“Esta propuesta va dirigida a acortar la brecha en el acceso entre las personas que habitan el territorio nacional”.
Mercedes Carrasco Portiño
Académica Dpto. de Obstetricia y Puericultura
Facultad de Medicina UdeC
La Constitución vigente (art.19), explicita que el “Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. El único derecho explícito es el derecho que tiene cada persona a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, es decir, entre FONASA (público), e ISAPRE (privado).
En relación a la ISAPRE, su diseño establece que la prima del seguro de salud es de carácter individual y en consecuencia diferenciada con respecto al riesgo de cada persona.
Además, sus planes de salud tienen precios distintos según sexo y edad de la población cotizante y beneficiaria. Por tanto, el derecho a elegir el sistema de salud privado depende de los riesgos, el sexo y la edad de las personas y de la capacidad financiera que tengan para costear dichos planes.
Por tanto, el acceso no es libre e igualitario. Esto queda respaldado por el informe del MINSAL del año 2021 donde se detalla la renta promedio de quienes integran FONASA e ISAPRE. Los hombres tenían una renta promedio de 625.819 pesos en FONASA y 1.466.395 pesos en ISAPRE, y las mujeres de 556.677 pesos en FONASA y 1.409.838 pesos en ISAPRE.
Por tanto, el acceso depende de los ingresos económicos. Claramente esta separación entre el actual sistema público y privado es la base de las inequidades que existen en el acceso a la salud de la población.
En la propuesta constitucional se destaca la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, y que podrá estar compuesto por prestadores públicos y privados, y la atención primaria será la base de este sistema.
Por tanto, esta propuesta va dirigida a acortar la brecha en el acceso entre las personas que habitan el territorio nacional.