El monto del beneficio ascenderá a $160 mil y será pagado mensualmente a las y los beneficiarios. Además, la nueva norma establecerá un fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado.
Como un avance en la legislación calificó la Fundación Antonia a la aprobación en el Congreso de una ley que le otorga una pensión a los hijos/as de mujeres víctimas de femicidio o suicidio femicida. Norma que fue aprobada este martes en el Parlamento y quedó lista para su promulgación.
“La aprobación de este proyecto de ley sin duda alguna muestra un avance en nuestra legislación puesto que no sólo dice relación con materias vinculadas a violencia en contra de la mujer, sino también permite observar el fenómeno desde un punto de vista global, asegurando una reparación integral a los niños, niñas o adolescentes que sean hijos o hijas de víctimas, y no sólo de femicidios, sino también del delito de suicidio femicida incorporado recientemente en nuestra legislación”, dijo Natalia Delgado, directora jurídica de Fundación Antonia.
“Cabe destacar también que este proyecto incorpora otros mecanismos que son completamente novedosos en nuestra legislación, como el fuero laboral en caso de femicidio frustrado o tentado, permitiendo entonces una real perspectiva de género, no solamente en la aplicación de las condenas, sino también a lo largo de todo el proceso”, agregó la directora.
De acuerdo a lo informado por la Cámara de Diputados, con la aprobación del proyecto se estableció la creación del derecho a una pensión para las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida. El monto del beneficio ascenderá a $160.000 y será pagado mensualmente a las y los beneficiarios. El reajuste de la pensión será el 1 de febrero, de acuerdo al IPC determinado por el Instituto de Estadísticas.
Además, en el Senado, se estableció que, en un plazo de seis meses, el Ejecutivo deberá crear el reglamento que regule el pago de esta pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento.
La Cámara Baja también aprobó la propuesta del Senado para perfeccionar las definiciones de víctimas que establece la norma.“Entre ellas, reconoce a la madre o al padre de las hijas o hijos de la ofendida por el delito. Junto a esto, reconoce también a quienes tengan el cuidado personal de estos. Finalmente, reconoce a la actual pareja de la ofendida que tenga una relación de carácter sentimental sin convivencia.
En el proyecto se estableció, además, que la calificación administrativa de víctima que establezca el Ejecutivo no tendrá ningún efecto en la determinación de las responsabilidades que deriven de los hechos. Y agregó que éstas deben ser establecidas por los tribunales competentes conforme a lo dispuesto en la ley.
La nueva norma establecerá un fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado. Para esto, la afectada deberá presentar al empleador la denuncia interpuesta ante las policías o el Ministerio Público.
Junto a esto, se agregó que la víctima podrá solicitar la adecuación temporal de sus prestaciones laborales durante el plazo que dure el fuero. Esto, con el fin de permitir su debida reparación y protección.
La norma, asimismo, establece la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales a quienes comentan este delito. Paralelamente, establece que quienes sean reconocidos como víctimas de un femicidio, accederán prioritariamente a beneficios y programas estatales, con el objeto de garantizarles un adecuado nivel de vida.
Sobre la aprobación de la normativa, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, indicó que “el apoyo a las víctimas, con medidas como la transferencia monetaria directa a niños y niñas que pierden a su madre a consecuencia de un femicidio, se convierte en clave para recomponer el tejido social afectado por estos crímenes, especialmente con las y los menores afectados”.
En el mismo contexto, añadió que “necesario que se establezca la creación y fortalecimiento de las acciones necesarias para la atención, protección y reparación integral de las víctimas de femicidios y suicidios femicidas, incluyendo en esas medidas a las víctimas colaterales de dichos delitos”.