No contar con la nueva institucionalidad que se hace cargo de los adolescentes infractores de ley permite que menores que delinquen se mezclen con aquellos que no lo hacen. El proyecto de ley que crea el nuevo organismo se discute en comisión mixta.
Por Pablo Carrasco Pérez
Fue uno de los temas abordados por el Presidente, Gabriel Boric, en su primera Cuenta Pública a la nación y también uno de los compromisos adquiridos en ella, porque para el Gobierno poder lograr el fin del Servicio Nacional de Menores (Sename) es una prioridad desde la campaña.
Pero el problema es que el proyecto de ley que le dará vida al nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y que se hará cargo de los adolescentes que cometan delitos, se encuentra en comisión mixta en el Congreso, y pese a las buenas intenciones, el análisis para acordar un texto que deje conforme a senadores y diputados oficialistas como de oposición y al propio Gobierno ha sido lento. Lo anterior, abre espacio para que menores de edad infractores de ley terminen mezclados con quienes no han delinquido y que están en manos del Estado para ser protegidos, generándose un riesgo evidente para ellos y para el propio personal que no cuentan con la capacidad ni los elementos necesarios para enfrentar estas situaciones.
Consciente de esta realidad la ministra de Justicia, Marcela Ríos, confía en que con la entrada en vigencia del nuevo servicio estas situaciones podrán evitarse, entregando un ejemplo.
“En una ciudad pequeña los infractores de ley son muy poquitos, entonces, si tú no tienes un centro y no tienes donde llevarlo, a veces el juez puede tomar una decisión de mandarlo a un lugar que no es, porque en esa ciudad no hay un centro del Sename. Eso esperamos que va a terminar, porque con el nuevo servicio, vamos a poder crear centros pequeños con atención especializada”, sostuvo la secretaria de Estado.
Pero para que estos cambios se materialicen se requiere que el trabajo en el Congreso avance y la propia ministra -que participa en las reuniones de la comisión mixta que se realizan en el ex Congreso Nacional en Santiago- confía en que en las próximas semanas ese trabajo terminará y el proyecto concensuado podrá volver a la sala de ambas cámara para poder ser votado y transformarse en ley.
“Hemos aprobado como un tercio del proyecto en su total, nos faltan dos tercios, pero se le está dedicando toda la mañana de los lunes a discusión. Toda la semana que hay congreso, y nosotros esperamos que máximo a fines de julio, el proyecto debería estar listo, y esperamos que por lo tanto, a fines del primer semestre ya vamos a tener un proyecto y vamos a poder promulgar esta ley”, explicó la autoridad.
Hay que recordar que la primera parte del cambio en la institucionalidad que debe velar por la infancia y la adolescencia en el país, ya se realizó. Hoy el Servicio de Mejor Niñez está en funcionamiento, con dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Atiende a los menores de edad que requieren de la protección del Estado porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellos.
Por eso es tan importante que la segunda área, destinada a ofrecer una respuesta a los adolescentes que delinquen y que se ubican ente los 14 y 18 años -es decir en el marco de la ley de Responsabilidad Penal Adolecente (RPA)- pueda contar con una nueva institucionalidad, la que eso sí, comenzará su puesta en marcha de manera gradual.
“La ley contempla la creación de este nuevo Servicio, con más recurso, distintas facultades, pero también plantea una implementación escalonada. No va a ser como Transantiago y todo al mismo tiempo. Vamos a empezar por el norte, como tres o cuatro regiones. Después de eso se viene hasta el sur y todo el sur, y después termina en la zona central, donde tenemos la mayor concentración de niños privados de libertad, entre Valparaíso y Santiago”, apuntó la titular de Justicia, que sabe de las aprensiones que existen por la demora y por lo que significará también para los trabajadores del actual Sename.
“Tenemos que hacer el proceso de traspaso de los funcionarios. Ahí hay mucha preocupación de los distintas trabajadores del Sename. Tenemos una mesa de trabajo con ellos para poder acoger sus propuestas e inquietudes y poder hacer esto lo más tranquilo posible, pero siempre pensando en que necesitamos dejar atrás los problemas del Sename. Tenemos problemas de distinto orden que con la estructura actual y el mandato actual no somos capaces de resolver”, reconoce Ríos.
Sobre la necesidad de contar prontamente con un nuevo servicio que reemplace al actual Sename, existe coincidencia a nivel regional y la seremi de Justicia del Biobío, Claudia Soto, indicó que es necesario tener nuevas herramientas para poder realizar intervenciones a los adolescentes que deliquen, acordes con su nivel de compromiso delictual.
“Hasta ahora está sucediendo eso que me comenta, donde un niño infractor de ley que comete un delito menos grave, se junta con otro que está por uno más grave y en el fondo ahí lo que tú haces es casi educar en la delincuencia, es lo mismo que pasa en las cárceles. Entonces, lo que se busca es separar. Yo no quiero decir dividir o categorizar, porque yo en ese sentido soy muy pro infancia, por lo tanto, siempre pienso que los niños pueden ser reformados, pero para reformar es necesario primero separar, porque sino es imposible que tú tomes o tú mejores a un niño que cometió un delito más grave de otro que no, no los pueden medir con la misma vara porque necesitan atenciones especializadas distintas”, planteó la seremi.
Preocupado del tema, el diputado Eric Aedo (DC) informó que este lunes tiene agendado reunirse con el presidente de la comisión mixta, el senador Matías Walker (DC), ocasión que aprovechará para transmitirle la necesidad de poder agilizar el tramite legislativo, considerando la intranquilidad que existe entre los trabajadores del Sename y la posibilidad cierta que aún existan menores de edad con alto compromiso delictual, que terminen junto a adolescentes que no delinquen.
“Creo que es una tremenda oportunidad para plantearle al presidente de esa comisión mixta que este proceso tiene que acelerarse porque está generando esa incertidumbre o que no esté en aplicación esta ley genera problemas importantes. Va a salir de la comisión mixta y después se tiene que ir a votación a las dos cámaras. Entonces, mientras más se demore, obviamente, el proceso va a ser aún más largo”, cerró Aedo.