La entidad indicó que hay un trabajo articulado con Conaf y Corma. En tanto, hoy serán formalizados los dos funcionarios de la Armada por el homicidio de Yordan Llempi.
El robo de madera y cómo se trabaja en la detección de carga ilícita continúa en la palestra. La denuncia del gobernador Rodrigo Díaz sobre la escasa fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), que también habría dejado de perseguir la ruta del dinero que se encuentra detrás de este ilícito, sigue generando repercusiones.
Esta vez fue desde el propio ente fiscalizador quien desmintió los dichos de Díaz. Mediante una declaración pública, la entidad que dirige Hernán Frigolett sostuvo que “el Servicio ha presentado a la fecha 16 querellas por delitos tributarios vinculados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico superior a los $5.600 millones. De hecho, la última querella fue presentada el 30 de marzo recién pasado en el Juzgado de Garantía de Cañete, cuyo estado actual corresponde a una investigación desformalizada a cargo de la Fiscalía Regional del Biobío”.
Agrega el escrito que el “Servicio participa en distintas instancias de coordinación a nivel regional con autoridades locales, policiales y representantes de otras entidades públicas, destinadas a impulsar acciones que permitan monitorear la trazabilidad del comercio de la madera”. Además del traspaso de información con Conaf y Corma.
El gobernador Díaz dijo tener certeza del desmantelamiento del equipo fiscalizador y que “hay una declaración del jefe de la fuerza pidiendo un equipo del SII, y yo me hago una pregunta sobre los resultados del trabajo realizado. Me hago cargo del trabajo realizado como intendente y ahí hubo resultados”.
La delegada presidencial, Daniela Dresdner, comentó que “se ha hablado de la ruta del dinero y eso es un delito. A quien le corresponde investigar es a la Fiscalía y a nosotros nos corresponde poder asegurar las coordinaciones entre todas las entidades que participan en la persecución de este delito”.
A raíz de lo anterior, el diputado Eric Aedo (DC) pidió al SII información sobre las fiscalizaciones al transporte de madera. “Son más de 6 mil camiones que mueven al año más de 100 millones de dólares, que circulan con guías falsas por los peajes de las carreteras, por los puntos de control y nadie se percata”, aseveró.
En tanto, diversas reacciones generó a nivel político la detención de dos infantes de marina involucrados en la muerte de Yordan Llempi, ocurrida en una reyerta el pasado 3 de abril, en las cercanías del cruce Colo Colo, en la ruta que une a Cañete con Tirúa.
Si bien la orden de detención fue emitida por el Juzgado de Garantía de Cañete, alrededor de las 16 horas del lunes, recién se concretó a las 14 horas de ayer, ya que la Armada habría impedido el ingreso de los funcionarios de la PDI hasta la Base Naval de Talcahuano.
La jefa del Indh en el Biobío, Carolina Chang, comentó “la investigación que ha realizado el Ministerio Público tiene antecedentes contundentes que permiten acreditar la participación de los imputados y la necesidad de cautela en el homicidio de una persona”.
La delegada presidencial valoró la detención. “Estamos viendo el funcionamiento de las instituciones de forma seria y responsable, cumpliendo el rol que deben tener. Respetamos el rol que ellas tienen, todas las instituciones respetan el estado de derecho que es lo que debe ocurrir”, respondió Dresdner.
En el Congreso hubo visiones dispares. La diputada María Candelaria Acevedo (PC) tildó el hecho de una gravedad mayúscula. “Esta acción de entorpecimiento a la justicia solo nos remonta a los días más grises por los que ha pasado nuestro país y da para cuestionar la continuidad del estado de excepción”, sostuvo.
Su par Sergio Bobadilla (UDI) pidió la misma diligencia en casos de violencia rural. “Llama la atención la diligencia de la Fiscalía en este caso y espero verla en los casos de violencia que ocurren en La Araucanía y Arauco”, sostuvo.