que terceros actores extranjeros imponían en el mercado local”.
A su vez, Karen Medina, diputada por el Distrito 21, mostró su preocupación por las consecuencias laborales que trae el anuncio, por los más de 20 mil empleos que están en riesgo, y la inversión privada en el territorio. “Me preocupa tremendamente la situación laboral de los trabajadores, de sus familias y, por supuesto, del desarrollo económico de la Región de Biobío que se va a ver tremendamente perjudicada. Porque, a pesar de que la empresa asegura mantener la inversión en la región, lamentablemente sabemos que eso va asociado a proyectos que hoy día tienen un tremendo rechazo ciudadano”.
Una postura crítica sobre la decisión de la empresa siderúrgica es la que presentó la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), del Distrito 20, que dijo que “lamento la poca transparencia de los accionistas, de los inversores, porque trabajamos en conjunto con todas las autoridades locales y a nivel nacional para poder lograr una salvaguardia, un trabajo de los trabajadores, de los gremios, y la verdad es que esto es una falta de respeto. Estábamos luchando por ampliar la salvaguardia y hoy nos enteramos de esta triste noticia que va a traer desempleo a nuestra región”.