Se trata de 20 personas que pasarán a contrata al interior del Gobierno Regional, la mayoría de ellos ligados a la coalición gobernante y que no cumplirían los requisitos estipulados.
Una de las peticiones históricas de los funcionarios públicos a nivel nacional es la mejora en las condiciones labores al interior del aparato estatal.
Las que se han logrado, en alguna medida, a través de las negociaciones que se hacen año a año en la Mesa del Sector Público y que incluyen conversaciones en temas tan trascendentes como el reajuste del salario mínimo.
Uno de los acuerdos logrados en esta mesa fue el traspaso de funcionarios que se encuentren en calidad de honorarios a contrata. El número será definido anualmente por la Dirección de Presupuesto (Dipres) e informado a los gobiernos regionales, quienes deberán elegir al personal beneficiario en base a ciertos criterios, como llevar más de cuatro años desempeñando funciones para el Estado, que su función sea una labor permanente, grados funcionarios, entre otros.
De la veintena de funcionarios que este año podrían pasar de honorarios a contrata al interior del Gobierno Regional (Gore) del Bío Bío surgen nombres que llaman la atención y son cuestionados por dirigentes y representantes del Consejo Regional (Core).
Uno de ellos es Juan Carlos Muñoz, ex jefe de gabinete del otrora intendente, Jorge Ulloa, quien se encuentra con grado 4, pese a que su superior tiene grado 10. “Ninguno de los traspasos lo hará con un grado superior al de su jefatura. Acá el señor Muñoz lleva dos años de funciones en un cargo que no es labor permanente, por lo que no cumple los requisitos acordados en la mesa”, expuso Lorena Lobos, presidenta regional de Anef.
Al caso de Muñoz se suman Javier Metzner, quien estaría ligado a la UDI por un parentesco familiar, y Andrés Sauerbaum, hermano del diputado de RN por el Distrito 19, Frank Sauerbaum.
La presidenta regional de la Anef explicó que el plazo para remitir esta nómina venció el 28 de agosto y no se envió. “Hemos explicado al intendente Sergio Giacaman y al administrador Pablo Romero las posibles irregularidades existentes y no nos han escuchado. En caso de que esto se mantenga, no descartamos otras acciones entre ellas la movilización”, adelantó Lobos.
Desde el Core surgieron apoyos a la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, que también cuestiona el hecho.
La core Tania Concha (PC) dijo que “esta situación ‘viciada’ perjudica directamente a funcionarios y funcionarias que con mayor trayectoria laboral pudieran ser beneficiados por esta Ley, pero quedan afuera por el amiguismo de la UDI”.
A lo anterior, agregó que “esto es un amarre de funcionarios y no es bueno que se esté dando en medio de un proceso político altamente esperado, manteniendo prácticas anquilosadas que han derivado en la pérdida de credibilidad en las instituciones”.
Por su parte, Óscar Ramírez (DC) pidió aplicar criterios técnicos en la definición de estos cupos. “Hay designaciones a dedo que no se ajustan a los factores que exige la normativa y la ciudadanía para este tipo de decisiones. Se debe respetar la carrera funcionaria”, sostuvo.
Tanto desde la Anef como el Core esperan que el listado sea corregido y los nombres cuestionados reiterados, para continuar con el proceso.