Por modificaciones presupuestarias supuestamente ilegales, de parte de la alcaldesa, Katherine Torres, un grupo de concejales concurrió a Contraloría para solicitar un pronunciamiento.
“Las modificaciones presupuestarias son ilegales ya que no están 100% financiadas. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga al Concejo a aprobar presupuestos financiados. Bajo ese contexto no podemos aprobar modificaciones ilegales. La alcaldesa incumple el artículo 56, está mandando reiterativamente presupuesto desfinanciados”, señaló el concejal Felipe Rodríguez (RN).
El edil Miguel Aravena (DC), comentó que “esto no es cosa de los concejales, si la modificación viene financiada el Concejo está obligado a aprobarla. El municipio tiene compromisos que pagar, con acreedores y demandas, ya se incumplió un plazo y no haber pagado significa pagar multas adicionales. Estamos con un déficit gigantesco. La responsabilidad es de la alcaldesa”.