El tema tiene en estado de alerta a las universidades del Cruch y en la Región los representantes del Bío Bío hablan de reasignaciones, de la utilización de excedentes del Fondo Solidario e, incluso, de revisar la ley que entrega el beneficio.
La pérdida de la gratuidad de 27 mil estudiantes chilenos por atrasarse en sus carreras ha puesto en alerta a las instituciones de educación superior. Ello, por el costo social que esto generaría en miles de familias, y por la enorme carga financiera que dejaría sobre los hombros de las universidades, coste que se estima cercano a los $57 mil 750 millones. Hasta el momento, el Gobierno de Sebastián Piñera se ha mostrado contrario a discutir el tema, como lo dejó muy en claro este viernes el ministro Segpres, Gonzalo Blumel, quien se remitió a su par de Educación, Marcela Cubillos: las condiciones de la Gratuidad quedaron claras en la administración Bachelet, y ahora el Gobierno optará por priorizar a la educación parvularia. Por tanto, aseguran que este tema no será prioritario, pues utilizar fondos para este fin sería quitárselo a los niños.
Pero el debate también ha llegado a los escaños del parlamento. En una Región eminentemente universitaria como la del Bío Bío, se impone una pregunta obvia: ¿cuál es la postura de nuestros senadores y diputados? ¿Acudirán en apoyo de las universidades adscritas a la Gratuidad en el seno del Cruch, a saber la UBB, la UdeC, la Ucsc y la USM? ¿Representantes del oficialismo se alinearán con los planteamientos iniciales de su gobierno, o buscarán propiciar un acuerdo?
Si bien la Región las opiniones fueron variadas, la gran mayoría se inclinó por buscar una solución a los estudiantes que perderán el beneficio. Entre los consultados, los senadores de la Circunscripción Costa y diputado de los distritos 20 y 21, hubo ocho que se manifestaron dispuestos a revisar el tema, aunque el RN_Leonidas Romero, con algunos matices. Del mismo modo, otros cuatro congresistas se alinearon con la postura del Gobierno. Cabe mencionar que tres diputados prometieron entregar sus respuestas, pero no llegaron antes del cierre de esta edición.
El senador de la Circunscripción Costa, Alejandro Navarro (PRO), dijo que en su momento se planteó que los excedentes del crédito fiscal, más de $15 mil millones, pudieran ser utilizados por las universidades, que son las únicas que conocen la situación de cada estudiante.
“Eso fue rechazado por el (actual) gobierno. Es más, recurrieron al Tribunal Constitucional, por tanto, había un mecanismo para enfrentar esta situación que era previsible”, sostuvo Navarro.
En su opinión, la Ley no puede hacerse cargo de cada situación, por eso “habría que dejar en manos de las universidades, los recursos y los criterios para entregar la continuidad de la gratuidad”.
Su par en el territorio, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), argumentó que “lo que se ha visto en otros países” demuestra que en muchos casos hay quienes “no se dedican a estudiar y, finalmente, se termina dando gratuidad a personas que no ponen su talento y esfuerzo en sacar adelante una carrera”.
Agregó que le gustaría que el país contará con más recursos, pero “habiendo tantas necesidades”, dijo compartir la postura de la ministra Cubillos.
Entre los diputados, hay una mayoría abierta a analizar el tema. El UDI Sergio Bobadilla, por ejemplo, único integrante de la comisión de Educación, marca diferencias con lo expresado por algunos de sus camaradas gremialistas. “El tema vino a resolver el endeudamiento de muchas familias. Dicho eso, esta iniciativa aprobada en el gobierno anterior, no previó algunas situaciones como la que estamos teniendo a la vista, producto de la inflexibilidad de la ley”, comentó.
Por lo anterior, dijo, estamos frente a un problema, y respetando la opinión del gobierno, “hay que tener cierta flexibilidad, sin irse al extremo, pero dando espacio para algunos estudiantes, por distintos motivos se han atrasado en sus carreras, tengan opciones más allá de lo que entrega la gratuidad”.
El diputado José Miguel Ortiz (DC) considera que hay opciones, como reasignaciones presupuestarias, pero se necesita voluntad política. Contó que pronto, las presidencias de las subcomisiones de Hacienda del Congreso analizarán la gestión presupuestaria de Educación.
“Vamos a demostrar que existen partidas que se podrían ocupar, si existe voluntad política, como reasignaciones (de dineros que no han sido ocupados) para, al menos, financiar el 50% de los 27 mil casos (que se conocen)”, comentó.
Parlamentarios socialistas también apuntan a una revisión de la Ley y coincidieron que el tema ha dejado de manifiesto, las diferencias que existen entre establecimientos de educación media privados y públicos. Manuel Monsalve, médico cirujano de profesión, a modo de ejemplo, recordó que cuando entró a estudiar medicina a la Universidad de Concepción, fue uno de dos estudiantes proveniente de un liceo público de Coronel, pero contaba, según él, con treinta compañeros del Charles de Gaulle o de otros emblemáticos colegios privados de Concepción.
Coincidiendo con el senador Navarro, agregó que “un año es un plazo prudente y razonable para mantener la gratuidad. Hay recursos por el Fondo Solidario que está financiado. Entonces, en la medida (que los estudiantes) salen del crédito y pasan a la gratuidad, se genera un excedente y los propios rectores de las universidades plantearon que el mejor mecanismo para resolver el tema, es permitir la utilización de esos excedentes en el año que un estudiante se podría atrasar”.
Gastón Saavedra dijo que cualquier análisis se debe abordar con una dosis de realismo, considerando la mala base. “Si queremos construir capital humano en igualdad de oportunidad y provocar una distancia sociocultural, tenemos que respaldar a estos jóvenes con los recursos que sean necesarios”, sostuvo.
El diputado Tohá insistió que “limitar este beneficio a la duración formal de la carrera es aberrante por muchos motivos”. Entre otros, mencionó que todo se traduce a una lógica de ganadores y perdedores, se obvia la posibilidad de una potencial enfermedad y el hecho que “un joven de familia acomodada es mucho menos vulnerable a potenciales interrupciones de la carrera”.
“¿Cuántos jóvenes de escasos recursos suspenden transitoriamente sus estudios para trabajar y apoyar económicamente a su familia?”, planteó Tohá.
Para el representante del Frente Amplio, Félix González (PEV), hay que avanzar en la idea de consolidar “la educación como un derecho” y, en ese sentido, comentó que “el debate que ha estado ausente es iniciar un proceso de racionalización de los cupos que se ofrecen por cada carrera, la duración de los pregrados y cuadrar la oferta académica con la demanda laboral y no con la demanda de quienes postulan”.
En opinión de González, “un proceso de racionalización de todo el sistema de educación superior es muy necesario, porque puede ser el camino para la gratuidad universal”.
Leonidas Romero (RN) reconoció la complejidad del tema, pues hay situaciones que muchas veces escapan de las manos de los estudiantes. “Estoy de acuerdo con dar una solución a todos a aquellos que se atrasan un semestre, pero quienes van más allá, un año, por ejemplo, no lo comparto porque no podemos financiar y privilegiar a quienes no se dedican a estudiar”.
Entre quienes se han manifestado contrarios a extender la gratuidad, las opiniones se repiten y apuntan, principalmente, a los argumentos ya expuestos por el Ejecutivo.
Iván Norambuena (UDI) comentó que “el tema de la gratuidad se discutió a fondo en el Parlamento, y quedaron las reglas muy claras para aquellos jóvenes que querían acceder a la gratuidad. No podemos darnos el lujo de seguir invirtiendo recursos públicos en extender la gratuidad y llegar a lo que ocurre en Argentina, donde muchos jóvenes estudiantes pasan años y años en la universidad, sin sacar adelante sus carreras”.
Para Enrique van Rysselberghe (UDI), los recursos “no son infinitos” y, desde el punto de vista de la actual administración, ya existe una definición respecto a que “los niños deben ir primeros en la fila”.
“Para financiar la educación universitaria primero hay que poder acceder a la universidad, y hoy en día hay muchos niños y jóvenes que están destinados a no alcanzar ese anhelo debido a las diferencias de oportunidades que tienen para educarse tempranamente”, sostuvo.
Agregó, que si un estudiante “se atrasa” sigue teniendo la opción de acceder “a becas y créditos blandos, de modo que si cae en ese estado pueda continuar sus estudios en dichas circunstancias si así lo desea”.
Similar opinión comparte Francesca Muñoz (RN), quien cree que si se extiende la gratuidad “se perjudicaría a otros estudiantes que también tienen derecho a obtener beneficios estatales. Si por diversas razones el estudiante no termina en el tiempo correspondiente, hay otras opciones de financiamiento”.
“Habría que dejar en manos de las universidades, los recursos y los criterios para entregar la continuidad de la gratuidad”.
Alejandro Navarro, senador del PRO.
“Limitar este beneficio a la duración formal de la carrera es aberrante”.
Jaime Tohá, diputado PS del Distrito 20.
“Vamos a demostrar que existen partidas que se podrían ocupar, si existe voluntad política, como reasignaciones”.
José Miguel Ortiz, diputado DC del Distrito 20.
“Hay que tener cierta flexibilidad en el tema, sin irse al extremo”.
Sergio Bobadilla, diputado UDI del Distrito 20.
“Un proceso de racionalización de todo el sistema de educación superior es muy necesario”.
Félix González, diputado PEV del Distrito 20.
“Si queremos construir capital humano, tenemos que respaldar a estos jóvenes”.
Gastón Saavedra, diputado PS del Distrito 2o.
“Un año es un plazo prudente y razonable para mantener la gratuidad”.
Manuel Monsalve, diputado PS del Distrito 21.
“Estoy de acuerdo con dar una solución a todos a aquellos que se atrasan un semestre”.
Leonidas Romero, diputado RN del Distrito 20.
“Si el estudiante no termina en el tiempo que corresponde, hay opciones de financiamiento”.
Francesca Muñoz, diputada RN del Distrito 20.
“Se termina dando gratuidad a personas que no ponen todo su talento y esfuerzo en sacar adelante un carrera”.
Jacqueline van Rysselberghe, senadora de la UDI.
“Si un alumno se atrasa (…), sigue pudiendo acceder a becas y créditos blandos”.
Enrique van Rysselberghe, diputado UDI del Distrito 20.
“El tema de la gratuidad se discutió a fondo en el Parlamento, y quedaron las reglas muy claras”.
Iván Norambuena, diputado UDI del Distrito 21.