Para antes del 12 de mayo, plazo establecido por la Corte Suprema, el Congreso Nacional deberá despachar la normativa que viabiliza el fallo que mandata a las aseguradoras de salud a devolver los cobros en exceso.
“Contra el tiempo”, así se ha definido el proceso legislativo del proyecto de Ley Corta de Isapres en el Congreso Nacional. Y es en las próximas horas el Congreso Nacional tiene la tarea de despachar de comisión mixta y de sus dos Cámaras el proyecto que viabiliza el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso. En específico, la normativa debe estar despachada desde el Parlamento antes del 12 de mayo, de lo contrario, han señalado expertos, las aseguradoras privadas de salud podrían caer en insolvencia.
En esa línea, este lunes el Gobierno ingresó las indicaciones al proyecto de ley.
El senador de la Región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe, se refirió a la legislación “contrarreloj” de la normativa, junto con las indicaciones presentadas por el Ministerio de Salud, y señaló que “las indicaciones presentadas hoy por el gobierno son un avance, pero que resulta insuficiente para asegurar la continuidad del sistema privado de salud”. Asimismo, el parlamentario proyectó que “esperamos que, en la sesión de esta jornada de la comisión mixta, se logren acordar aquellos puntos que resultan más complicados y que tiene que ver directamente con garantizar que los aseguradores privadas de salud puedan seguir funcionando en el corto plazo”.
Por su parte, Gastón Saavedra, también senador por el Biobío, explicó el proceso legislativo de la norma y la disposición del Parlamento para legislarla durante esta semana, tomando en consideración el plazo establecido por la Corte Suprema.
“Los procesos legislativos suelen tener dificultades y eso lo sabemos los legisladores, más allá de las molestias de legislar a veces contra el tiempo es una obligación el estudiar todo lo que se vota y esa es una premisa que debemos cumplir”, manifestó Saavedra, complementando que “hay plazos que hay que cumplir y que es cierto que se han dilatado en demasía en algunas situaciones, pero hoy estamos en una condición que obliga a tener celeridad en el proceso legislativo y, al mismo tiempo, a estudiar cuales son las indicaciones, cuáles son los efectos, cuáles son las mejoras que estas indicaciones tienen”, dijo.
Sobre los alcances y la relevancia de despachar pronto la normativa, el senador agregó que “tenemos que dar certeza jurídica no sólo a las isapres, sino que también a los usuarios que son más de 2 millones de chilenos y 6 millones que están en el sistema de Fonasa”.
El vicepreseidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y parlamentario por el Distrito 20, Eric Aedo, expresó sus críticas al Ejecutivo por los plazos en que se presentaron las indicaciones y su contenido. “Lamentamos que el gobierno llegué a última hora con estás indicaciones, particularmente cuando estamos a horas de los plazos máximos para poder contar con una ley que enfrente la crisis del sistema de salud privado”, afirmó Aedo.
“Es fundamental colocar un techo al alza extraordinaria de los planes. Esta ley lo que busca es que el sistema privado se sostenga, pero no se trata de un perdonazo a las isapres, en consecuencia, establecer un máximo del orden del 10% de alza, me parece razonable”, agregó el congresista por el Distrito 20.
Bajo el mismo contexto, Aedo puntualizó que, junto con la discusión esta normativa, “el gobierno debe avanzar en una reforma que permita dar sostenibilidad financiera al sistema privado de salud”.
Dentro de lo presentado por el Ejecutivo, se consignó que el plazo de devolución de la deuda a los afiliados podrá ser de hasta 10 años. Aunque, en el caso de quienes tienen ochenta años o más, se debe realizar en un máximo de 24 meses. Asimismo, para quienes tengan 65 años o más, debe ser en los primeros 72 meses.
Otro de los puntos que más se destaca es que las isapres podrán ofrecer a sus afiliados una devolución vía excedentes. También, los cotizantes podrá solicitar, a su voluntad, el pago anticipado de la deuda o una parte de ella y para esto, podrá solicitar un pago único acordado entre las partes.
Las propuestas indicadas por el Gobierno también señalan que aseguradoras solo podrán realizar repartición de utilidades si es que han pagado la totalidad de la deuda y que, en caso de estimarlo conveniente, podrán adelantar el pago de la deuda a los afiliados, con previa notificación a la Superintendencia de Salud.