Fernando Peña, titular del Mineduc en la zona, respaldó la agenda de “Convivencia Escolar”, proyecto que resultó tras el paso de “Aula Segura” por el Senado.
Estamos contentos, no podemos desconocer la alegría que nos genera que este proyecto de ley vaya avanzando”, afirma el seremi de Educación del Bío Bío, Fernando Peña, tras el despacho de “Aula Segura” por parte del Senado.
La iniciativa incorporó una serie de indicaciones consensuadas entre el oficialismo y la oposición, no obstante, mantuvo el espíritu central de su propuesta: entregar mayores facultades a directivos para expulsar a estudiantes que incurran en actos graves de violencia.
El texto también sufrió un cambio de denominación. Hoy se le rotula “Convivencia Escolar”, luego de que, anteriormente, la Comisión de Educación del Senado optara por calificarlo de “Aula Democrática”.
– El proyecto surge de un problema que estalla en Santiago. ¿No peca de centralista?
– Atiende una realidad que no sólo ocurre en los liceos emblemáticos de Santiago, sino que también es parte de los problemas que tenemos en regiones, considerando, por ejemplo, que en lo que va de 2018 ya se han registrado 25 denuncias de ataques contra profesores, de alumnos y apoderados, en la Región. Por lo tanto, esta es una situación que, efectivamente, es parte de la realidad cotidiana de muchas escuelas, sobre todo, de escuelas vulnerables, en donde nuestros profesores hacen un sacrificio tremendo.
– Esos alumnos de la Región que registran ataques, con la ley en curso, ¿estarían expulsados?
– Esa es una decisión que le compete, principalmente, a los directores por una razón muy sencilla: quienes finalmente tienen la obligación de resguardar la convivencia escolar al interior de los establecimientos, son los directores. Si en la implementación futura de esta ley vamos a estar frente a casos de expulsión, va a depender principalmente de la gravedad y del criterio que usen los mismos directores.
– ¿Y en la Región hay casos extremos de violencia como los conocidos en Santiago?
– Quienes criticaban el proyecto señalando el centralismo de la iniciativa, lo hacen sin saber y sin conocimiento de causa de que el problema de la violencia es un problema más usual y cotidiano de lo que nosotros quisiéramos al interior de nuestras comunidades. La cifra de denuncias que reporta la superintendencia es la cifra de quienes se atreven a denunciar, pero hay muchas personas, especialmente, profesores, que no se atreven a denunciar por vergüenza. Se han ido normalizando situaciones que sin duda no corresponden.
– Parlamentarios de oposición afirman que “Aula Segura” no se hace cargo del problema fondo y es más bien efectismo político.
– Quienes por desconocimiento o por razones políticas han querido torpedear el proyecto, no conocen las causas de fondo y muchas veces la realidad social en la que las familias conviven en las escuelas públicas. Es parte justamente del problema que explica la fuga y explica el deterioro progresivo de la educación pública. Parte del problema de fondo, acá, es que las familias necesitan confiar en la educación pública como un lugar donde exista disciplina, cumplimiento de normas y ejercicio de la autoridad.
– ¿Qué pasa con el derecho a la educación del adolescente agresor?
– El sistema de admisión escolar no discrimina a alumnos expulsados, sólo está la limitante de que no puede postular al mismo establecimiento, pero no es un criterio de selección para el sistema. El estudiante que quiere terminar de forma satisfactoria su ciclo puede hacerlo en cualquier establecimiento. Lo que hace el sistema es dar todas las oportunidades. Nosotros vamos a incentivar ese proceso acompañando a través de los equipos psicosociales de las instituciones.
– ¿Cree necesario ampliar la mirada cuando se da cuenta de los entornos de violencia?
– Es necesario articular estrategias de acompañamiento que desborden el ámbito de acción estrictamente escolar. Hay que buscar apoyo en otros servicios públicos, sobre todo, en aquellos que se especializan en materia de salud mental para que, efectivamente, se mitigue lo máximo posible ese comportamiento. La sanción es parte del proceso educativo al que tienen que estar sometidos nuestros estudiantes, porque así como tienen derechos, tienen deberes.