Voces apuntan a desprotección de la niñez y mirada castigadora del proyecto impulsado por el Ejecutivo. En fallo del Tribunal Constitucional constaría que parte de los requerimientos realizados por parlamentarios tienen fundamento jurídico.
Luego que parlamentarios del PC y Frente Amplio (FA) presentaran un recurso de inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Migración impulsado por el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional (TC) falló parcialmente a favor de los recurrentes, considerando que seis de los 13 artículos del cuerpo legal deberían ser modificados para su promulgación.
Entre los numerales que no lograron el filtro de constitucionalidad se encuentra el artículo 135, inciso primero y final, el cual busca regular la ejecución de la medida de expulsión de un migrante del país.
“Una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a 72 horas”, dice el documento en su texto original, aunque la actual Carta Magna, solo un juez tiene la facultad decretar arrestos más prolongados.
Otra cláusula revocada, que era relevante para el Ejecutivo, fue el Artículo 132. El apartado buscaba que en los casos de menores de edad “no acompañados”, estos pudieran “ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales, coordinado por la autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes”.
El rechazo de esta normativa fue advertido por la experta en la materia, Bárbara Silva, quien comparte la visión que el polémico artículo contraviene principios básicos como la Convención sobre Derechos del Niño y de los trabajadores migrantes, situación que ha sido respaldada desde un inicio por agrupaciones de la sociedad civil.
“Una de las normas que más preocupa es la que se refiere a la situación de niños, niñas y adolescentes no acompañados o no autorizados, la cual permite su retorno asistido dejando entregado su regulación y procedimiento a la autoridad administrativa y la dictación de un reglamento, cuestión inaceptable en una materia tan sensible”, sostuvo la abogada, miembro de la Clínica Jurídica UdeC.
De todas formas, desde Interior, el subsecretario Juan Francisco Galli, enfatizó que la impugnación de la medida “va a producir una desprotección de aquellos niños, niñas y adolescentes que ingresan no acompañados por sus padres a nuestro país y los va a dejar sometidos a una regulación infralegal y desprotegidos respecto de su situación migratoria”.
En una mirada más política del proyecto, parlamentarios de la zona se han sumado a la afrenta iniciada por los diputados de Chile Digno-FA para declarar inconstitucional el proyecto, entre ellos, Jaime Toha (PS), quien incluso tildó de discriminatoria la actitud de las autoridades gubernamentales en la materia, aludiendo a los dichos del jefe de extranjería y artífice del cuerpo legislativo, Álvaro Belollio.
“Desde el primer día el actual gobierno ha mostrado una mirada discriminatoria y castigadora sobre el fenómeno migratorio. Las repudiables declaraciones de la más alta autoridad sobre migración, en la cual desprecia y muestra su intolerancia con los ciudadanos haitianos que han buscado ser acogidos en nuestro país habla por sí misma”, enfatizó el parlamentario.
“Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas”, afirmaba el director de extranjería, Alvaro Bellolio tras conocerse el fallo, haciendo alusión a los diputados del FA que presentaron la moción.
Si bien un día más tarde señaló que “la cita pudo haber sido mejor explicada al contexto”, la situación escaló a tal nivel que parlamentarios de la oposición plantearon incluso su remoción en el cargo. Situación que aún no se concreta, pero que vino a ponerle más tensión al debate sobre una regulación migratoria en Chile.