Municipios, Gobierno Regional y congresistas mantienen las miradas en el futuro próximo de la siderúrgica tras la decisión de la Comisión Antidistorsiones. “Nos condena el hecho de estar a más de 500 kilómetros de donde se toman las grandes decisiones que es Santiago”, dijo el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío.
Tras el anuncio de la Comisión Antidistorsiones en la que efectivamente se identificó la existencia de importantes irregularidades en las importaciones de acero desde China, pero que recomendó una salvaguardia menor a la solicitada por la compañía acerera, levantó el debate en la Región del Biobío respecto del centralismo en la toma de decisiones de este tipo. Esto último en base a que lo que decidió una comisión instalada en Santiago.
Además, la resolución de la instancia estableció salvaguardias diferenciadas por productor y exportador, razón que apuntó el directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) al momento de comunicar la suspensión por tiempo indefinido las operaciones siderúrgicas de la empresa en Talcahuano.
En esa línea, el alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, Álvaro Ortiz, señaló que los jefes comunales de la zona entregaron su apoyo a los representantes de Huachipato y anunciaron que van a redactar una declaración en conjunto mostrando su rechazo al cierre. “Nosotros queremos pedirle al Gobierno que haga un nuevo esfuerzo, que haga el esfuerzo que se han hecho en otros casos con otras empresas. Pero también la historia acá parece ser que nos condena el hecho de estar a más de 500 kilómetros de donde se toman las grandes decisiones que es Santiago”, expresó.
Dentro de sus palabras, Ortiz enfatizó que lo que hoy ocurre con la empresa no es un problema de un gobierno en particular, sino que los problemas han pasado por los gobiernos de todos los colores políticos. “Se debe despolitizar lo que está pasando ahora, puesto que el mejor rédito político es hacer las cosas bien y actuar unidas y unidos en solucionar lo que hoy ocurre con Huachipato”, precisó.
Desde el punto de vista técnico y económico de la decisión tomada en Santiago por la comisión, Ariel Yévenes, economista del Observatorio Corbiobío y académico la Universidad de Concepción, sostuvo que “se generó una estructura de gobiernos regionales que apunte a una mayor descentralización, pero resulta que esa descentralización todavía es tutelada y todavía tenemos una gran cantidad de decisiones que se siguen tomando en el centro”.
Asimismo, el economista complementó que “la pregunta que uno se hace es, en el fondo, ¿para qué se genera liderazgos regionales si no se les van a dar las atribuciones para incorporarse en estos temas que son de tremenda relevancia para la Región?, no sólo de desarrollo productivo, sino que también logístico, tenemos en nuestra región una gran cantidad de inversiones de infraestructura que, o están retrasadas, o han sido postergadas durante mucho tiempo”.
Carolina Echagüe M.
Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, bajo el mismo contexto, hizo énfasis en que las acciones para enfrentar la situación de Huachipato recaen en el gobierno central con el objetivo de que pueda revisarse lo que resolvió la referida comisión.
“El proceso chileno habilita para poder hacer reconsideraciones y le pedimos al gobierno que convoque a la Comisión Antidistorsiones y que se revise esto. El daño para nosotros sólo en sueldos de los trabajadores directos de Huachipato y de aquellos que son contratistas permanentes es de $70 millones de dólares al año en la economía local, sólo respecto de casi 4 mil de las 22 mil personas que están en la zona vinculadas a esta cadena productiva”, argumentó Díaz.
Cabe destacar que la instancia de antidistorsiones tiene un carácter técnico y está conformada por instituciones públicas del sector económico nacional. La función de la comisión es entregar asesoramiento al Gobierno en materias relacionadas a la importación al país de productos y mercancías. Actualmente, la comisión es presidida por el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, y está integrada por representantes del Banco Central, de la Dirección Nacional de Aduanas, y de los ministerios de Hacienda; Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; y Relaciones Exteriores.
La entidad logró probar que los productos se estaban vendiendo a precios inferiores al costo, y recomendó al Gobierno salvaguardas con un promedio de 15,3% a tres empresas chinas. Esto, sin embargo, no dejó conforme a la acerera -que pedía un 25% a todas las empresas de la potencia mundial-, por lo que la decisión de suspender las operaciones se precipitó.
Isidoro Valenzuela M.
La diputada por el Distrito 20 en la Región del Biobío, María Candelaria Acevedo, se refirió a las medidas que van a impulsar desde el Congreso por el anuncio del cese de operaciones en la siderúrgica y detalló que buscarán, a través de una reforma constitucional, que el Estado pueda establecer una alianza estratégica con Huachipato.
“Vamos a presentar, el lunes, un proyecto de resolución donde le vamos a hacer presente al Presidente de la República que pueda tomar lo mismo que se hizo con Soquimich y Codelco, en el sentido de hacer una alianza estratégica (…) la idea es que, en este caso, sea posible que el Estado pudiera hacer esa alianza estratégica entre Codelco y Huachipato, creando una industria mixta en donde el Estado tenga participación y también la empresa privada”, comentó la parlamentaria.
Paralelamente, la diputada del Distrito 21 de la Región, Joanna Perez, junto a un grupo de congresistas, presentó un proyecto de reforma constitucional para aplicar un arancel con un 50% a cualquier producto de acero proveniente de China.
El objetivo del proyecto es incorporar un artículo transitorio nuevo en la constitución política de la república estableciendo medidas de protección para la industria siderúrgica chilena, implementando un arancel especial temporal al acero chino.
“Durante los tres años siguientes a la publicación de la presente reforma constitucional, toda importación de productos de acero como alambrones, acero de refuerzo para la construcción, barras y bolas de molienda de minerales, de origen de la República Popular China estará gravada con arancel del cincuenta por ciento”, consigna el documento de la reforma.