Política

Las dudas jurídicas que deja la llamada “Ley Moreira”

Abogados y parlamentarios expresaron sus reparos ante la normativa presentada por diputados para mejorar la probidad en los actores políticos del país que acceden a salidas alternativas.

Por: Marcelo Castro 24 de Enero 2021
Fotografía: La Tercera

La relación entre política, dinero y justicia, desde el año 2014, ha estado más relacionada que nunca en la palestra pública.

Y si bien fue en 2009 que estalló el primer caso que involucró a parlamentarios y hechos reñidos con la probidad, no fue hasta finales de 2014, cuando se dio a conocer el Caso Penta y el racimo de investigaciones judiciales, que vino aparejada que esta relación no estuvo tan cuestionada.

Si bien con Penta fueron militantes de la UDI, fue con el caso SQM que se tocó todo el espectro político con investigaciones de alta complejidad que parecieron no quedar en nada, puesto que desde el Ministerio Público se ofrecieron salidas alternativas a varios involucrados.

Esta constaba de una suspensión condicional del procedimiento, que era pagar una multa por una parte de lo defraudado al Fisco, firmar cada mes durante un año en un recinto de Gendarmería y no volver a ser detenido durante un año. En caso de incumplir alguna de estas condiciones, la causa se reactiva.

Pero, para algunos diputados, como Gonzalo Winter, Leonardo Soto y Daniel Núñez, esta no sería una procedente y, mediante un proyecto de ley, proponen que todo imputado por delitos contra la probidad, que se encuentre en un cargo público o que acceda a una suspensión condicional del procedimiento sea suspendido del cargo.

Visión política

En este escenario estuvieron Pablo Zalaquett e Iván Moreira (UDI), además del ex presidente regional de RN en el Biobío, Claudio Eguiluz.

Y si bien en el Parlamento ven con buenos ojos el fondo de la idea, que una persona que este reñida con la probidad no ejerza un cargo público, esto debe ser una vez que el proceso judicial haya finalizado y no cuando este en proceso.

La diputada Joanna Pérez afirmó que este proyecto “está mal enfocado ya que no reconoce las etapas previas a un juicio. El ser imputado es una etapa para investigar y este proyecto sólo busca una vitrina para la prensa y no va al fondo de la situación. Hay muchas salidas desde el punto ético para alguien involucrado en este tipo de situaciones”.

Por su parte, el diputado Jaime Tohá (PS) aseguró que “no hay duda que la ciudadanía exige más probidad y fallos que demuestren la igualdad ante la ley. El proyecto, encomiable en su espíritu, adolece de un vicio conceptual. La calidad de imputado no representa ninguna muestra de culpabilidad, sino que tan sólo ha sido mencionado en la fase inicial del proceso investigativo y por tanto representaría un prejuzgamiento contrario a una recta aplicación de la justicia”.

Inocencia

Una visión parecida es la que tienen distintos abogados y académicos de la plaza, quienes consideran que existiría una vulneración a los principios de igualdad ante la ley y al debido proceso.

En redes sociales, la académica de Derecho Penal de la UdeC, Juana Sanhueza, comentó con un dejo de ironía que “que joya jurídica. Nótese, basta que sean imputadas” y explicó que “esto suena como “imputado/a si tu te acoges a una salida alternativa, te consideramos culpable y por ello cesas en tu cargo”.

Y claro, la suspensión condicional del procedimiento trae consigo reconocer el hecho, pero no admitir culpabilidad.

El abogado Remberto Valdés, en tanto, va más allá y cataloga la normativa como discriminatoria, ya que crea dos tipos de ciudadanos. “Vamos a tener dos tipos de ciudadanos, los funcionarios públicos y políticos que frente a una investigación o suspensión condicional serían tratados igual que a un culpable, mientras que el resto de los ciudadanos no tendríamos ningún efecto negativo”.

Valdés recordó que este tipo de salidas alternativas, como una suspensión, no involucra una sentencia condenatoria, por lo que la inocencia del involucrado se mantiene. “Desde un punto de vista técnico, nadie puede ser cesado de un cargo al tener una suspensión condicional. En este minuto, al incumplir las condiciones de este acuerdo se retoma el proceso”.

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