Salvo excepciones, parlamentarios de distintos sectores se han mostrado temerosos de que se les apunte y han preferido rehuir el tema. Desde el oficialismo, reconocen que el Ejecutivo ha actuado erráticamente en el “conflicto de la Jibia”.
Hace unos días, el senador del Bío Bío Alejandro Navarro (PRO) apeló a un acuerdo entre artesanales e industriales y poder zanjar el conflicto en torno al producto jibia. El diputado Leonidas Romero (RN), integrante de la comisión de Pesca, apareció criticando al gobierno, pero no ha habido mucho más intervenciones parlamentarias en un tema que ha movilizado a cientos de trabajadores de la pesca, de una y otra trinchera, y afectado la normalidad de desplazamiento en varias comunas de la provincia.
En efecto, uno de los temas que ha llamado la atención en medio de las masivas manifestaciones de pescadores y trabajadores de la industria pesquera, ha sido la ausencia de opinión política. Vacío de poder que, al parecer, no sólo se ha manifestado en el poder legislativo, salpicado por las investigaciones de financiamiento ilegal de campañas, sino también en reparticiones locales del poder ejecutivo, que pudieron haber desempeñado un rol más protagónico.
“Creo que (el vacío) viene del poder central que ha obrado con perplejidad, con temor a abrirse otro flanco en el que puede aparecer débil, más aún, tomando en consideración los cuestionamientos existentes a la actual Ley de Pesca”, dijo el analista político y presidente de Corbiobío, Andrés Cruz.
Consultado al respecto, el abogado opina que se aprecia cierto temor de los parlamentarios de involucrarse en el tema, justamente por las investigaciones en curso, pero, además, “por las consecuencias políticas de tomar partido por uno u otro. Están los trabajadores de la pesca industrial que serán los más afectados y no necesariamente los artesanales son los más débiles y sin recursos”.
Consultados algunos parlamentarios, las opiniones varían.
Sin embargo, desde el oficialismo se evidencia el reconocimiento de cierto temor por las indagaciones del Ministerio Público y, no sólo eso, también la actuación errática del Ejecutivo.
Por cierto, los parlamentarios del bloque de gobierno que fueron consultados, sin excepción, prefirieron mantener su nombre en reserva. El tema, efectivamente, complica al oficialismo. Y es que quedar bien con unos, es restar méritos a otros.
“Creo que este tema se conversó poco, de hecho, con nosotros no conversó nadie”, dijo un parlamentario de Chile Vamos, quien, además, reconoció el temor de sostener reuniones con sectores de la Pesca, por las investigaciones en curso.
Agregó que “yo creo que esto sirve para que nos demos cuenta qué es la Ley de Pesca. Para decirlo en simple, la jibia es un producto y tiene tremendas diferencias en distintos sectores, todos protestando, y así se votó la ley. Nadie analizó, no hubo acuerdo, porque te pegaban de un lado u otro. Y así los de gobierno votaban de una forma, y la oposición de otra”.
Quienes sí dieron a conocer sus opiniones explícitamente fueron los diputados socialistas, Gastón Saavedra y Manuel Monsalve.
El primero, dijo que los diputados están para legislar y en eso “hemos estado”. Recordó que cuando se votó la nulidad de la Ley Longueira, en la comisión de Legislación y Justicia de la Cámara, todos los representantes opositores concurrieron con su voto a favor. En el oficialismo, sólo estuvo Luciano Cruz-Coke.
Para el legislador, el tema de fondo es el fin de la actual Ley y, en ese sentido, dijo que el gobierno no ha manifestado interés. Saavedra, además, es crítico del actuar de las autoridades, en particular, del subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, y de su jefe, el ministro de Economía, José Ramón Valente.
“Hay un vacío de poder. Es absolutamente tardía la reacción del gobierno para tratar de contener una ley que se inicia con una moción parlamentaria, hace mucho tiempo. Una de las cosas que tiene que ocurrir es que el subsecretario de Pesca se tiene que ir”, emplazó.
El diputado Monsalve, en tanto, comentó que “sin una nueva ley de pesca enfrentaremos reiterados conflictos. La ‘ley Longueira’ privilegia los intereses de la industria y, mientras eso no cambie, el sector se mantendrá en tensión”, comentó, explicitando su postura.