Pese a que el fondo de la iniciativa tuvo apoyo transversal, jefes comunales y algunos consejeros plantean cambios.
Finalmente se aprobó en sesión del Consejo Regional (Core) el plan Covid-19, iniciativa que busca implementar fondos regionales en combate del coronavirus.
Si bien la iniciativa fue aplaudida por los actores políticos, la jornada de ayer dejó en evidencia ciertas peticiones para incorporar al plan, las que surgieron desde los alcaldes y también desde los propios consejeros regionales (cores).
“Su propuesta no ha sido consultada previamente con los alcaldes de la Región. Somos parte de la administración del Estado y reconocidos ciudadanamente como gestores y referentes de la primera línea de las acciones frente a la epidemia Covid-19, además de ser quienes estamos día a día trabajando con cada uno de los territorios”, expresaba una misiva firmada por Audito Retamal, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Bío Bío.
En la misma línea, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, señaló que “las municipalidades debemos ser partícipes en las decisiones. Hasta hoy no hay claridad por parte del Core sobre ello. No bajar recursos por los municipios afecta directamente la capacidad operativa para responder a las necesidades. Es inaceptable dejar una vez más en total indefensión a municipios de menor presupuesto”.
La respuesta del Core llegó mediante su presidenta Flor Weisse, quien señaló que “creo en esta región necesitamos unidad para enfrentar esta crisis y por eso ha participado el presidente de la Asociación de Municipalidades junto a otros alcaldes en nuestra Comisión de Gobierno. Siempre hemos valorado el trabajo de los alcaldes en este sentido y obviamente sin perjuicio que tienen todo el derecho a opinar, luchar y gestionar apoyo para sus respectivas comunas, yo estoy convencida que tenemos muchos más puntos de unión y de convergencia para enfrentar esta crisis por el bien de nuestra región”.
Otro tema de debate fue la repartición de los recursos, donde el apoyo social contaba con un presupuesto aproximado de $1.500 millones. Cores de la oposición se mostraron preocupados ante una cifra que encuentran muy baja.
“El área social debe aumentar sus recursos dado la gran cantidad de despedidos que ha habido, y que se transforman en familias que llegan de manera desesperada a los municipios a solicitar sus canastas familiares. No puede cargarse esta crisis sobre los hombros de los miles y miles trabajadoras y trabajadores”, sostuvo Tania Concha (PC).
Desde el Core señalaron que los fondos se redistribuirían para otorgar más recursos al área social.