Política

El Estado moderno y los DDHH, un imperativo por sobre el color político

Ignorar el sentido de la creación del Estado como lo conocemos hoy ha llevado a menospreciar la importancia del concepto ‘derechos humanos’. Luego de ataques mutuos entre oficialismo y oposición, vale la pena detenerse a entender por qué es un tema de la más alta relevancia hoy.

Por: Diario Concepción | 16 de Septiembre 2018
Fotografía: Cedida

Constanza Fernández Danceanu
Abogada y Analista Internacional
Desde Croacia.

Hace unos días conmemoramos 45 años del golpe militar. Este año el 11 de septiembre trajo consigo –aún más que en años anteriores– la discusión sobre la relevancia de los derechos humanos. Las semanas que lo antecedieron fueron marcadas por polémicas con relación a la importancia del Museo de la Memoria, al eventual Museo de la Democracia, a la sobrevaloración de los contextos, e incluso por aberrantes comparaciones con cómo supuestamente Alemania dejó las consecuencias del nazismo atrás, intentando justificar el deseo de algunos de no recordar esta fecha que indudablemente marcó la historia de nuestro país.

Considerando que hoy una chilena está a la cabeza de la Oficina más importante de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos, el país debería estar a la vanguardia en estas temáticas. Muchos cuestionaron cómo el color político de Michelle Bachelet afectaría su desempeño en el cargo, pero el discurso que pronunció en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, llamando al órgano a “tomar todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua”, debió haber servido para acallar incluso a los más escépticos.

¿Cómo se creó el Estado como lo conocemos hoy?

Probablemente, el problema en Chile radica en el desconocimiento (provocado por la falta de clases obligatorias de educación cívica, y el menosprecio a la filosofía – ¿cómo es posible que hoy los niños no lean a Rousseau o a Hobbes?). Muchos ignoran cuál fue el origen del concepto de Estado moderno, y, por tanto, no pueden ver la real importancia del respeto a los derechos humanos.

Un ejemplo de este desconocimiento es la típica frase “pero, ¿quién defiende los derechos humanos de los Carabineros? Un Carabinero es el Estado. Cuando este abusa de su poder y agrede a un ciudadano, es el Estado quien está violando un acuerdo tácito con los ciudadanos que permitió su creación. Por supuesto que el individuo que agrede al Carabinero está cometiendo un delito, pero este no es ni más ni menos grave que si agrediera a otro ciudadano. La violencia contra a un Carabinero es condenable como delito, pero la violencia de un Carabinero hacia un ciudadano es una violación de derechos humanos y el Estado es responsable. Así de simple.

El Estado como lo entendemos hoy no es algo natural, es decir, los seres humanos no tenemos la tendencia innata de someternos a un soberano que dicta leyes y políticas. El surgimiento del Estado moderno se remonta a 1648 con los Tratados de Westfalia, a partir de los cuales se concibe la idea de entregar soberanía a los Estados a través de un reconocimiento a su personalidad jurídica, lo que les permitiría relacionarse entre sí, principalmente a través de tratados de paz, pactos limítrofes, y acuerdos comerciales.

Esta soberanía es entregada por los ciudadanos. Significa que cada uno de nosotros renuncia a parte de nuestra libertad a cambio de seguridad. En ese entonces el objetivo principal era terminar la Guerra de los Treinta Años en Alemania y de los Ochenta Años en Países Bajos y España. Limitar nuestra total libertad, a través del respeto a las decisiones de un monarca (que con el tiempo derivó en los tres poderes del Estado que conocemos hoy: ejecutivo, legislativo y judicial) a cambio de paz, seguridad e igualdad en el acceso a los derechos parecía un precio justo. Por ello el Estado debe promover y proteger nuestros derechos básicos, para ello fue creado.

Quienes hayan vivido (o estudiado) la época de la Guerra Fría, recordarán la famosa frase del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien en su discurso inaugural en 1961 llamó a sus ciudadanos a cuestionarse “no lo que su país podría hacer por ellos, sino lo que ellos podían hacer por su país”. La frase es pegajosa y consiguió que muchos estadounidenses se enrolaran en el ejército para ser parte en la Guerra de Vietnam, pero conceptualmente es totalmente errada.

No somos nosotros los que tenemos que hacer algo por nuestro país, nosotros somos nuestro país. Nosotros decidimos renunciar a parte de nuestras libertades para poder vivir civilizadamente en sociedad, es por ello que acatamos leyes y pagamos impuestos. A cambio, el Estado debe asegurarnos el acceso a derechos básicos, consagrados normalmente en la Constitución y, además, en Tratados Internacionales que son entendidos como leyes de la República una vez ratificados.

Relevancia actual

Chile es parte de cada uno de los nueve tratados básicos en materia de derechos humanos. Estos son tan importantes que tienen rango constitucional, es decir, deben aplicarse incluso por sobre el contenido de las leyes chilenas en caso de existir alguna contradicción. Estos tratados abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; derechos específicos de sectores vulnerables, como los niños, las mujeres, los trabajadores migratorios, y las personas con discapacidad; y temáticas particularmente graves, como la discriminación racial, la tortura y las desapariciones forzadas.

El derecho a la verdad y a la memoria son tan relevantes como el derecho a no ser torturado o a no ser víctima de una desaparición forzada. Pero cuando hablamos de derechos humanos también nos referimos a normas tan básicas como el derecho a una nacionalidad y a un nombre, al acceso a la salud y educación, al derecho a votar y a ser votado, a la libertad de expresión, movimiento, religión y prensa. Y aunque estos parecieran irrelevantes por su obviedad, lamentablemente el siglo XXI ha traído consigo el concepto de la posverdad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto de moda las “fake news”, noticias que él denomina de falsas, normalmente sin ninguna prueba para desmentirlas.

Hace unos días llegó al extremo de señalar vía Twitter que en los huracanes que azotaron a Puerto Rico hace unos meses no dejaron alrededor de 3.000 víctimas fatales, y que solo se habla de esa cifra para atacarlo a él. Cuando fue confrontado por la prensa, recordándole que el estudio que entregó esa cifra fue hecho por la Universidad George Washington y validado por el gobernador de Puerto Rico, simplemente ignoró el mensaje. Al respecto un periodista de la cadena de noticias CNN tuitió “si no te gustan los hechos, ataca a los hechos”. Una brillante manera de graficar el mundo de la posverdad.

Agresiones similares han ocurrido con relación al nuevo libro bestseller, “Miedo: Trump en la Casa Blanca”, de Bob Woodward, que en su primer día vendió alrededor de 750.000 copias. En él el periodista que desenmascaró el escándalo Watergate retrata una “caótica y disfuncional” administración, basándose en entrevistas a altos funcionarios de gobierno. La respuesta de Trump comenzó mucho antes de que el libro fuera lanzado. Declaraciones como “una estafa para el público” y “está lleno de fraudes” son claramente un ataque a la libertad de expresión y de prensa.

El ataque descarado por parte del poder ejecutivo es gravísimo, ya que atenta contra un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger. Volviendo al ejemplo del Carabinero, Trump como ciudadano de E.E.U.U. puede señalar lo que se le ocurra acerca de cualquier libro, pero Trump como presidente, es decir, como Estado, no puede coartar la libertad de expresión de los autores, no importa cuánto se moleste con su contenido.

Solo cuando hay una situación excepcionalísima en la que se requiere una mayor protección a la seguridad, un país puede declararse un estado de emergencia, restringiendo algunas libertades adicionales. Trump acaba de firmar una extensión al estado de emergencia decretado luego de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, renovación firmada por 18º año consecutivo. Pareciera que el uso político de ‘contextos’ para justificar limitaciones o violaciones a las libertades fundamentales escapan nuestras fronteras.

Es por ello que hoy más que nunca es importante entender y defender el concepto de derechos humanos, sin asociarlo a un color político o a una causa determinada. El término de la Segunda Guerra Mundial nos movilizó hacia escriturar cuales debían ser esos derechos. Hoy son indiscutibles, por lo que no podemos permitir violaciones, menos aún sabiendo que el Estado fue creado con el objetivo primordial de asegurarlos. No podemos tolerar nunca más las consecuencias de un 11 de septiembre, ni como el chileno ni como el estadounidense.

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