Se trata de una de las modificaciones más anheladas y trabajadas durante este último año, que incorpora atribuciones y formas de trabajo que otorgan mayor autonomía a las 16 regiones del país.
Una de las principales críticas , incluso antes que se instalara la Convención Constitucional, apuntaba a que Chile es un país centralizado. Lo anterior, se ve reflejado, por ejemplo, en que la toma de decisiones se concentra en sólo dos ciudades: Santiago y Valparaíso. El poder político, de hecho, se ejerce en esas dos ciudades.
Por ello, uno de los objetivos de esta propuesta de carta fundamental es entregar nuevas atribuciones a las regiones. Quien fue la coordinadora de esta comisión, Jennifer Mella, explicó que “logramos una descentralización a nivel regional, de gobiernos locales y financiera, que viene a consagrar en forma constitucional que Chile debe superar la inequidad”.
Mella valoró que el trabajo realizado por la instancia recogió las voces de las comunidades de Arica a Punta Arenas, incluso en la visita que realizó la comisión de Formas de Estado al Biobío, estuvieron tanto en Los Ángeles, como en la zona de Alto Biobío, además en comunas de la Región de Ñuble.
Tammy Pustilnick también integró esta comisión y aseveró que “se propone una nueva forma jurídica que es el Estado Regional, que reconoce la autonomía de las distintas entidades territoriales y se les otorga mayores competencias para que puedan resolver de forma autónoma las materias que son propias de su conocimiento y ámbito territorial”.
Un defensor de la descentralización ha sido Andrés Cruz, quien ha valoró los avances alcanzados. “La propuesta de Estado Regional responde a una evolución que debe tener un Estado verdaderamente descentralizado, empodera a las regiones desde un punto de vista efectivo y nos pone a la vanguardia en Latinoamérica”, aseguró.
Pero este debate, que incluye a las regiones, también estuvo presente en el Sistema Político, ya que se reformó al Consejo Regional (Core), que se pasará a llamar Asamblea Regional, además del cambio del Senado a la Cámara de las Regiones cuyas atribuciones también fueron modificadas.
El ex coordinador de la Comisión de Sistema Político, Ricardo Montero, contó que “se trata de una estructura con bicameralismo asimétrico, de dos cámaras con funciones distintas; una será la Cámara de Diputados, de representación poblacional, mientras que la Cámara de las Regiones representará en igualdad de condiciones a las regiones y conversará en igualdad de condiciones con este estado regional”.
Mientras que la ex coordinadora de Formas de Estado, Jennifer Mella, reconoció que “empujamos a que el sistema político fuese discutido desde todas las regiones y no sólo desde Santiago. La Cámara de las Regiones por fin representará a las regiones y eso es un avance, al igual que vivir antes de la elección y avecindarse en el territorio, que lo exige el mandato y dar cuenta pública a la Asamblea Regional lo relevan las regiones que son postergadas”.
Un poco más crítico en este ámbito fue el ex convencional Andrés Cruz, ya que “responden a perspectivas distintas, ya que la Cámara de las Regiones pasa a ser un sustituto del Senado, con atribuciones que son distintas en este bicameralismo asimétrico fuerte. A lo que se suman la Asamblea Regional que tendrá una perspectiva de representación colegiada en el territorio. Habrá una convivencia entre ellas y ante cualquier conflicto entre ellas hay un árbitro empoderado que es la Corte Constitucional”.
Amaya Alvez participó en el debate de Formas de Estado, y puntualizó que “muchas de estas instituciones aún deben ser creadas al año 2026, lo que habla de una implementación gradual. El texto constitucional habla de la idea de devolver poder a los territorios, lo que es una propuesta correcta ya que estamos descentralizando el poder del gobierno”.