La posverdad, el populismo y la ignorancia han sido los protagonistas de la decisión del gobierno de no apoyar el Pacto Mundial sobre Migración.
Constanza Fernández Danceanu
Abogada y Analista Internacional
Han pasado más de dos décadas desde el retorno a la democracia, período en que el país ha visto una sana alternancia en el poder. Los partidos políticos gobernantes habían entendido que la ropa sucia se lava en casa, y habían logrado mantener una política exterior de Estado, es decir, que trascendía el color político del gobierno de turno. Así pudimos demostrarlo en los juicios sostenidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde cada exjefe de Estado se mostró públicamente apoyando las decisiones del presidente del momento. Así es como debería actuar un país serio y responsable, especialmente un país pequeño que a nivel internacional solo se vale de su prestigio para negociar y sostener su posición.
Casi treinta años han pasado, en los cuales hemos tenido siete administraciones encabezadas por cinco presidentes, en los que Chile ha conseguido una reputación internacional que le ha permitido firmar Tratados de Libre Comercio con las principales potencias mundiales, atraer inversión extranjera, y ser visto como un buen potencial inversor. Pero la era del populismo trumpiano ha calado hondo en nuestras autoridades, dejando una mancha indeleble en nuestro historial. La política de Estado en Chile se acabó. Hoy somos parte de un grupo de países con los que no se podrá negociar a largo plazo, ya que no se sabe si el gobierno de turno responderá ante los compromisos adquiridos por el gobierno anterior. Lo que es peor, no se puede negociar con Chile ni siquiera a corto plazo, porque no se sabe si el gobierno de turno responderá por los compromisos que él mismo adquirió.
Esta semana hemos escuchado frases tan desafortunadas como que “los países serios se están saliendo de la ONU”, y, mi favorita, “Chile tiene que salirse de los derechos humanos”. Estas afirmaciones solo demuestran ignorancia en torno a temas básicos que deberían ser una asignatura obligatoria en la escuela. Esa necesidad de plantear que los derechos humanos son algo inventado por la izquierda y que solo dicen relación con el ‘73, es una de las mayores trampas en las que la gente cae a diario en Chile. ¿Apoyar el sistema de promoción y protección de los derechos humanos significa renunciar a parte de nuestra soberanía nacional? Sí, claro. Pero entendamos que es así debido a que la persona debe estar por sobre el Estado. El Estado es el garante de los derechos que las personas tenemos de forma inherente, por el hecho de ser personas, seamos de izquierda o de derecha.
Lo que más llama la atención es que este mar de “expertos” apareció precisamente cuando se conmemoraron 70 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y parece que la expertise no es la suficiente para al menos haber leído el texto al que se oponen. El Pacto Mundial sobre Migración, o Pacto de Marrakech, es un manual de buenas prácticas cuyo objetivo es generar cooperación internacional en materia de migración. Se ha sostenido que con respaldarlo se abriría las puertas a migrantes irregulares y se adquiriría el compromiso de recibir a más extranjeros. Cabe aclarar que los Estados que lo respaldan conservan su soberanía para decidir a quién admite en su territorio. De hecho, uno de los ejes principales es acabar con la migración irregular, para lo cual incluso se busca que los Estados cooperen en materia de control fronterizo. Y, como simple manual, el documento no entrega directrices para aumentar el número de migrantes.
El gobierno ha señalado que en su opinión “la migración no es un derecho humano”. Con esta línea argumentativa han cerrado las puertas a la adopción de Pacto. Me quiero detener tanto en la forma como en el fondo. Respecto al fondo, cuando se trata de temas jurídicos, las opiniones no importan, lo relevante es el derecho. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (estos dos últimos tratados internacionales vinculantes ratificados por Chile) señalan que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y que tiene, además, el derecho a salir de cualquier país, y a regresar al suyo. Así, el acto de entrar al territorio de un tercer Estado no es un derecho, pero eso no significa que el migrante, como ser humano, no deba recibir protección por parte del Estado en el que se encuentre. El problema del fraseo del argumento, y entro aquí a la forma, es que da a entender que el Pacto estaría creando derechos, lo que no es así. El documento literalmente indica que “nos comprometemos a garantizar que todos los migrantes, independientemente de su estado migratorio, puedan ejercer sus derechos humanos a través de un acceso seguro a los servicios básicos”. Como ya fue señalado, esto es simplemente reafirmar aquello a lo que Chile ya está obligado.
El derecho internacional en algunas oportunidades puede hacerse confuso por el uso del lenguaje. Vale aclarar que el Pacto de Marrakech no es un tratado internacional vinculante, es decir, que genera obligaciones para los países que lo ratifican, sino que es una declaración política, lo que significa que los Estados parte del documento se comprometen a seguir las directrices del instrumento, pero sin que nazca responsabilidad internacional de él. La firma de este pacto era un simbolismo político, una declaración de buenas intenciones y una muestra de apertura a la cooperación internacional. Lo planteo de esta forma, porque Chile ya se encuentra obligado a respetar los derechos de los migrantes, debido a que somos parte de los Tratados ya citados, como también de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
El Presidente Piñera destacó que “siempre voy a privilegiar el interés de Chile y los chilenos y no el interés de los funcionarios o de algunos organismos internacionales” y que “no vamos a aceptar presiones de funcionarios de organismos internacionales. Sabemos que por razones obvias ellos quieren estar en buena con los organismos internacionales, pero yo prefiero estar en buena con el país”. El nivel de populismo de la primera cita, y de resentimiento de la segunda es tal, que me cuesta creer que esto está pasando en Chile. Me sorprende que el papel protagónico de la expresidenta Michelle Bachelet en Naciones Unidas provoque que todo un sector político del país cuestione a un organismo que ha traído paz y seguridad en sus más de 70 años de existencia, y del que Chile fue miembro fundador. Hasta hace solo una semana el tener a un connacional trabajando en un organismo internacional era un honor, pero la politiquería parece estar triunfando sobre los valores. Las encuestas parecen importar más que los principios.
Para entender el desarrollo histórico del reconocimiento a los derechos humanos la doctrina los agrupa en ‘generaciones’. Los de ‘primera generación’ son los derechos civiles y políticos, reconocidos como consecuencia de la Revolución Francesa, dentro de lo que encontramos el derecho a la vida, a no ser torturado, a la libertad de religión, prensa y asamblea, y a elegir y ser elegido en como funcionario público, entre otros. Los de ‘segunda generación’ se reconocen luego de la Revolución Industrial y dicen relación con derechos económicos, sociales y culturales, tales como el acceso a la educación, a la salud y a un trabajo remunerado. De lo que se habla poco es de aquellos de ‘tercera generación’. Estos se comienzan a reconocer en el siglo XX debido a la globalización, como derechos de los pueblos, siendo su titular no cada individuo, sino que la sociedad en su conjunto. Aquí encontramos el derecho a vivir en paz, en un ambiente libre de contaminación, y al desarrollo sostenido. Esta división es útil para efectos académicos, pero es importante tener cuenta que no existe jerarquía entre ellos, es decir, las tres generaciones de derechos están en el mismo nivel y, por tanto, deben promoverse y protegerse de igual manera.
Es relevante entender cómo surge la escrituración de los derechos humanos para comprender la importancia de la firma de un pacto como el de Marrakech. Las problemáticas actuales dicen relación con derechos de tercera generación, los cuales no se pueden resolver a nivel nacional. Es imposible para un Estado garantizar el derecho de sus ciudadanos a la paz si otro Estado le declara la guerra; es imposible asegurar vivir en un ambiente libre de contaminación si otros Estados contaminan; y es imposible tener un desarrollo sostenible sin cooperación internacional, sin fortalecer lazos con el resto del mundo para garantizar un real progreso. Esto, hoy por hoy, tiene como protagonista al tema migratorio.
¿No me cree que es un problema global? Según cifras oficiales de la ACNUR –la Agencia de la ONU para los Refugiados– 68.500.000 personas fueron desplazadas durante 2017, y el 2018 no fue mejor. Súmele a ellos los migrantes económicos, aquellos que buscan mejores oportunidades que las que su país les puede brindar, que son el tipo de migrante que mayoritariamente recibe Chile. ¿Sigue pensando que no apoyar el Pacto resuelve todos los problemas de Chile en materia migratoria? Lamentablemente, nada es tan simple. Esta decisión solo nos resta, no nos beneficia en nada.