Equipo jurídico “Colectiva” se entrevistó con misión especial de la ONU, que estuvo el miércoles en Concepción recabando información sobre apremios ilegítimos.
El miércoles, una delegación de Derechos Humanos de la ONU se reunió con ocho organizaciones sociales y víctimas de apremios ilegítimos, con el objetivo de examinar las denuncias y recabar información sobre el actuar de agentes del Estado contra manifestantes y población en general.
Uno de los grupos que se reunió con la delegación internacional fue la oficina jurídica de derechos humanos “Colectiva”. Lo interesante es que este grupo integrado por 13 personas, entre profesionales y licenciados, con el apoyo de otras organizaciones, ya redactó un informe que revela la existencia violaciones a los derechos humanos.
El informe se centra en la provincia de Concepción y se basa en denuncias, observaciones en terreno, visitas a centro de detención y levantamiento de información.
“Algunos datos dan cuenta que en la provincia de Concepción, en este último mes, se han replicado la mayor parte de los hechos que se han visto a nivel nacional, es decir, lesiones oculares, utilización de balines y situaciones de fallecimientos, en particular, durante el estado de excepción”, comentó Rodrigo Castillo, licenciado en Derecho de la Universidad de Concepción, parte del equipo jurídico “Colectiva”.
En su informe, el grupo expone 60 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos, en particular, “lesiones causadas por armas no letales y otros elementos de disuasión en contexto de manifestaciones. Sin embargo, hemos recibido otras denuncias preocupantes como hechos constitutivos de abuso sexual, amenazas, detenciones en lugares no habilitados para el efecto y torturas o apremios ilegítimos”.
Entre las denuncias, el documento detalla 44 lesiones, 10 casos de tortura o apremios ilegítimos, 4 amenazas, 4 detenciones ilegales en domicilio, dos detenciones ilegales en espacio público, dos casos de abuso sexual, un secuestro y un homicidio.
“Estamos viendo violaciones a los derechos humanos y patrones que son sistemáticos, como detenidos que son paseados tres horas antes de ser llevados a la comisaría. Entre los lesionados, el 50% aproximadamente tiene lesiones en la cabeza, de los cuales, cinco son traumas oculares. Son patrones”, contó la abogada Carla Cid.
La licenciada en Derecho, María Victoria Ulloa, relató que en nuestra Constitución no está consagrada el derecho a la manifestación, aunque sí la libertad de expresión y derecho a reunión. “Por eso, se cree que los agentes del Estado pueden hacer esto. Existe una criminalización de la protesta social, que es un derecho internacional, que existe en Chile pese a que no se encuentra consagrada, porque hay una construcción doctrinaria. Por lo demás, el Estado de Chile ha tenido recomendaciones, de parte de instancias internacionales, para construir este derecho”, manifestó.
Junto a “Colectiva” participaron el informe (se puede encontrar en las redes sociales del grupo) el “Comité Jurídico 19 de octubre”, integrado por abogados, abogadas y estudiantes de derecho de la provincia de Concepción, la Escuela Sindical de la Universidad de Concepción y la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).