No podemos reconocer los errores en aquellos que nos representan y tampoco podemos destacar lo positivo de quienes están en el otro lado del espectro. ¿Hay mejor ejemplo de pequeñez?
Constanza Fernández Danceanu
Chile se ha transformado en el país del empate. Cuando alguien de un color político comete un error, sus partidarios lo justifican con algo similar que hizo alguien del color contrario. El nombramiento de Francisca Bachelet como agregada comercial en Nueva York sin tener méritos suficientes para desempeñar el cargo por parte del Presidente Piñera se empata con el nombramiento de Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado sin tener méritos suficientes para desempeñar el cargo por parte de la Presidenta Bachelet. La polera de Gabriel Boric con el rostro de Jaime Guzmán asesinado se empata con la polera que leía “Pinochet’s Helicopter Tours” usada por un seguidor de José Antonio Kast con el que este se sacó una fotografía. El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca bajo el mando de Piñera se empata con el de Matías Catrileo bajo el mando de Bachelet.
Entre tanto empate, los partidarios de uno y otro lado solo intentan justificar lo injustificable, encontrando la paja en el ojo ajeno, pero sin considerar la viga en el propio. Y la inevitable consecuencia es que nadie se hace responsable de su actuar. Boric pidió disculpas, Kast señaló que no vio la polera cuando quien la usaba le pidió la foto, tanto Bachelet como Blanco renunciaron. Pero el daño queda. La descriminalización de un asesinato, la relativización de los derechos humanos, y el nepotismo se instalan como realidades, y pareciera que la ciudadanía no tiene más que aceptarlas.
Cuando no hay un mea culpa por parte de nuestras autoridades, lo que se quiebra es la confianza en la política. La gente pierde interés en elegir a sus representantes, ya que “todos son iguales”. De hecho, el factor “participación política” es el que dejó a Chile en el lugar número 23 del Índice de Democracia 2018 realizado por el prestigioso periódico británico, The Economist. Los 20 primeros lugares se clasifican como ‘democracias plenas’. La siguiente categoría –que incluye a nuestro país– se denomina ‘democracias defectuosas’. Y es realmente cierto, vivimos bajo una democracia defectuosa.
Más allá del prestigio internacional, que dicho sea de paso es fundamental para nuestra economía, el problema de la falta de accountability (responsabilidad política) es que los actos ilícitos se normalizan, por lo que tienden a repetirse. Una y otra vez. Al punto de que ya no indignan, porque nadie espera más de nuestros políticos.
Si lográramos juzgarnos a nosotros mismos con el estándar que juzgamos a los demás, Chile podría mejorar enormemente. Pero si no caemos en el juego del empate, caemos en el del ninguneo, que es incluso peor. Irritación se produjo en la derecha cuando Michelle Bachelet fue nombrada Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos días, antes voces que han propuesto su nombre como futura presidenta del Banco Mundial, la reacción fue la misma. Renovación Nacional incluso envió una carta al Banco Mundial en que detallan los resultados económicos del Gobierno de Bachelet.
Por su parte, cuando el Gobierno ha condenado las violaciones a los derechos humanos en países como Nicaragua o Cuba, la izquierda ha contestado con que este no tiene autoridad moral para juzgar.
No podemos reconocer los errores en aquellos que nos representan y tampoco podemos destacar lo positivo de quienes están en el otro lado del espectro. ¿Hay mejor ejemplo de pequeñez?
En el país del norte, fiel a su estilo, llevan este juego al siguiente nivel. Si el Congreso y el Presidente no logran ponerse de acuerdo respecto al presupuesto federal antes de que termine el ciclo existente, se produce un shutdown, o cierre de la Administración. Esto significa que el gobierno suspende la prestación de todos los servicios públicos menos los considerados como esenciales, dejando a un gran número de empleados públicos sin ejercer sus funciones y, por lo tanto, sin ser remunerados.
El actual cierre comenzó el 22 de diciembre, debido a la negativa demócrata de autorizar cinco mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México y la oposición del Presidente Trump a promulgar leyes que no impliquen dicha suma para el muro. Este es el tercer shutdown de Trump, y el más largo de la historia de Estados Unidos.
Ante cuestionamientos sobre la promesa de campaña de Trump en la que aseguraba que México pagaría por el muro, este señaló que nunca quiso decir que sus vecinos mandarían un cheque, pero que pagarán de forma indirecta con lo que EE. UU. se ahorrará con el nuevo acuerdo comercial “AEUMC” (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), que reemplazará al TLCAN (o NAFTA, por sus siglas en inglés), el que debe ser aproado por el Congreso.
Mientras la derecha e la izquierda discuten, el ciudadano de a pie sufre. Pareciera que en algo nos parecemos al país del norte.
Uno de los pocos temas que hoy por hoy ha generado consenso es la ilegalidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó esta semana una resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato de Maduro. Incluso países del ALBA, la Alianza de países con gobiernos basados en doctrinas de izquierda de Latinoamérica y El Caribe creada por el expresidente venezolano Hugo Chávez en 2004, votaron a favor de la resolución o se abstuvieron de votar. Esto es una señal importante. El aislamiento con el que se encontrará Maduro debería generar un debilitamiento aún mayor en su gobierno, lo que podría desencadenar en su salida.
Chile y decenas de otros países emitieron declaraciones señalando que no reconocerán al régimen político de Maduro en Venezuela, y dando su respaldo a la Asamblea Nacional, esto es, al Parlamento, de mayoría opositora, al que le correspondería la autoridad ejecutiva ante la ilegalidad de las elecciones que mantendrían en el poder a Maduro hasta 2025.
Al respecto, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, señaló que “las elecciones presidenciales celebradas el pasado mayo en Venezuela no fueron ni libres ni justas. Sus resultados carecieron de credibilidad”.
Llamar dictadura al régimen de Maduro es un paso importante para dejar de relativizar el autoritarismo. Sea una dictadura de derecha o de izquierda, la usurpación del poder debe ser condenada. También debe serlo el nepotismo, la descriminalización de un asesinato, y la relativización de los derechos humanos. No importa del lado de donde vengan.