Política

Constituyen nuevas comisiones investigadoras en la Cámara

Las instancias fiscalizadoras deberán investigar hechos relacionados con el cumplimiento de las funciones de resguardo de la seguridad y el orden público, el eventual sobreprecio que la empresa Metrogas cobra a sus clientes y beneficios intrapenitenciarios.

Por: Ángel Rogel 24 de Julio 2022
Fotografía: Contexto

Reunir antecedentes relativos a los actos del gobierno relacionados con el cumplimiento de las funciones de resguardo de la seguridad y el orden público interior es el objetivo de una de las tres comisiones de investigadoras creadas recientemente en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La citada instancia será presidida por la diputada del Distrito 21, Joanna Pérez (DC). Se determinó, además, que se invitará a la ministra del Interior, Izkia Siches, y al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, en las primeras audiencias.

El objetivo del grupo parlamentario es revisar la política de persecución y el uso de herramientas que la Constitución y las leyes entregan al Gobierno para el combate de la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.

Entre sus propósitos, se revisará el actuar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Igualmente, de las delegaciones presidenciales regionales y provinciales.

Junto con ella, se acordó la creación de otras dos comisiones. Una en torno al sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes.

En este caso se buscará analizar las gestiones y medidas adoptadas por Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dentro del ámbito de sus competencias. Ello, con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población.

Una tercera instancia investigadora se encargará de recabar antecedentes sobre eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas relacionadas con beneficios intrapenitenciarios y la participación que en ello le pudiere caber al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Todas las comisiones tendrán un plazo de 90 días para evacuar su informe. Para el cumplimiento de su cometido, podrán constituirse en cualquier parte del país.

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