Comisión mixta aumentó los criterios para determinar la existencia del delito, lo que generó críticas a la determinación de los legisladores.
Polémica generó la decisión de la comisión mixta del Congreso que determinó rechazar la inhabilidad de ejercer cargos públicos a personas que sean condenadas por el delito de cohecho.
De acuerdo a la normativa que se analiza en el parlamento, las penas para este delito llegaban a los 540 días. Ahora partirán en 541 días hasta los cinco años de presidio efectivo. En tanto, el cohecho agravado tendrá una pena que fluctuará entre los 3 y 10 años de presidio.
En virtud de estos cambios, para que exista el cohecho se exigirá una contraprestación por parte del funcionario público que reciba un pago, y no como se estaba proponiendo que, por el solo hecho de recibir estos recursos, se constituya el delito.
En términos claros, si un seremi recibe algún dinero de un privado, para que sea constitutivo del delito de cohecho se deberá acreditar que esta autoridad realizó algo a favor de la persona que hizo la entrega de recursos. Mientras que, en un principio, el cohecho quedaba configurado por el sólo hecho de recibir dineros de este privado.
Entre quienes votaron en contra de la inhabilitación y la creación de esta tipificación, se encuentran los senadores de la zona Víctor Pérez (UDI) y Felipe Harboe (PPD). A juicio del segundo, con este proyecto se crearía un incentivo perverso para el Ministerio Público. “Sería más fácil formalizar por un cohecho base que ir por la pena más alta. Lamentablemente, la experiencia no ha sido buena sin una acreditación de la contraprestación”, justificó.
Pero su opinión le valió un duro round con el ex fiscal Carlos Gajardo, “No es así senador”, dijo. “Con las modificaciones que se aprobaron, el mamarracho ocurrido en Caso Penta se puede repetir. Se rechazó crear el delito de cohecho sin contraprestación. Con esta nueva ley un ministro o parlamentario podrá recibir dinero de una empresa y eso no será delito”.
Frente a ello, Harboe replicó: “Es su opinión. Hubo buenos argumentos de ambas posiciones”.
A lo que el ex persecutor respondió “No, no es sólo mi opinión senador. Es cosa de ver lo que pasó en el Caso Penta con los pagos que se le hicieron al subsecretario Wagner por 42 millones de pesos. Mientras se exija contraprestación, un empresario le puede pagar a un ministro o parlamentario y eso no es delito”.
Otro de los que cuestionó la decisión del senador Felipe Harboe, fue su par en el Senado, Alejandro Navarro: “Creo que el senador Harboe y los parlamentarios que están siendo investigados por recibir dineros de las empresas investigadas debieron abstenerse, ya que son parte de la causa. Harboe es muy duro en contra de la delincuencia, pero parece que contra la delincuencia de cuello y corbata es muy blando”.
A su juicio, “existe una débil penalización de los delitos de cuello y corbata que llevan a que Chile no cumpla con estándares internacionales que exige la Ocde. Aquí nadie quiere ponerle el cascabel al gato y sancionar de verdad el cohecho”.
En tanto, el diputado socialista, Gastón Saavedra, adelantó que en el análisis que se haga en la sala, pedirán que no exista la contraprestación para acreditar este ilícito. “Es de urgencia mejorar los estándares y así recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta votación no contribuye a acercarnos a la ciudadanía y vamos a reponer esta indicación”, dijo.
Uno de los que se mostró a favor de lo aprobado en esta comisión mixta fue el diputado Enrique van Rysselberghe (UDI), quien estimó que “se busca es una legislación equilibrada. El hecho de exigir como elemento del tipo penal la contraprestación del funcionario público para que se configure el delito es lo que permite configurar el cohecho. De lo contrario sólo habría enriquecimiento ilícito”.
El parlamentario adelantó que votará a favor de los cambios realizados.