El Ejecutivo anunció la suspensión de todos los decretos de rebaja de condena tras revelarse un beneficio otorgado a un homicida.
Lo que debes saber
• El Ejecutivo suspendió la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, rectificando su postura de que la norma debía seguir aplicando para delitos comunes.
• La medida se anunció tras revelarse un decreto que redujo en diez meses la pena a un condenado por homicidio en Catemu, firmado el pasado 5 de noviembre.
• Ante las críticas y una acusación constitucional en curso, el Gobierno decidió respaldar un proyecto para derogar por completo la Ley 19.856.
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El Ejecutivo anunció este lunes la suspensión de la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, sin importar el delito. La decisión fue informada el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, en medio de las cuestionadas explicaciones sobre la continuidad en la aplicación de la normativa vigente.
La medida marca una discrepancia temporal con los antecedentes previos entregados por la administración. La noche anterior, el Ministerio de Justicia había argumentado que el titular de la cartera, Fernando Rabat, estaba obligado por ley a continuar firmando estos beneficios, exceptuando únicamente aquellos casos vinculados a delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, según lo expresado por Arenas, el ministro Rabat habría decidido paralizar todas las rebajas de condena de forma general el pasado jueves 5 de noviembre, cuatro días antes de que la medida fuera comunicada públicamente por las autoridades.
Este nuevo escenario político se desencadenó luego de que BioBio revelara un decreto firmado el mencionado jueves, documento que redujo en diez meses la condena de Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado a cinco años de cárcel por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso. El texto administrativo lleva también la firma de la recién asumida subsecretaria de Justicia, Josefina Soto.
Hasta la revelación de este caso, el Ministerio de Justicia había sostenido que la suspensión anunciada el 23 de octubre, surgida tras la polémica por 56 decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales, aplicaba estrictamente a dichos ilícitos graves, manteniendo la obligación legal para el resto de las causas.
No obstante, la cartera omitió informar en su momento que Rabat ya habría decidido ampliar la suspensión a todos los delitos, cuando Justicia defendía la obligación de continuar concediendo estas rebajas.
De acuerdo a BioBio, fuentes de La Moneda explicaron que la decisión de extender la paralización se adoptó el pasado viernes por la tarde, posterior al comité político y tras constatar el respaldo transversal de los participantes a la derogación de la normativa.
Pese a ello, persisten vacíos temporales respecto a los hechos del jueves 5 de noviembre, fecha en que Rabat firmó el beneficio para el condenado por homicidio y en la que, según Arenas, ese mismo día también se había decidido la suspensión de la tramitación de todas las rebajas.