Tras el estallido social, el Plebiscito asomó como una respuesta a la revuelta. Con el triunfo del Apruebo y el mecanismo que redactará la nueva Carta Magna, llegó el momento de analizar la forma en que las solicitudes de la ciudadanía serán plasmadas en el mencionado escrito.
Tras la crisis social que se desató en Chile después del 18 de octubre del 2019 en Santiago y el 19-O a lo largo del país, muchas cosas cambiaron. El descontento ciudadano con la política fue evidente. Tanto así, que los partidos no tuvieron más remedio que acordar la realización del plebiscito nacional, que se retrasó por la pandemia, y que se celebró el pasado 25 de octubre.
Tras el contundente triunfo de las opciones Apruebo y Convención Constitucional, se cumplieron los plazos y durante la semana se inició un largo proceso constituyente que tendrá uno de sus primeros hitos el próximo 11 de enero, día final para la inscripción de los candidatos que aspiran a alcanzar uno de los 155 cupos para representar a la ciudadanía en lo que será la redacción de la nueva Constitución.
Pese a que las fechas ya están claras y este nuevo proceso prácticamente definido, han surgido una serie de interrogantes de cara a los próximos meses que serán decisivos. Una de esas dudas es cómo se plasmarán las demandas sociales por las que se inició el estallido social.
“Al interior de la Convención tendrá que realizarse una discusión en relación al sistema de Gobierno actualmente vigente en el país. Creo que hay que pasar de este presidencialismo reforzado a un semi-presidencialismo. Las condiciones no están para un parlamentarismo, tomando en cuenta el contexto en el que estamos viviendo. También, debe generarse un debate en la ampliación de los derechos civiles en los que se contemplen espacios de participación mucho más expresos y amplios para que el ciudadano tenga las condiciones aptas para tomar decisiones en las políticas públicas”, comentó Andrés Cruz, académico de la Universidad de Concepción (UdeC).
Agregó que para la existencia de un poder de decisión ciudadano es necesario “la consolidación de estados regionales, una división territorial distinta a la vigente”, enfatizando en que esto ayudaría a reconocer los derechos sociales y a redefinir el “concepto de igualdad”, que consagraría un sistema para que todos se desenvuelvan en los marcos de la diversidad y para generar la existencia de condiciones materiales que permitan ejercer los derechos y vivir en la diversidad.
“Todo esto permitirá pavimentar el camino a la consagración de distintos derechos como: la salud, educación, acceso a la vivienda, pensiones que garanticen vivir en condiciones dignas, entre otras. Para llegar a materializar la redacción de todas estas disposiciones, se debe hacer con concurrencia de todos aquellos que tengan participación en la Convención Constitucional”, señaló Cruz.
Un aspecto clave de cara al proceso serán los candidatos, quienes tendrán la misión de atender a las demandas sociales y presentarlas en la Convención.
“Me parece que ese es un tema que aún está pendiente. No hay ni existe un mecanismo claro para que la ciudadanía pueda presentar las mismas demandas que generaron el estallido social. Como no existe un orden, de momento queda confiar en que los partidos y candidatos canalizarán las demandas en la Convención”, señaló Jeanne Simon, académica de la UdeC.
La profesora agregó que, desde el movimiento Independientes No Neutrales (INN), están trabajando en una propuesta de discusión/formación ciudadana para escuchar a la ciudadanía, conocer cuáles son sus reales demandas y sobre el proceso constituyente en general.
“Durante la próxima semana vamos a empezar a promover el debate. Es importante que las distintas organizaciones vayan escuchando a la ciudadanía”, indicó Jeanne Simon.
Desde ese punto de vista, la académica hizo un llamado a los medios de comunicación, quienes, de acuerdo a su visión, pueden jugar un rol muy importante para informar y generar debate.