Pese a que el Senado rechazó la medida dentro de la ley que limita la reelección de autoridades, la Cámara de Diputados podría enviar la moción a Comisión Mixta, instancia donde la retroactividad podría aplicarse, impactando a un gran número de autoridades de la zona.
Un polémico y álgido debate fue el que se vivió durante la semana en el Parlamento con el proyecto de ley que regula la reelección de autoridades.
Es el numeral seis de la normativa el que generó mayor polémica entre nuestros congresistas. Esa parte hace referencia a la retroactividad de la nueva ley que tiene con criterios distintos a senadores y diputados.
Y es que en la Cámara Baja consideran que el límite a la reelección debe incluir la retroactividad de forma inmediata en las elecciones que se avizoran para el año 2021, tanto municipales como parlamentarias.
Por su parte, en el Senado la visión que tienen es dividida, algunos consideran que la retroactividad debe ser aplicada en forma inmediata. Pero en otros, la opinión es absolutamente distinta y apuntan a que ese numeral tiene nombre y apellido, por lo que todos deben partir en igualdad de condiciones.
Cómo diputados y senadores no lograron ponerse de acuerdo en un criterio común, el proyecto volverá, tras dos mil 786 días, al Hemiciclo de la Cámara Baja en donde primaría el criterio de hacer valer la retroactividad, lo que forzará una comisión mixta. Ahí se deberá zanjar el futuro del articulado que para unos congresistas es clave para la efectividad de la Ley.
Esta normativa aplicará por igual a concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores. Para este reportaje, Diario Concepción revisó a algunos cuerpos colegiados de la Región y cómo se cumpliría la Ley en caso de que aplicará la retroactividad.
En el caso de los Consejeros Regionales, no habría ningún afectado, puesto que recién se encuentran en su segundo periodo de elección.
No obstante, al revisar la situación de los alcaldes, la situación cambia. De los once jefes comunales de la provincia de Concepción, tres serían afectados por la normativa. Se trata de Ángel Castro (DC) de Santa Juana, quien lleva su quinto periodo, tras asumir en el año 2000.
También, se encuentran en la misma situación sus colegas de San Pedro de la Paz y Hualqui, Audito Retamal (PPD) y Ricardo Fuentes (PPD), respectivamente. Ambos se encuentran en su tercer periodo, tras llegar al sillón alcaldicio de sus comunas en 2008.
En la Cámara Baja, de los 18 representantes que tiene el Bío Bío, siete se podían ver afectados por la retroactividad. Quizás, uno de los casos más emblemáticos es el de José Miguel Ortiz (DC), quien llegó al Congreso en 1990, completando ocho periodos. Le siguen en longevidad los radicales Carlos Abel Jarpa y José Pérez, quienes se encuentran en su sexto periodo.
Con la llegada del milenio, hizo su recalada en el Parlamento el UDI, Iván Norambuena, y le siguen Jorge Sabag (DC) y Manuel Monsalve (PS), quienes se encuentran en su cuarto periodo. Por su parte, Enrique van Rysselberghe (UDI), se encuentra en su tercer periodo.
En el Senado, hay otro particular caso, ya que Víctor Pérez (UDI), también, llegó a Valparaíso el año 90 como diputado, cargo en el que se mantuvo por cuatro periodos hasta 2006 cuando dio el salto a la Cámara Alta. Mientras, Alejandro Navarro (PRO) hizo lo propio en 1994 y se mantuvo como diputado por tres periodos y al igual que Pérez llegó al Senado en 2006. Ambos completan dos periodos.
Se suele decir que siempre hay excepciones a la norma y ese es el caso del diputado del Distrito 20, Sergio Bobadilla (UDI), quien se encuentra en su tercer periodo como parlamentario, pero la retroactividad no le afectaría.
Si bien inició su carrera como congresista el año 2006, junto a Monsalve y Sabag, el año 2014 debió dejar su cargo como diputado al no obtener su tercera reelección consecutiva. Por lo que al volver el año 2018 su cuenta partió desde cero, lo mismo ocurre con Frank Sauerbaum (RN) en Ñuble, quien lleva dos periodos, sin una reelección de por medio.
Respecto al rechazo de la retroactividad, por parte del Senado, la académica y analista política de la Universidad de Concepción (UdeC), Jeanne Simon, dijo que “es una señal que estos senadores priorizan el interés propio y de su partido por sobre el bien del sistema político. Hace tiempo que el debilitamiento de la democracia en Chile ha sido producto de los mismos representantes políticos. A veces, hay ciertos avances, pero después retrocesos. Con todos preocupados de la Covid-19, no creo que sea posible que se revierta antes que se convierta en Ley sin presión ciudadana”.
El analista político de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, comentó que “la argumentación de los senadores que se abstuvieron, si uno lo analiza desde el punto de vista teórico, es válido, que sea el electorado que determine si siguen o no. Los senadores no transmiten que quien ha sido parlamentario siempre tiene más posibilidades de ser reelecto que quien no lo ha sido. Hay un tema de compromiso con la ciudadanía y borrar ese compromiso por intereses particulares es el mayor daño que se hace en este caso, es mentirle una vez más a la gente. Ante las circunstancias del país, el gesto era bastante más noble que asegurarse ocho años más”.
Andrés Cruz, académico de la Universidad de Concepción y vicepresidente de Corbiobío, explicó que “hay que tomar en cuenta especialmente el contexto y las necesidades actuales, que hoy requieren de decisiones que permitan darle credibilidad a la institucionalidad, permitiendo que el ciudadano se sienta representado, lo que no ha ocurrido con la decisión de no conferirle un efecto retroactivo al límite de la reelección”.
Augusto Parra, presidente de la Fundación República en Marcha, expresó que “el límite a a la reelección contribuye a emparejar la cancha en materia de acercar el derecho, también, consagrado en democracia a elegir y ser elegido. Hubiese esperado un debate más elevado, que tuviera más que ver con la calidad de una democracia languidecente, que requiere mejorar representatividad y legitimidad en el ejercicio de una función parlamentaria que una defensa corporativa de intereses”.