La idea de autonomía política, a través de la elección de autoridades, sigue siendo lo más significativo en territorios que aún carecen de competencias e independencia financiera.
El 17 de octubre de 2009, casi cinco meses antes de dejar su cargo, la Presidenta Michelle Bachelet, encabezó en la Región del Bío Bío una significativa ceremonia en el Salón Mural de la Intendencia.
La promulgación del proyecto de ley que establecía la elección universal de los consejeros regionales (antes eran elegidos de forma indirecta por los concejales electos) prometía transformarse en el primer gran paso en el objetivo de transformar a las regiones en territorios más empoderados y con mayores competencias. Se trataba, además, de la reforma más importante en materia de descentralización, desde la creación de los gobiernos regionales en abril de 1993, bajo la administración del fallecido presidente, Patricio Aylwin.
La promulgación de la reforma constitucional a la Ley 20.390 de Gobierno Regional fue el inicio de un largo proceso, que a la fecha sigue dando qué hablar, que cada cierto tiempo se vuelve a instalar en la mesa y que genera largas discusiones que, casi siempre, se traducen en espera. Para muestra un botón. Justo después de la administración Bachelet, le correspondió al primer Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, dar forma a la Ley Orgánica que regula la elección directa de los cores.
¿Qué ocurrió? En medio del debate y la imposibilidad de llegar acuerdos, la fecha estipulada para la primera elección, se tuvo que cambiar y el mandato para quienes entonces formaban parte de la instancia política fue prorrogado por un año.
Y esta ha parecido ser la tónica en los últimos diez años y cuatro gobiernos. Es decir, discusiones, aprobación y promulgación de iniciativas en una administración (la de la Concertación y la Nueva Mayoría, bajo el mandato de Michelle Bachelet) y aplicación y puesta en marcha en otra (los dos gobiernos del actual Jefe de Estado, Sebastián Piñera).
De hecho, poco antes de concluir el segundo período presidencial de la doctora socialista, se aprobó la Ley Fortalecimiento de las Regiones (también conocida como de traspaso de competencia), que reconocía la existencia de zonas rezagadas, la creación de áreas metropolitanas y establecía la elección universal de los gobernadores regionales.
En este contexto, este Día de las Regiones, se conmemora con avances importantes en materia legislativa, con deudas importantes (la ley de rentas regionales, quizás, la más importante), y también en pleno proceso de instalación de las medidas que posibilitarán los mencionados avances. Pero, ¿En qué etapa se encuentra la Región del Bío Bío?
“El proceso de instalación ya comenzó. Se está trabajando. Lo anterior, va a significar la instalación de tres nuevas divisiones y un administrador. Lo voy a implementar dentro de los próximos meses, tengo el año para hacerlo, sin duda, que no va a ser todo inmediato”, comentó el intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa.
La máxima autoridad regional, por cierto, aludió a las nuevas divisiones, Fomento Productivo, Desarrollo Social y Transporte e Infraestructura, las que se sumarán a las ya existentes (Planificación, Administración y Finanzas, y Análisis y Control de Gestión).
Lo anterior es parte de la Ley de Fortalecimiento de las Regiones, y serán ellas las que estarán encargadas de administrar las competencias que serán traspasadas a las regiones.
La primera mencionada, Fomento Productivo, es la que contempla un mayor grado de avance considerando que Bío Bío, junto a las regiones de Antofagasta y Los Ríos, fue piloto en esta materia. De todas maneras, Ulloa, se mostró tranquilo al momento de hablar de plazos.
“No existen plazos. Es dentro de este año. Yo me voy a imponer algunos plazos y fechas, pero son mías”, comentó el intendente.
Sin embargo, no todos piensan igual el intendente Ulloa. Esteban Valenzuela, actual académico de la Universidad de Concepción (UdeC) y quien fuera presidente de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (impulsado en el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet), habló de las decepciones del proceso de descentralizador, entre ellas, la instalación de las nuevas divisiones.
“Se ha avanzado, pero hay tres críticas constructivas. El Gobierno todavía no traspasa competencias, y creo que eso está al borde de la ilegalidad, porque está en la ley. Y no lo ha hecho porque, ha pasado más de un año del gobierno, y no ha implementado las tres divisiones nuevas (…). De hecho, estamos estudiando con un grupo de académicos y constitucionalistas, un reclamo, una advertencia al Gobierno y, después los partidos políticos dirán si hay, en el caso el Ministerio del Interior y la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional), un caso de negligencia grave”, sostuvo Valenzuela.
Pero, en opinión el académico, es en el tema financiero donde está la gran deuda. Explicó que todo proceso descentralizador debe considerar las grandes aristas: autonomía política, competencias e independencia financiera.
“En lo fiscal, el Fndr (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), como lo ha dicho la Ocde, es bastante minúsculo. Los gobiernos regionales administran cerca del 5% de la inversión, en Chile. Cuando, en la Ocde es al revés, en casi todos los países, sobre el 50% de la inversión es de administración local y regional”, sostuvo.
Junto con destacar al senador de Valparaíso, Francisco Chahuán (RN), como el único representante del oficialismo que ha alzado la voz en esta materia, el académico de la UdeC, agregó que el marco de la discusión tributaria es propicia para que la actual administración incluya las rentas regionales. “Nadie le va a creer al gobierno que se trata de una situación inviable, o que no va a contar con los votos de la centro izquierda o con el apoyo de los grupos regionalistas”, manifestó.
Octavio Enríquez, presidente Fundación Haciendo Región, comentó que “sin lugar a dudas” existen avances valiosos en materia de descentralización, “pero en ningún caso son reformas que puedan tener un gran impacto por sí solas”.
Henríquez comentó que cualquier medida que propenda a desarrollar y/o fortalecer los territorios “deben ir acompañadas de una agenda holística e integral, que debe comenzar por pasar revista a la naturaleza del Estado, con una redefinición de la división política y administrativa y con un marco financiero general”.
En ese sentido, también aludió a una Ley de Rentas Regionales, pero además, a “una redefinición en los instrumentos financieros necesarios para impulsar el desarrollo de nuestros territorios y corregir la profunda desigualdad existente, que constituye una fractura expuesta que es prioridad ética y moral subsanar”.
“Yo creo que ha faltado voluntad y velocidad. Indudablemente han existido ciertas medidas que propenden a contestar una demanda, pero que son absolutamente insuficientes”.
La declaración anterior es del presidente de Corbiobío, Andrés Cruz, quien es crítico de lo aprobado en la Ley de Fortalecimiento de las Regiones, pues en su opinión siguen siendo poco claras las atribuciones que tendrá el gobernador regional ( futura máxima autoridad en la Región) y, por cierto, tampoco contará con “una cantidad de recursos que sea determinante para los efectos de conducir los destinos de la Región”.
Cruz recordó que traspasar competencia e instalar nuevas divisiones implican acciones, incluso, domésticas, como contar con personal adecuado e infraestructura. En ese sentido, dijo, “estamos al debe”. Por ello valoró la presión que han ejercido algunos parlamentarios y también calificó de esencial las acciones que puedan emprender “grupo intermedios” como Corbiobío.
Augusto Parra, presidente de la Fundación República en Marcha, dijo valorar la elección de gobernadores regionales y la idea de traspaso de competencias, sin embargo, “consideramos que una verdadera descentralización política requiere de un marco constitucional y normativo que entregue mayor independencia fiscal, financiera, jurídica y legislativa a los gobiernos regionales”.
Para Martín Zilic, quien fuera intendente bajo la administración del Presidente Eduardo Frei, hay un hecho positivo: “ha existido un proceso de entender que las regiones necesitan mayor autonomía”.
No obstante, comentó que la “sensación o percepción que tenemos en la Región, es que no hemos avanzado en acciones para llevar adelante esa idea de que la descentralización es importante. No hay mayor traspaso de competencia y lo estamos viendo, prácticamente, todos los días. Eso está claro”.
En opinión de Zilic, el mejor ejemplo de lo expuesto, es el aún inconcluso puente Chacabuco. Dijo, que lo anterior, cambiará cuando existan autoridades realmente empoderadas.
El ex intendente y actual diputado del Distrito 20, Jaime Tohá, que fue parte de la comisión presidencial en Descentralización ideado en el Gobierno de Bachelet, dijo “que hay una deuda inmensa, qué duda cabe, desde el gobierno del Presidente (Ricardo) Lagos y desde la Región, donde hubo manifestaciones de decisión política de avanzar (en descentralización), pero posteriormente el régimen político, como expresión global, se encargó de frenarlo”.
Para Tohá siempre hay una excusa para no avanzar, pero “lo más importante es la elección de la autoridad por votación popular y, felizmente, eso está. De eso tenemos que agarrarnos para trabajar en los avances que serán necesarios para los próximos años”.
El ex intendente, Rodrigo Díaz, recordó que la Ley de Fortalecimiento de las Regiones, no sólo estableció el traspaso de competencias, sino que también la creación de áreas metropolitanas y las zonas de rezago y “la actual administración debe ir implementando la ley, de acuerdo a lo aprobado”.
“Tengo la impresión que los últimos 10 años se ha avanzado”, comentó, y recordó también la elección de cores y la modernización de las plantas municipales.
Agregó que “la constante de quienes vivimos en regiones es que tenemos conciencia de que no podemos contar con autoridades que duran poco en el ejercicio en el cargo”, por ello sostuvo que la elección de gobernadores es una gran oportunidad.