Acusan a la Municipalidad de Hualpén de no utilizar recursos durante tres años, a pesar de una licitación en curso y el cobro de boletas de garantía.
Hasta la Contraloría General de la República llegaron los Consejeros Regionales del Bío Bío para pedir al organismo su pronunciamiento sobre los recursos entregados a la Municipalidad de Hualpén para la construcción de una sede social, lo que aún no se concreta.
De acuerdo a la presidenta de la instancia, Flor Weisse, se trata de $60 millones, en donde se pide a la Contraloría que determine las responsabilidades que tiene el municipio sobre el abandono en la utilización de recursos destinados para la sede social. “Si bien se iniciaron las obras, existe un abandono del sector con trabajos que nunca se terminaron y que ahora son un centro de delincuencia en donde los vecinos son los afectados. En el lugar, se han producido ya dos incendios y consideramos que no hay un cuidado correcto de los recursos del Estado”, aseguró Weisse.
Mientras que su par, Alicia Yáñez, manifestó que los vecinos de ese sector son los más afectados. “El municipio, el año 2016, tomó un compromiso para la construcción de esta sede social, pero paraliza las obras produciendo un abandono de los trabajos en un 24% de avance. Lo que hay ahora son ruinas, ya no queda nada de lo construido y eso es inaceptable”.
Sandra Cheinfel, presidenta de la Junta de Vecinos, comentó que se trata de un proyecto anhelado por año y que la actual administración municipal no le ha tomado el peso a la situación. “Nunca nos han contactado para saber en qué está la situación, pero no se dan por aludidos, no es posible que la actual administración haya dejado abandonada esa construcción porque ahora hay sólo ruinas. Jamás en Chile ha pasado una situación similar y ya no me da fe que el municipio vaya a terminar los trabajos”.
El concejal Miguel Ángel Aravena apuntó que este hecho sería otro factor de abandono de deberes por parte de la jefa comunal. “El municipio se está dando el lujo de botar 60 millones, hace unas semanas tuvimos que devolver $142 millones por concepto de cámaras de seguridad y ahora nos enteramos de la devolución de otros $22 millones de un programa de habilidades para la vida que no se cumplió”.