A una de semana de resultar electos entregan un primer apronte de su trabajo.
Los siete representantes que fueron electos en el Distrito 20, cuatro mujeres y tres hombres, se refirieron a los temas que deberían ser parte de la discusión para una nueva carta magna. Cinco profesionales del derecho y dos representantes de la educación coincidieron en que los temas ligados a la libertad, igualdad y dignidad del ser humano, no son transables. Sobre los plazos, hay opiniones variadas, pero hay coincidencia en que se debe realizar el esfuerzo de cumplir con el itinerario trazado.
La abogada electa en el pacto Vamos por Chile, Rocío Cantuarias, dijo que temas cedibles son aquellos relacionados al Tribunal Constitucional, la autonomía del Banco Central o la integración del Poder Judicial. También dijo que prefiere el “funcionamiento del Poder Legislativo, bicameral”, pero, “la definición de sus atribuciones tan inconstitucionalmente sobrepasadas en este último tiempo son una materia que debe estudiarse en profundidad”.
No cedible es la libertad “que tiene que ser consagrada de forma inequívoca, rotunda y solemne y que espero adicionalmente, cuente con un respaldo transversal tan amplio que nadie, a pretexto o circunstancia excepcional alguna, pueda hacer lecturas particulares, sesgadas o reduccionistas”.
Se mostró disponible a conversar con todos los actores de la Convención Constitucional y aseveró que no habrá dos bloques.
“Para ejemplificar, yo misma, electa constituyente en lista Vamos por Chile, en cupo cedido amablemente por Evópoli que mucho agradezco, no me siento ni tengo contemplado actuar como representante del oficialismo ni de nadie que no sea un resuelto partidario de la libertad”, comentó.
En relación a los plazos, manifestó sus dudas a que pueda estar resuelto en los nueve meses.
Para Rossana Vidal, enfermera y abogada electa en el pacto “La lista del Pueblo”, los temas que deben estar presentes en la Convención Constitucional son la dignidad humana “por sobre todas las cosas”, así como el derecho que todo ciudadano y ciudadana deber tener a la educación y a la salud.
Al ser consultada sobre posibles temas vetados, la profesional prefirió no ahondar en ello, pues explicó que “mi postura y posición ya ha sido manifestada previo a las elecciones, mis opiniones son personales y se construirían una vez que tome contacto con quienes tenemos que llevar adelante esta tarea”.
Posición similar tuvo cuando se le consultó sobre posibles conversaciones con quienes son contrarios a sus ideas. “Creo en la relación de persona a persona y no estoy aún disponible, antes de conocer a quienes tenemos esta responsabilidad, de responder preguntas que en algunos casos se prestan para malos entendidos. Cada cosa a su tiempo”, comentó la abogada.
El abogado y académico de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, dijo que los temas cedibles en el debate constitucional son los “relacionados con derechos a la propiedad o de carácter meramente material” y, al contrario, los no cedibles son aquellos “derechos sociales relacionados con la igualdad, la libertad y la dignidad de los seres humanos, vinculados con todo esfuerzo contra toda clase de discriminación, pasando a ser un Estado social y democrático de derechos, sustituyendo el Estado unitario por uno de carácter regional, con una clara orientación hacia la protección del medio ambiente”.
Cruz se mostró dispuesto a conversar “con todas y todos, no sólo con los convencionales electos, por cuanto en este proceso debemos participar de manera colectiva. Se debe tratar de un esfuerzo inclusivo, abriendo de par en par las puertas al diálogo de todos los sectores”.
El abogado estima que este proceso se podría extender por 12 meses, aunque intentará hacer el esfuerzo para que sea en un plazo menor.
Bastián Labbé Salazar
Bastián Labbe aseguró que “no es responsable plantear temas cedibles a priori, es un modelo fracasado. Apostamos por un proceso participativo, que sea capaz de desbordar la Convención Constitucional y actuar como asamblea, con un soberano popular”.
Eso sí, enfatizó en aquellos temas que no son transables, como “los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental, los derechos sociales, la participación ciudadana y descentralización y un modelo de desarrollo”.
Sobre posibles conversaciones con otros sectores, indicó que “no habrá una mayor oposición a las demandas sociales y ambientales, hay un importante consenso para un cambio de paradigma. La tarea como independientes es aportar a la profundización de la democracia a favor del pueblo de Chile”.
Sobre plazos, dijo pero hay un itinerario que cumplir, pero “lo relevante es que desarrollemos un proceso participativo y transparente, una construcción colectiva de las grandes mayorías, creemos que este aspecto asegura un alto porcentaje de aprobación en el plebiscito de salida”.
Aclarando que tiene “una disposición abierta al diálogo”, Luciano Silva, comentó que podría llegar a ceder en algunos temas relacionados “descentralización, pensiones, salud, educación y de recuperación de las aguas como un bien de uso público”.
En su calidad de “pastor evangélico”, dijo no estar “dispuesto a relativizar los derechos humanos, la libertad de conciencia, la importancia de la familia con el derecho de los padres a educar a sus propios hijos. Defenderé especialmente la libertad de culto y el derecho a la vida del que está por nacer. Estos temas son claves para el sector con mayor arraigo popular de Chile: la iglesia evangélica”.
Dijo que no se cierra a conversar con otras posturas y sobre plazos, apuntó a que “es una tarea que se volverá imposible si nos desenfocamos de las necesidades urgentes de la población y nos entrampamos en novedades culturales e ideológicas que no le interesan a la mayoría de los chilenos”.
La abogada Amaya Alvez comentó que “ocuparé el cargo de convencional constituyente por medio de un mandato popular de los ciudadanos del Distrito 20. Su votación supone el apoyo a las siete bases programáticas, entre las que encontramos la necesidad de asegurar una vida digna mediante derechos sociales y ambientales; una perspectiva de género; la descentralización política; la participación ciudadana incidente; recuperar las aguas y la naturaleza del mercado; y promover un estado plurinacional”.
Agregó que el “desafío constituyente es un desafío de diálogo, participación e inclusión”. Dijo que invitación al diálogo al interior de la instancia, supone “la construcción de bases mirando las demandas ciudadanas por redistribución del poder, equidad social, de género y efectiva integración territorial”.
Consultada al respecto, comentó que espera que “los objetivos y metas de construcción de la nueva constitución se logren en el plazo dado al efecto”.
La abogada especializada en Derechos Humanos, Tammy Pustilnick, dijo que esta es una oportunidad histórica “de plasmar demandas de años y necesarias para disminuir brechas y desigualdades en nuestro país, y hacerlo promoviendo la participación activa de la ciudadanía”.
“Creo que la principal transformación que Chile necesita, es avanzar hacia la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, que permita la superación del actual modelo de Estado subsidiario y el desarrollo armónico de las personas y su entorno, garantizando el goce efectivo de derechos básicos. El Estado debe asumir un rol más activo en la garantía, regulación y provisión de los derechos sociales”, dijo.
Agregó que la carta magna deber tener una perspectiva de género avanzando a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, donde consagremos el Derecho a una vida libre de violencia, igualdad salarial, acceso sanitario, derechos sexuales y reproductivos (…). Sumamente importante avanzar hacia una descentralización efectiva reconociendo a las regiones como unidades políticas”.