Política

Descentralización: las atribuciones y los recursos que aún están pendientes

En medio de la eventual instalación del delegado presidencial en el edificio del Gobierno Regional, también asoman las deudas pendientes para el fortalecimiento de las regiones.

Por: Ángel Rogel 18 de Abril 2021
Fotografía: Isidoro Valenzuela

La última semana ha estado marcada por la polémica en torno a la eventualidad que el futuro delegado presidencial ocupe el cuarto piso del edificio del Gobierno Regional (Gore). Claro, se trata de un espacio que, en principio estaba considerado para el gobernador que será electo por voto popular, por primera vez, en mayo próximo.

Los más críticos han sido quienes han impulsado el proceso de descentralización o de fortalecimiento de las regiones, que si bien ya está en curso, tendrá su hito particular con la asunción del gobernador o gobernadora regional electa el 14 de julio.

En ese contexto, el proceso no solo tiene que ver con el espacio físico donde la autoridad desarrollará sus actividades, sino también con nuevas atribuciones, recursos y con un nuevo modelo de administración regional (como se aprecia en el organigrama que acompaña esta nota).

Respecto a lo último, el tema partió hace más de un año y medio con la instalación de tres nuevas divisiones en el Gore: Fomento e industria; Desarrollo social y humano; e Infraestructura y Transporte. Junto con ellas, ya funcionaban antes de esta nueva etapa las divisiones de Administración y finanzas; de Inversión y presupuesto; y Planificación y desarrollo regional.

Sobre el particular, el jefe regional de Subsecretaría Regional de Desarrollo Regional (Subdere), Renato Paredes, confirmó que las divisiones ya están instaladas y recordó que en esta primera etapa, ante de que asuman los gobernadores, se han traspasado 15 competencias.

“Son atribuciones que tenían servicios o ministerios, que ahora recaerán en el gobernador. Las hay en Fosis, Sercotec, Corfo, y los ministerio de Transportes y de Vivienda. Todos estos servicios ya cuentan con identificación de competencias y la dictación de instrucción presidencial. Sin embargo, Biobío al igual que el resto de las regiones, se encuentra a la espera de la toma de razón de los decretos de traspaso de competencia por parte de la Contraloría General de la República”, sostuvo Paredes.

El representante de la Subdere en el Bío Bío, agregó que a “partir del nuevo periodo presidencial, se podrán transferir nuevas competencias para el gobernador a solicitud del Gore (durante los dos primeros años) o de oficio (durante todo el periodo)”.

Pero no todo es mil sobre hojuelas, pues aún están pendientes la aprobación de la denominada “ley corta”, iniciativa que vendría a entregar mayores atribuciones a los futuras autoridades regionales, luego de la aprobación de la ley de fortalecimiento de las regiones durante la segunda administración de la presidenta, Michelle Bachelet, y el proyecto sobre descentralización financiera, antes conocida como de Rentas Regionales.

“La ley corta fue aprobada en general el 6 de enero de 2021 y actualmente se desarrolla su discusión en particular en la comisión de Gobierno del Senado, donde nuestra subsecretaría tiene una activa participación. Los parlamentarios han expresado transversalmente la importancia de avanzar en este tema para que la norma esté vigente cuando los gobernadores asuman en julio. Confiamos en que la ley siga avanzando en el Congreso”, comentó Paredes.

Respecto a las iniciativa que debería entregar mayores recursos a las regiones, Paredes comentó que este “fue aprobada en general el pasado 23 de marzo en el Senado y ahora pasó a la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, donde existe plazo hasta el 23 de abril para presentar indicaciones. Sin embargo, a diferencia de la ley corta, esta norma está liderada por el Ministerio de Hacienda”.

Pero no todos confían en que las iniciativas salidas desde el Congreso vayan a contribuir al fortalecimiento de los territorios y, en ese sentido, deslizan responsabilidad a la administración de turno.

Nayadé Aguirre, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, recordó que el año pasado ingresó dos indicaciones a la ley corta que calificó de centralistas, pues en ella se entregan mayores atribuciones al delegado presidencial, en desmedro del gobernador regional.

“Allí se fortalece aún más el delegado presidencial, porque quienes están encargados de implementar la descentralización es Gobierno Interior”, manifestó la dirigenta nacional.

En opinión del diputado del Distrito 20, Félix González (PEV), también existe desinterés de la actual administración. De hecho, recordó una propuesta de rentas regionales que una bancada transversal de parlamentarios entregó en 2018 al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, de la cual nunca hubo respuesta.

“No vemos un interés desde La Moneda de entregar más atribuciones a los gobiernos regionales, Mucho menos liberar el presupuesto que significa que las regiones no tengan que suplicar fondos a la Subdere como lo hacen todos los años, sino que estén relacionados a una fórmula que le permita a cada gobierno regional tener autonomía”, dijo el parlamentario.

Agregó que en la actualidad las administraciones regionales tienen que “pedir permiso” al ministerio de Desarrollo Social, ante iniciativa de más de $70 millones. Ello, dijo, implica falta de autonomía.

En la propuesta mencionada antes y que encabezó el PEV, contó, se propone una redistribución de los recursos que ya existen “de manera que, al menos, el 30% de los recursos se decidan en las regiones”.

La diputada del Distrito 21 y presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez (DC), dijo que la ley de descentralización financiera no tienen nada nuevo. Se trata, dijo, solo de reasignaciones “por tanto no hay nuevas atribuciones en materia de financiamiento para los gobiernos regionales”.

También fue crítica de la ley corta, porque solo resuelve controversias y “llena vacíos”, pero no implica mayores atribuciones.

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