Política

Comuneros demandan al Estado por ataque policial tras hurto de madera

Los hechos se remontan a 2015, cuando ambas personas resultaron con lesiones permanentes tras el procedimiento de carabineros.

Por: Marcelo Castro | 04 de Enero 2019
Fotografía: Carolina Echagüe M.

Una millonaria indemnización al Estado de Chile por 400 millones de pesos están pidiendo dos comuneros mapuche que resultaron con lesiones, tras un ataque ocurrido en Tirúa el año 2015.

Los hechos se remontan al 14 de enero de ese año, cuando los comuneros Martín Marileo y Gastón Antileo fueron involucrados en un caso de hurto de madera al interior del Fundo Cañihual, perteneciente a Forestal Mininco. Durante el procedimiento policial, ambos fueron heridos; Marileo en su pierna izquierda, en donde recibió un balazo a quemarropa, y Gastón Antileo tuvo impacto de perdigones en uno de sus ojos, lo que derivó en la pérdida de visión.

Tras este episodio, ambos comuneros debieron enfrentar durante 2015 y 2016 dos juicios orales, en donde el Ministerio Público no logró acreditar su participación en el supuesto delito ocurrido de hurto de madera, por lo que fueron absueltos en juicios simplificados.

A cuatro años de los hechos, los afectados  llegaron hasta la Fiscalía Regional en Concepción para pedir la formalización de cargos en contra de los funcionarios policiales involucrados en el procedimiento que terminó con las lesiones de los comuneros.

Si bien la intención de ellos era reunirse con Marcela Cartagena, ella no se encontraba en el recinto, por lo que el encuentro fue con el fiscal Juan Yáñez, quien está a cargo de las causas ligadas al conflicto mapuche.

Tras la cita con el fiscal que lleva la causa, una de las víctimas, Martín Marileo, expresó que “acá hay muchas personas ciegas y esta lucha es por todos. Nosotros queremos que un fiscal de Derechos Humanos se haga cargo de nuestra causa, nos hacen un daño mental tras pasar por esto ”.

“No hay pruebas”

El persecutor Juan Yáñez comentó a los medios de comunicación que hasta la fecha no  ha formulado cargos en contra de los policías involucrados a raíz de que no existen las pruebas suficientes en la carpeta investigativa.

“Tras dos años, las víctimas se acercaron a conversar con el fiscal. Hay una diligencia pendiente e ir a hacerla bajo estas circunstancias es complicado. Ellos vinieron a exigir una formalización y, por ahora, los antecedentes no ameritan una formalización y eso puede llevar a una sobre victimización… pero entiendo su postura”, indicó el persecutor.

Hay una pericia pendiente que es una reconstitución de escena, la que se realizará el próximo 11 de enero.

Demanda contra el Estado

En la Corte de Apelaciones de Concepción, ambos comuneros presentaron una demanda civil en contra del Estado por daño moral y lucro cesante, tras el episodio.

De acuerdo al abogado Juan José Galaz, sus representados “fueron abordados de forma violenta, arbitraria e injustificada por funcionarios del Gope, se busca indemnización por daño moral cercana a los 200 millones de pesos para cada uno, por daño moral y lucro cesante, ya que quedaron limitados para trabajar”.

Mientras que el vocero de la comunidad Antonio Paillao, Pedro Marileo, comentó sobre la demanda que “esto tiene que ver con la falta de justicia y atención, no ha habido preocupación de Estado por brindar justicia ni reparación a favor de los comuneros”.

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