Tras la crisis de seguridad en nuestro país, diputados y diputadas de distintas bancadas del Biobío deliberan sobre la plausibilidad del proyecto.
Por Gustavo Venegas Soto
Actualmente se encuentra en discusión la reforma constitucional que permitiría al Presidente de la República decretar la colaboración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la mantención del orden público. Mientras algunos parlamentarios ven esta reforma como una oportunidad para fortalecer la seguridad pública en la zona, otros la consideran una amenaza para la democracia y los Derechos Humanos.
El proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción por la senadora María José Gatica (RN), busca modificar la Carta Fundamental para permitir al Mandatario decretar la colaboración de las FF.AA. en la mantención del orden público, por el tiempo y en los casos que indique. El proyecto de ley según el Capítulo XI de las Fuerzas Armadas, en el art. 101 de la Constitución Política de la República, establece que “En situaciones de grave crisis migratoria o de seguridad pública y no estando vigente un Estado de Excepción Constitucional o lo establecido en el art. 32 numeral 21°, podrá el Presidente de la República, mediante decreto, ordenar a las Fuerzas Armadas colaborar por un plazo de 30, 60 o 90 días con las Fuerzas de Orden y Seguridad en sus tareas ordinarias tales como control de identidad y de tránsito a fin de responder a esta crisis en una provincia o región específica, pudiendo renovarse este mandato bajo las mismas condiciones”.
En lo que respecta a la Región del Biobío, para algunos congresistas de distintos sectores políticos la aprobación de este proyecto de reforma constitucional podría tener tanto beneficios como contras.
La diputada del Partido Comunista, María Candelaria critica la propuesta, enunciando que “para mí no es solución el proyecto. Las fuerzas armadas no están preparadas para ese tipo de labores, más allá que de forma extraordinaria lo pueden hacer, pero esa no es su misión”.
“Lo que necesitamos es que las policías (carabineros, PDI) puedan mejorar en sus capacidades, principalmente en lo que tiene relación a la inteligencia, ya que hemos visto, por ejemplo, que el desarme de las bandas criminales ligadas al robo de madera se ha logrado en base al trabajo investigativo y no a la presencia de militares en la zona”, apuntó la misma parlamentaria.
Además, añadió que “más allá del populismo que significa el anuncio de ‘militares a la calle’, lo que necesitamos para enfrentar la inseguridad y las nuevas formas de cometer delitos, es que nuestras policías tengan una formación distinta, una que actualice sus tácticas de inteligencia y que sea en base a las investigaciones que se logren prevenir delitos, y en caso de ser cometidos, lograr detener a los culpables”.
Mientras tanto, la diputada Joanna Pérez del Partido Demócrata (PD) aboga que el país se encuentra en “una escalada delictiva” y apela por “utilizar todos los medios posibles”.
“Chile no estaba acostumbrado ni menos preparado”, subrayó la ex DC.
En el mismo sentido. agregó que “estamos a tiempo de poder detenerla y tenemos que utilizar todos los medios posibles, por drásticas que sean, no descartando ningún tipo de apoyo, pero siempre coordinando estas labores con inteligencia, pues el trabajo de persecución delictiva sin inteligencia suficiente, incluso con las FF.AA. colaborando no se detendrá”.
A renglón seguido, Pérez explicó que “no hay que descartar esta medida a priori, buscando mecanismos para perfeccionarlo y que tenga una aplicación real en la solución, disminución y contención de la delincuencia”.
El congresista Demócrata Cristiano (DC), Eric Aedo, dijo que “es un proyecto que amerita ser analizado por la situación que enfrenta el país y el apoyo de las FF.AA. en el combate al crimen organizado puede ser de gran utilidad. En el control del orden público está el Estado de Excepción, por lo tanto, no sé si en ese punto se requerirá adicionar algo más. Lo que sí creo, es que las FF.AA., antes de enfrentar tareas de control de orden público, deben ser capacitadas”.
En cuanto a la aplicación del decreto en la zona, el mismo representante del Distrito 20 añadió que en el combate al crimen organizado la ayuda que pueden prestar las FF.AA. puede ser importante. “Tanto en presencia como en materia de inteligencia. Ese aporte a la región sería valioso en estas circunstancias cuando sabemos de la presencia de bandas como el Tren de Aragua”, dijo.
Asimismo, Marlene Pérez, diputada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), afirma que “estamos ante una situación inédita en materia de seguridad, con delincuencia común y un crimen organizado desatado. Es necesario articular toda la capacidad del Estado en el combate contra la delincuencia. Pero si queremos adelantarnos y ser oportunos en el combate al crimen, el Gobierno que es el responsable de mantener la seguridad y el orden público, debe abandonar sus complejos ideológicos y avanzar decididamente estrategias oportunas y no reactivas”.
Luego, Pérez resaltó como una necesidad para el Biobío a la presencia de efectivos militares, dado el contexto de violencia rural que existe, sobre todo, en la zona sur de la Región. “Pero más allá de militarizar infraestructura crítica o lugares estratégicos para el desarrollo del Biobío, debemos de forma urgente reforzar nuestras fronteras y definitivamente cerrarle el paso a ilegales que vienen a delinquir (…) solo hace unos días veíamos la triste noticia de dos agricultores asesinados a manos de 4 extranjeros indocumentados”, manifestó.
Una posición discordante expresó la parlamentaria de la misma bancada, Flor Weisse, quein señaló que la seguridad es responsabilidad del Estado y del Ministerio del Interior, cuestionando la transferencia de funciones a las FFAA. “Es fundamental que se ejerzan las funciones y se adecuen los procedimientos y las estrategias para combatir el crimen organizado y el narcotráfico”, detalló.
La diputada gremialista destacó que “las Fuerzas Armadas tienen otras funciones y hemos visto, cómo de a poco y por incumplimiento del deber, el Gobierno quiere transferir más funciones y otorgar más deberes”.