Luego de una sesión que se extendió por 37 minutos, la comisión mixta que analizaba el “Proyecto que regula el Estado de Alerta para prevenir daños a la Infraestructura Crítica”, aprobó la iniciativa con el apoyo de siete de sus representantes, y una abstención, la del diputado de Valparaíso, Jorge Brito (RD).
La iniciativa tiene una larga historia y se remonta a la administración del presidente, Sebastián Piñera, durante el Estallido Social de octubre de 2019. De hecho, en la instancia se recordó la quema a estaciones de El Metro, en Santiago, y el atentado que sufrió un Centro de Atención Dental en la Región de Coquimbo.
Fue ese el proyecto que ingresó al Congreso y que tras una serie de modificaciones y desacuerdos entre ambas cámaras, terminó en la comisión mixta que ayer concluyó su trabajo.
No obstante, es importante precisar que la iniciativa volvió a retomar visibilidad en medio de las movilizaciones de los trabajadores forestales de hace unos meses, en particular, por su demanda de mayor seguridad en los caminos que son parte de la denominada Macrozona Sur.
Pese a lo anterior, fueron varios los representantes de la comisión, entre ellos los senadores de La Araucanía, Jaime Quintana (PPD) y Carmen Aravena (Indep.), los que recalcaron que el proyecto, que tiene que volver a cada una de las cámaras para su despacho definitivo, no apunta específicamente a las regiones del Biobío y La Araucanía , sino que a todo el país.
Pese a ello, el diputado del Distrito 20, Eric Aedo (DC), único representante de la Región que integró la instancia, valoró la iniciativa justamente basando su voto de aprobación “en el narcoterrorismo, el robo de madera y el crimen organizado” que afecta a la provincia de Arauco.
Al igual que sus colegas que votaron afirmativamente la iniciativa, Aedo dijo que con ella el Presidente Gabriel Boric tendrá una herramienta más en materia de seguridad y recordó los 6 mil camiones que anualmente transportan madera robada por los caminos de la Región, y citando al gobernador, Rodrigo Díaz, dijo que se trata de un negocio que genera cerca $100 millones dólares en ganancias.
La única abstención fue el diputado Brito, quien si bien valoró el alcance del debate, enfatizó que deben ser las policías las que se hagan cargo de la protección de lo que se entiende como infraestructura crítica, puesto que “los militares están entrenados para enfrentarse con otros militares”.