Jefes comunales insistieron en la necesidad que el Presidente Boric y titular de Interior visiten la zona. Mientras, Corma acusó inacción del gobierno en casos de robo de madera.
Los cambios al Estado de Excepción en la Macrozona Sur realizados la semana pasada por el Gobierno han sido evaluados con buenos ojos, pero tardíos, por quienes deben votar la medida en el Parlamento.
Pero, ¿qué opinan quienes ven en el terreno su ejecución y la forma en cómo se desarrolla el despliegue de las fuerzas?
La alcaldesa de Curanilahue y vicepresidenta de Arauco 7, Alejandra Burgos, comentó que “ya hemos notado un cambio, ya que la Armada está haciendo rondas preventivas y está en espacios donde no estaban antes. Hubo una comunicación entre la Armada y las autoridades locales para informar de este despliegue, cosa que no había ocurrido, nunca se nos había informado rondas u otras actividades, cosa que agradecemos, ya que podemos transmitir esta seguridad a los vecinos”.
Su par de Los Álamos, Pablo Vegas, consideró que la seguridad es el aspecto clave para lograr avances en la zona. “La finalidad siempre debió haber sido resguardar la vida, y no los vienes materiales. Es un cambio que llega tarde, teniendo en cuenta lo que pasó con la familia Grollmus y tantos otros hechos por esta violencia rural. Hay que poner por encima la vida de las personas. No vamos a crecer si no hay más seguridad, no vamos a construir más casas si no hay seguridad”.
Ambos jefes comunales coincidieron que es prioritaria una visita del Presidente Gabriel Boric y de la ministra Carolina Tohá a la Provincia de Arauco.
Uno de los delitos en donde el gobierno ha puesto su foco en la Macrozona Sur es el robo de madera, ya sea potenciando las capacidades de las policías o articulando el trabajo de los fiscales.
Pero desde la Corma, cuestionaron que el Ejecutivo solo se ha hecho parte de 20 causas, de las más de dos mil investigaciones que existen por este ilícito. “Hay más de dos mil casos en sede judicial y sólo en 20 de ellos hay participación del Ejecutivo. Ante la gravedad de los hechos, creemos que se debe hacer parte para que aporten más antecedentes. En el 54% de estas dos mil causas hay un imputado conocido”, sostuvo el presidente de la entidad, Juan José Ugarte.
Desde el gobierno, la delegada presidencial Daniela Dresdner respondió que “nuestro rol no es la de un ente persecutor. Nos querellamos cuando consideramos que somos un aporte, y así lo hemos hecho con mucha responsabilidad. No sacamos nada con presentar querellas que no avanzan y no generan ningún efecto, acá se ha avanzando en las investigaciones y persecuciones, hubo momentos donde no hubo avances y nos estamos haciendo cargo, tomando detenidos y avanzando en las investigaciones”.
Desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente general de la entidad, René Muñoz, apuntó a que “demuestra que los distintos gobiernos se han dejado estar y no nos asombra ni nos llama la atención. Esto es una inacción del gobierno y de los anteriores, y acá los resultados no están ni siquiera en los atentados contra los contratistas forestales, hay un mal trabajo investigativo y se los hemos dicho”.
El diputado y presidente de la comisión contra el robo de madera, Eric Aedo, consideró que “nuestra comisión está haciendo la pega, queremos atacar este delito que ha generado cosas lamentables en la Macrozona Sur, con penas de cárcel para quienes la porten y la comercializan”.
En ese mismo sentido, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, indicó que “se están enfrentado a tratar de revertir los errores que han cometido, hay incertidumbre en ciertas situaciones y esperamos que el gobierno recapacite. Estamos teniendo reuniones constantes y hemos solicitado al gobierno que se manifieste en esta materia”.