En la semana que se votó una vez la prórroga de la “excepcionalidad” los hechos de violencia se repitieron, al igual que las críticas. Y la coordinación de la Macrozona sigue sin un encargado titular.
“Para enfrentar el conflicto, primero hay que escuchar y cumplir de una vez por todas con los compromisos que hay con los pueblos originarios. Se firmó un tremendo acuerdo con el pueblo mapuche en el Cerro Ñielol (en Temuco). Ahí estuvieron el Presidente Sebastián Piñera, los obispos y los lonkos… Y no se ha cumplido nada”.
La frase que abre este artículo, contrario a lo que se pudiera pensar, no corresponde a un personero contrario a la actual administración de gobierno, de oposición. Se trata del ex diputado y otrora ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN).
En su reciente paso por Concepción, quien fuera presidente de RN, se refirió no solo a la situación de violencia en la denominada Macrozona Sur, sino también a la reivindicación de los pueblos originarios, un tema que no ha sido abordado.
En ese sentido, Desbordes fue crítico sobre las políticas que se han llevado adelante, pues se ha colocado el foco solo en un punto, el policial. “Se trata de tema que, además, tiene componentes económicos, de tierras, sociales, políticos y culturales”, comentó.
Y es que, en medio de una semana donde el Congreso una vez más aprobó una prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que afecta a las provincia de Arauco y Biobío (además de la Región de La Araucanía), los hechos de violencia no se detuvieron.
Sin ir más lejos, la madrugada del viernes, uno nuevo incidente se produjo en el predio forestal Colgue-Yeneco, en Lebu. Ahí tres trabajadores fueron golpeados luego que un grupo de desconocidos quemaran máquinas forestales y vehículos.
El alcalde de la comuna, Cristián Peña, ya había manifestado su inquietud por la situación que afecta al territorio al sur del Biobío. “En la provincia de Arauco la gente vive en el terror (…). El gobierno fracaso en su fondo y además en su forma”, dijo en su oportunidad el jefe comunal.
Entonces, cabe preguntarse, hasta cuándo se seguirá solicitando extensiones del Estado de Excepción y si la medida ha tenido algún tipo de resultado.Lo anterior, en medio de otro tipo de situaciones, como la reciente renuncia del coordinador de la Macrozona Sur del Biobío, Roberto Coloma, y la eventualidad que, a tres meses del término del actual gobierno, alguien asuma esa responsabilidad.
Respecto a lo último, fuentes de la delegación presidencial del Biobío, dijeron que podrían existir novedades este lunes.
Las otras interrogantes siguen sin tener una respuesta clara. En su oportunidad, por ejemplo, el delegado Patricio Kuhn se limitó a decir que, tal como lo dice su nombre, el estado es una “excepción” y es de “emergencia”. También dijo que la medida debía ir de la mano con avances en las investigaciones del Ministerio Público.
Consultado al respecto, el consejero regional de la UDI ,Cristián Gengnagel, dijo que “la ventaja o desventaja, como se quiera llamar, del Estado de Excepción Constitucional está en la tranquilidad que ha entregado a los vecinos, pero no puede ser eterno”.
En su reciente paso por Concepción, la ex subsecretario de Prevención del Delito,Katherine Martorell , quien fue parte de la actual administración, comentó que el Estado de Excepción “se hace en conjunto con las policías y el Ministerio Público en la búsqueda de detener el crimen organizado”.
Lo anterior, dijo debe ser uno de los objetivos. “Mientras no se desarticulen esas bandas no vamos a poder avanzar en paz”, agregó.
No obstante, no todo es violencia, y a ello parecen apuntar, no solo las críticas de Desbordes al inicio de esta artículo, sino también algunos de los dichos vertidos por el gobernador regional, Rodrigo Díaz, durante la semana que ya termina.
“Yo he mantenido una posición al respecto. ¿Necesitamos materia de seguridad en la provincia de Arauco y algunas comunas de Biobío? Sí. ¿Es suficiente tener eso y realizar votaciones cada 15 días? No. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo atentados y mantenemos problemas no resueltos”, sostuvo, un día antes que se aprobara la nueva prórroga.
El consejero regional del PC, Leonidas Peña, es más gráfico. “Ningún gobierno ha querido tomar el toro por las astas”, sostuvo.
El representante de la provincia de Arauco y ex concejal de Curanilahue, comentó que cualquier tipo de plan o solución debe “contemplar un acercamiento a la gente de Arauco y a las comunidades”. En ese sentido, el trabajo, aseguró, no se ha realizado.
Como botón de muestra, dijo que no conoce ni ha Francisco Merino ni a Roberto Coloma, y “no digo que sea la salvación de este problema, pero si tú quieres acercamiento, y quieres trabajar el tema específico con claridad y seriedad, se debe partir por las personas, las comunidades”.
Su colega Gengnagel coincidió. “Como autoridades y representantes de la provincia de Arauco nunca hemos tenido la certeza de cual ha sido el trabajo y la función de los coordinadores de la Macrozona Sur”.
Y es que la poca claridad, parece ser la tónica en este tema. De un momento a otro se pasó de un plan, centrado el ministerio de Desarrollo Social, el Plan Araucanía, lanzado en 2018; a hablar casi exclusivamente de violencia, robo de madera y narcotráfico.
¿En medio? El comando Jungla, el caso Catrillanca, la salida de buena parte de la plana mayor de Carabineros (incluyendo el general Hermes Soto), la instalación del concepto Macrozona Sur, y la creación de una serie de cargos como encargados o delegados de seguridad del territorio (por ahí pasaron Francisco Merino, Cristián Barra y Pablo Urquízar).
“El tema se ha dejado de lado por la pandemia, me ha explicado el Presidente. Se cortaron presupuesto y se dejaron de gastar $15 mil millones en compra de tierras, solo porque esa plata se traspasó a Salud. Yo creo que hay cosas que no se debieron haber recortado. Eso hay que retomarlo urgente”, comentó Desbordes.
Quien fuera ministro de Defensa aportó otro dato. En su opinión, la violencia debe ser enfrentada por las policías y no por las Fuerzas Armadas, pero para ello se necesita que las primeras cuenten con equipamiento adecuado, sostuvo. “Hay 50 millones de dólares cedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo para este tipo de inversión que no se han gastado”, aseguró.
El lunes 24 de septiembre de 2018, el Presidente, Sebastián Piñera, dio un discurso de 43 minutos ante cerca de 200 invitados en el Cerro Ñielol, en Temuco, donde oficializó uno de sus compromisos de campaña, el Plan Araucanía.
Ante la presencia de representantes de los pueblos originarios, empresarios, agricultores, parlamentarios oficialistas y de oposición, el Jefe de Estado anunció cambios a nivel político y económico: una reforma constitucional para reconocer a los pueblos originarios, ley de cuotas de participación parlamentaria, instancias de diálogo y, entre otras medidas, el denominado Plan Impulso, que inyectaría US$ 8 mil millones entre 2018 y 2026 para fortalecer el área productiva de la zona.
No obstante, no debió pasar mucho tiempo para que el tema poco a poco desapareciera. Cerca de dos meses después del anuncio, en la comuna de Ercilla, el comunero Camilo Catrillanca muere en medio de un operativo de Carabineros. El caso, por cierto, terminó con condenas de homicidios para agentes del Estado.
Fue la primera crisis de la actual administración y el cambio de timón a una temática que aún sigue ahí.