Cifra fue entregada por el Mineduc, teniendo consideración que a nivel nacional, 27 mil estudiantes han perdido el beneficio. Rectores piden modificaciones a la actual normativa.
Inicia otro año académico en l s universidades y uno de los principales beneficios para financiar este paso por la educación superior es la gratuidad. Una conquista estudiantil que, por cierto, tiene sus bemoles y que está generando alarma entre los rectores. A nivel nacional, son cerca de 27 mil jóvenes los que han perdido este beneficio por atrasarse en los años correspondientes a cada plan de estudios.
Desde la seremi de Educación, contabilizan que en la Región del Bío Bío, son 3.610 estudiantes los que se quedaron sin la gratuidad, lo que representa a nivel nacional un 13,1% del total, quedando en un segundo lugar, junto a Valparaíso y atrás de la Región Metropolitana, que lidera el ranking.
Según la normativa vigente, cuando un estudiante pierde la gratuidad por atrasarse en los estudios, la universidad deberá pagar el 50% del arancel real, y el estudiante el resto, y lo puede hacer mediante Fondo Solidario o Crédito con Aval del Estado, por lo que deben completar el Fuas hasta el 14 de marzo.
El seremi de Educación, Fernando Peña, explica que “los alumnos que exceden la duración formal, pueden acceder a Fondo Solidario o Crédito con Aval, pero no a becas”.
La situación ha generado preocupación en las universidades con gratuidad en la zona, no solo por la continuidad de los alumnos, sino también porque implica una carga adicional para las casas de estudio. Consultado sobre el tema, Carlos Saavedra, rector de la UdeC, fue categórico: “Las universidades van a poder cobrar solo el 50% de los costos reales de formación de los estudiantes, lo cual es insostenible a lo largo del tiempo. Nada garantiza que obtengan mecanismos de créditos complementarios que permitan completar los estudios”.
A juicio del rector UdeC, la versión final de la Ley, que no incorpora financiamiento posterior al tiempo ideal de duración de las carreras universitarias, es un retroceso. “Esto genera dificultades, no solo para el financiamiento y funcionamiento de las instituciones, sino que pone en riesgo todas las tasas de permanencia de estudio”, recalcó.
Por su parte, Christian Schmitz, rector de la Ucsc, explica que 1.200 estudiantes se encuentran en esta situación, un 9% del total, y que la mayoría se concentra en las carreras de ingeniería. “Esto genera una desprotección social y económica que no estaba prevista para las familias que están detrás de estos alumnos. Esto es la letra chica de la reforma educacional”, manifestó la autoridad académica.
Los rectores de casas universitarias penquistas insisten que es urgente introducir cambios a la actual normativa.
Christian Schmitz de la Ucsc acusó intransigencia del Ejecutivo. “Hemos hecho presente en varias ocasiones este planteamiento al Ministerio y no hay muchas señales de que se vaya a cambiar”.
Similares planteamientos tiene el rector Saavedra, de la UdeC: “Haremos lo imposible, para que esto se modifique prontamente, porque pone en riesgo a los estudiantes, la inversión que ha hecho el país al financiar gratuidad y el funcionamiento de las instituciones de educación superior”.
Mauricio Cataldo, rector de la Universidad del Bío Bío, indicó a La Tercera que para este punto ya tienen trabajo adelantado conversando con parlamentarios para sensibilizarlos con este tema. “El Cruch está proponiendo que el período de cobertura se alargue en un año, pues es normal que los estudiantes se atrasen”, declaró.
Desde la Seremi de Educación, comentaron que “el Gobierno ha manifestado que las prioridades están en ampliar al séptimo decil en CFT e IP, además de eliminar el CAE y crear un sistema único de financiamiento y este escenario estaba previsto por la ley”.