Luego que bajaran las tensiones con el “acuerdo de paz” impulsado por el Parlamento, las manifestaciones en las calles continúan y hay coincidencias en el mundo político respecto a abordar iniciativas de mediano y corto plazo.
Tras el denominado “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”, firmado por un grupo transversal de partidos y parlamentarios la madrugada del 15 de noviembre, en el mundo político ha habido coincidencia respecto a que el documento ayudó a bajar las tensiones en un país que en las últimas cuatro semanas solo ha sabido de masivas marchas y manifestaciones violentos.
No obstante, también son reiteradas las voces que apuntan a no quedarse en ello, en ser más audaces respecto a una agenda social que no generó ningún efecto en la ciudadanía y que respondió con masivas marchas en todo el país (lo mismo ocurrió con el cambio gabinete).
Representantes tan diferentes como el diputado socialista, Gastón Saavedra, el parlamentario de RN en el Distrito 21, Cristóbal Urruticoechea, o el consejero nacional de la DC, Marco Hernández, han manifestado que “el acuerdo de paz” y la idea de cambiar la carta fundamental es el primer paso. Sin embargo, se requieren de iniciativas de mediano y corto plazo. De hecho, en su último Consejo Nacional la DC, abordó varios puntos referidos a salud, educación, derechos humanos, descentralización, entre otros.
Entonces, cabe preguntarse ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las medidas que el Ejecutivo impulsará para intentar revertir la actual situación?
A juzgar por lo manifestado por el Presidente, Sebastián Piñera, tres días después del “acuerdo por la paz” el camino serán las pensiones.
“Desde el gabinete cambiamos y estamos absolutamente disponibles para abordar los temas que son urgentes para la ciudadanía. El Presidente el domingo ya lo anunció. Como Gobierno estamos de abiertos que se puedan abordar el tema de las pensiones, aumentarlas, lo que hay que hacer de manera responsable. Lo que hay que generar es una conversación con los actores políticos, con el Parlamento”, dijo ayer el intendente, Sergio Giacaman.
Y, aunque desde el Ejecutivo ya anunció un aumento del 20%, una bancada transversal de diputados ha puesto el foco en un incremento del 50%.
No obstante, hay otros temas que están pendientes, como los altos sueldos que perciben las autoridades e integrantes de directorio de las empresas del Estado y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Sobre lo primero la máxima autoridad regional dijo que “es materia de ley. El Gobierno impulsó ese proyecto, que está en votación, entiendo que este jueves se sesiona para definir su aprobación”.
En realidad, la indicación se vota esta jornada en la sala de la Cámara. El diputado del PS, Marcelo Díaz, a través de su cuenta de Twitter indicó que la instancia ya aprobó la idea de que sea el Banco Central quien fije los “en el futuro las remuneraciones de parlamentarios, ministros y otros altos cargos del Estado”. Hoy se discutirá la propuesta del diputado de Magallanes, Gabriel Boric, de rebajar la dieta parlamentaria en un 50%.
Sobre casos de violación a los derechos humanos, el intendente insistió que “he condenado la violencia venga de donde venga y nosotros nos pusimos al servicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder facilitar cualquier procedimiento que ellos tengan que realizar y poner al Estado al servicio de las personas que han sido víctimas de algún exceso de los uniformados”.
En paralelo, ayer diputados de la oposición concretaron la presentación de una acusación constitucional contra el Presidente Piñera, en particular, por cuestionamientos a su rol luego que se decretara el estado de excepción.
Algunos representantes del oficialismo ya manifestaron su rechazo a la acusación. “No contribuye a la paz social que requiere el país” , dijo el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.