Los comicios para definir al primer gobernador o gobernadora regional son parte de un proceso que se comenzó a consolidar con el retorno de la democracia, aunque aún debe sortear varios obstáculos.
La lucha que distintos personeros y organizaciones regionalistas han librado en torno a la descentralización se arrastra por años, incluso antes del término de la dictadura cívico militar.
No obstante, más allá del logro que impuso el gobierno del presidente Patricio Aylwin con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Administración y Gobiernos Regionales en marzo de 1993 (cuya ceremonia se realizó en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción), ha sido particular el avance que el tema ha tenido en las últimas administraciones. La inédita elección de gobernadores regionales que se realizará el próximo fin de semana, es parte de ella.
En efecto, el proceso en sí, partió con el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la promulgación de la ley que estableció la elección directa de los consejeros regionales (cores) que eran elegidos por los concejales electos. Cabe recordar, que la ceremonia de dicha ley se concretó en Concepción, en el Salón Mural del edificio del Gobierno Regional (Gore).
Luego, para la segunda administración de la citada Jefa de Estado, y con la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, se terminó de configurar un modelo que incluye la elección de los gobernadores, el traspaso de competencias (y la creación de tres divisiones, proceso ya en marcha) y una iniciativa de rentas regionales.
Esa es la importancia de la elección del próximo domingo. Significa el término de una forma de administración, pero también el inicio de una nueva etapa y la posibilidad cierta que desde las regiones se puedan llevar adelante iniciativas de forma autónoma.
Pero, claro, aún existen deudas.
Ad portas de la elección, la inminente instalación de las nuevas autoridades y la desaparición de la figura del intendente, hay temas pendientes, algunos domésticos y otros de carácter legislativo.
El primero se relaciona con el espacio que ocuparán las nuevas autoridades. Y es que, así ,como se elegirá un gobernador o gobernadora regional, la ley de fortalecimiento de las regiones también creó la figura del delegado presidencial, autoridad que se representará o velará por las políticas implementadas por el gobierno central.
Hasta hace poco era un hecho que el gobernador regional era el llamado a ocupar las dependencias del edificio del Gore. Todo cambió con la petición del ministerio del Interior para que sea el delegado presidencial quien ocupe las actuales dependencias de la Intendencia.
En la Región, el intendente Patricio Kuhn ya solicitó el traspaso del comodato del edificio, hoy en manos del Serviu, a Interior y al Gore. La idea es que el cuarto piso lo ocupe el delegado, su equipo y los tres primeros pisos las autoridades regionales.
El tema ha generado molestia en el Consejo Regional (Core) y en la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, considerando la falta de espacios, el simbolismo del edificio como parte de la descentralización y, además, la disponibilidad de una dependencia como la gobernación provincial de Concepción que en esta nueva estructura administrativa estará a disposición del delegado.
El tema, ha dicho el presidente del Core, Patricio Lara, no está zanjado, pues realizarán todos los esfuerzos necesarios para que el edificio de calle Prat quede, en su totalidad, en manos de las autoridades del Gore.
En lo estrictamente legislativo, siguen pendientes las aprobaciones de dos iniciativas que deberían estar listas para cuando asuman las nuevas autoridades el 14 de julio, pero, a juzgar por los tiempos de discusión en el Congreso, ello no ocurrirá.
Y, así, lo han hecho ver algunos parlamentarios, quienes han deslizado responsabilidad en el Ejecutivo, aunque tampoco se ha apurado el tranco en el Congreso. La iniciativa de descentralización financiera, la cual entregará posibilidad de mayores recursos a las regiones y la “ley corta” de descentralización que debiera resolver los actuales nudos que existen en la legislación vigente, son la gran deuda de los poderes Ejecutivo y Legislativo a una semana de la elección.
Son ocho los nombres que competirán con el objetivo de convertirse en el primer gobernador o gobernadora regional del Bío Bío: Tres mujeres y cinco hombres.
La mayoría son representantes políticos activos y con experiencia en cargos municipales, provinciales y regionales. Sin embargo, también hay rostros nuevos (a esta altura de la campaña, no tanto), que han sabido instalar sus propios discursos.
Desde el Core, surgen dos nombres, ambos ligados a la izquierda: Javier Sandoval y Tania Concha.
El primero, militante y fundador de Igualdad, y que en su calidad de integrante del cuerpo político ha puesto su mirada crítica en variadas iniciativas aprobadas, pero también ha sido un enconado defensor de las comunidades afectadas por proyectos poco afines al medioambiente.
La segunda, es una histórica militante comunista y también ha ejercido su rol opositor al interior del cuerpo político. Antes fue concejal de Coronel, en donde tiene un importante apoyo electoral, e históricamente se opuso a la instalación de empresas contaminantes.
A ellos se suman tres nombres que apuntan a dar la sorpresa: Gastón Flores, Ana Araneda y Pedro Neira. Flores es el candidato más joven y carta de Unión Patriótica, donde milita desde 2019. Y mientras Araneda fue una de las últimas cartas en oficializarse (“El país pide dejar atrás la vieja política, donde siempre ha estado los mismos o sus familias”, ha dicho), el doctor Pedro Neira se aventura con su segunda candidatura, tras ser carta a la alcaldía de Coronel (“Queremos cambiar todo, de cara a la gente y a espalda de los poderes”, comentó en su momento a Diario Concepción).
Cierran el listado, tras cartas que tienen en común el hecho de haber sido autoridades regionales. De hecho, Flor Weisse, militante de la UDI y carta de Chile Vamos, fue presidenta del Core hasta octubre año pasado, fecha en la que decidió dar un paso al costado, para dedicarse cien por ciento a su campaña.
En tanto, Rodrigo Díaz, exmilitante DC y actual candidato sin militancia, fue intendente del Biobío durante la última administración de la Presidenta Bachelet. Estuvo, cuatro años en el cargo, mismo periodo que la carta de la Unidad Constituyente (UC), Eric Aedo (DC), ejerció como seremi de Bienes Nacionales.