Proyectos que tuvieron un álgido debate pasaron un fast track o aquellos que estaban en la letanía vieron la luz son parte del mes que han vivido en el Congreso. A lo anterior, debemos sumar las acusaciones constitucionales en contra del Presidente Sebastián Piñera y del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, además de un histórico acuerdo que se gestó entre los parlamentarios para generar una nueva Constitución.
Se necesitaron 14 horas de conversaciones, en dos ciudades (Valparaíso y Santiago), para arribar a una acuerdo. Parlamentarios y políticos de casi todo el espectro político nacional se encerraron para llegar a un consenso en post de una nueva Constitución, como una vía para frenar la escalada de violencia que afecta al país.
Desde la UDI hasta Revolución Democrática (RD) estuvieron en la mesa. Otros como el Partido Ecologista (PEV) o el Comunista (PC) no se sumaron a las conversaciones. Con el correr de las horas, aunque con matices, valoraron la posibilidad de cambiar la carta fundamental.
La tarde del jueves 14 de noviembre, las conversaciones parecían llegar a buen puerto, pero una propuesta de última hora del gremialismo obligó a extender el debate, la piedra de tope: el quórum para aprobar las modificaciones, unos querían 2/3 y otros buscaban 3/5 de proporcionalidad. Además, la UDI pedía partir con la actual carta magna como base, mientras que los otros participantes apuntaban a una hoja en blanco.
Así, pasadas las 2 de la madrugada, del viernes 15 de noviembre, los representantes políticos dieron a conocer este “Acuerdo por la paz y nueva Constitución” que se traducirá, inicialmente, en un plebiscito fechado para abril de 2020, donde la ciudadanía decidirá si desea el cambio o no.
El estallido social que ha afectado al país revivió una acción que hace algunas semanas había sido cuestionada por la oposición e, incluso, desterrada, se trata de la acusación constitucional.
Y parte de los partidos de la oposición apuntaron directamente al Presidente Sebastián Piñera, por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las manifestaciones que han ocurrido en el país. Diputados acusadores apuntan especialmente a las decisiones políticas que ha tomado el Mandatario y a los reiterados avisos de organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio Médico, el Indh, entre otros.
Tras ser presentada la acusación, el miércoles 20 de noviembre se sorteó a los miembros de la comisión, siendo elegidos Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón von Muhlenbrock (UDI). El diputado Verdessi presidirá la instancia, que ya notificó a Piñera y comenzará a sesionar mañana lunes. Tiene un plazo de 10 días hábiles para recopilar antecedentes.
El diputado Saavedra comentó que entre los invitados se encuentran abogados constitucionalistas como Jorge Correa Sutil, organizaciones de la sociedad civil, como el Indh y Amnistía Internacional, y no descartó que también sean citadas víctimas de los aparatos del Estado.
La rebaja en la jornada laboral se transformó en una batalla ideológica entre la oposición y el gobierno.
Se trata de una iniciativa presentada por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola en marzo de 2017, pero que durante más de un año estuvo en los estantes de la comisión de trabajo de la Cámara. Fue el diputado Gastón Saavedra, presidente de la instancia durante mediados de 2018, quien lo colocó en la tabla de la comisión y comenzó el debate.
Durante 2019, la discusión mantuvo una pugna entre la oposición y La Moneda. El proyecto logró apoyo en parlamentarios del oficialismo, como las RN, Ximena Ossandón y Francesca Muñoz.
Fue dentro de estos tira y afloja que el gobierno presentó el proyecto de “41 horas” con el que pretendían hacer frente a la moción, que finalmente no logró prender.
El pasado 7 de noviembre la sala a del Cámara aprobó el proyecto por 86 votos a favor, 31 en contra y 36 abstenciones. Se espera que el próximo miércoles comience su debate en el Senado y si se analiza dentro de los plazos contemplados por sus impulsores, la iniciativa sería ley en enero de 2020.
Uno de los principales cuestionados por el manejo político que ha tenido el Ejecutivo desde el estallido social ha sido el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Y a pesar que dejó su cargo en un reciente cambio de gabinete, esto no dejó contentos a la oposición, quienes a fines de octubre ingresaron una acusación constitucional en contra del ex titular por no haber adoptado medidas para frenar la “sistemática violación a los DD.HH. durante el estado de emergencia”, según se lee en la presentación que se hizo en el Parlamento.
La comisión elegida fue en su mayoría oficialista y está compuesta por Sergio Gahona, Joaquín Lavín y Jaime Bellolio de la UDI, Catalina del Real (RN) y Marcos Ilabaca (PS), quienes durante la sesiones de la comisión han visto desfilar a una serie de personeros que han explicado parte de su actuar.
Se espera que la comisión finalice sus sesiones este miércoles 27 de noviembre.
Uno de los principales cuestionamientos que ha tenido la clase política, y especialmente los parlamentarios, han sido los altos gastos que tienen por conceptos de dietas parlamentarias y asignaciones.
Estas críticas se hicieron carne tras conocerse los escándalos de corrupción que afectaron a la política, pero unos meses antes de que esto ocurriera, unos pipiolos en materia legislativa, los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, presentaron un proyecto de ley para rebajar la dieta parlamentaria que durmió cuatro años en el Parlamento.
Pero en junio de 2018, la Cámara de Diputados pidió al gobierno que le pusiera urgencia a la iniciativa. Y fue 525 días después que la comisión de Constitución aprobó de forma unánime la rebaja en la dieta parlamentaria, pero con anexos, puesto que incluyeron la disminución en un 50% de los sueldos en el aparato estatal, incluyendo la salida de algunos asesores parlamentarios.
Ahora, el proyecto pasará a la sala de la Cámara en donde enfrentará más de una modificación, especialmente relacionada con los funcionarios del Congreso.