Esto es una de las mociones que fue eliminada de la ley de voto anticipado y que en procesos anteriores había sido solicitado a través de recursos judiciales que nunca se concretaron.
El proyecto de voto anticipado que se encuentra siendo tramitado en el Parlamento trae consigo varios hitos que no han sido analizados con lupa y que podrían significar un cambio en la vida de algún grupo de personas.
En este caso, hablamos de aquellos que se encuentran privados de libertad y que en este cuerpo legal son considerados para que puedan participar en los comicios.
Claro, se trata de aquellos que se encuentran en calidad de imputados (bajo una investigación y que están en prisión preventiva) o que no han recibido un apena aflictiva, que según la legislación vigente debe ser superior a los tres años y un día de presidio.
Ya en el año 2017 surgió una idea de similares características, tras una visita realizada por el entonces juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, al penal Santiago citó a todas las partes involucradas para asegurar que la población penal de ese centro pudiera sufragar.
En ese entonces, el Servel argumentó que era complejo iniciar un proceso de votación al interior de los recintos penales, a raíz que tiene que catastrar a todos los reos que tienen derecho a voto y armar una mesa especial para ellos, entre otras situaciones.
Esta votación de las personas privadas de libertad fue nuevamente incluida en la ley de voto anticipado, pero fue rechazado desde el texto que salió desde la Cámara de Diputados.
La diputada y presidenta de la comisión de Gobierno, Joanna Pérez (DC) indicó que “el Ejecutivo no ha buscado la forma de operativizar ese voto, pensando que son personas que tienen derecho a sufragio, pero en la práctica, al no existir una urna al interior de los penales o no haber un permiso especial para que salgan a votar esto no se puede hacer. Distintas organizaciones lo han pedido y este proyecto lo patrocinaba, pero necesita el apoyo del Ejecutivo, puesto que se necesitan recursos. Nosotros hicimos el intento en la Cámara para que ellos pudiesen votar, pero como el gobierno no lo quería, no se alcanzaron los votos”.
Por su parte, el diputado Enrique van Rysselberghe (UDI), aseguró que “El Proyecto de Ley de voto anticipado tiene un objetivo muy claro: fortalecer la democracia buscando incrementar la mayor participación ciudadana en el marco de un sistema de voto voluntario”. Pero que tiene reparos presentados por el propio Servel, y que “el haber dejado fuera de este proceso a los privados de libertad no es una exclusión definitiva, sino que momentánea, la que se deberá volver a evaluar en su mérito cuando exista más tiempo, mayores recursos y una mayor perfección de la ley”.
Ahora el debate se traslada a la Cámara Alta y el senador Alejandro Navarro adelantó que “la exclusión de las personas privadas de libertad no es correcta y estudiaremos la posibilidad de volver a incluirlas. Veo con mal ojo el ánimo punitivo que se apodera de la sociedad y el impulso populista por conculcar derechos, saltándose las normas del debido proceso y anulando la presunción de inocencia. Es lo que pasa con los mapuche y con los jóvenes de la revuelta, es algo que debe parar”.
En tanto, la académica de la UdeC, Jeanne Simon consideró que el voto adelantado es una modalidad que es muy utilizada en Estados Unidos, por ejemplo, en Chile podría generar ciertas desconfianzas, incluso con el sufragio de los privados de libertad. “Me parece que tenemos que ir avanzando poco a poco al voto anticipado en Chile. En contraste con Estados Unidos, me parece que hay una serie de complicaciones acá en Chile porque es importante mantener confianza en los procesos. Al mismo tiempo, en la propuesta del gobierno, veo mucha desconfianza y buscan limitar su uso. Por lo mismo, no veo que será muy posible facilitar el proceso para personas privadas de libertad”.