Política

Funcionarios del Gobierno Regional del Bío Bío evalúan paralización por malos tratos

Dirigentes acusan hostigamiento de personeros de nueva administración. A ello, se suman las desvinculaciones de trabajadores, pese a contar con buenas calificaciones.

Por: Ángel Rogel 03 de Julio 2018
Fotografía: Raphael Sierra P.

Juan Parada trabajaba hasta el viernes pasado en la Unidad Auditoría Interna del Gobierno Regional (Gore) y, pese a tener buenas evaluaciones, ese día se le comunicó que no seguía en sus labores.

Parada es uno de los siete funcionarios del Gobierno Regional que fueron desvinculados ese día. “En la indicación de desvinculación se dice que yo no habría contribuido a la eficiencia de mi unidad, lo que me llama la atención, por eso tampoco quise firmar el documento, porque como oficina trabajamos en base a una planificación anual que hasta la fecha se ha ido cumpliendo”, comentó.

El caso de Parada y los otros seis funcionarios desvinculados, se suma a otros cuarenta casos que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef ) ya había calificado como irregulares. De hecho, todos ellos han llegado a Contraloría y, algunos, a la justicia.

Esta situación de incertidumbre y acusaciones de supuestos hostigamientos y malos tratos podría derivar en una paralización de trabajadores, si así lo decide la asamblea de trabajadores que sesionará esta jornada.

“Nunca visto”

Marco Mellado, secretario general de la Asociación Nacional de Gobierno Regionales, que agrupa a todas la regiones del país, dijo que en el Bío Bío, además de las desvinculaciones, que ya fueron reclamadas por el conjunto de diputados de la oposición en la Cámara, se han sumado los malos tratos.

“Nunca habíamos estado en presencia de un tema así. A los funcionarios desvinculados se les está avisando el último día del mes y a última hora. Hay un mal trato y hostigamiento horrible que no se condice con la función de la institución, que ha cumplido eficientemente con todos los indicadores. Lo lamentable es que el clima laboral que se vive al interior del Gore es muy malo”, comentó Mellado.

El dirigente dijo que se marcan diferencias entre los funcionarios más antiguos y quienes han ingresado bajo la actual administración. De hecho, de los cuarenta casos conocidos antes, la mayoría, cerca de treinta, fueron despedidos del Gore.

“En la administración pública pueden existir personas que sean militantes o simpatizantes de algún partido político. Incluso, puede profesar cualquier religión, pero eso no se condice con la función que cumple. Ese no puede ser un motivo para desvincular gente”, comentó Mellado.

Cristian Klenner, presidente de la Asociación de Funcionarios del Gore Bío Bío, dijo que “se echa a funcionarios con 20 años de servicio por razones políticas y se emplea a otras personas, operadores políticos, que han sido candidatos e, incluso, personas asociadas a investigaciones por financiamiento irregular de la política, como Corpesca y SQM”.

“Proceso normal”

La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, insistió en que lo ideal hubiera sido que quienes formaron parte del gobierno anterior y entraron por confianza política dieran un paso al costado, “para poder completar los equipos lo antes posible”.

Agregó que se trataba de un “proceso normal” y, consultada respecto a la incertidumbre que genera en los trabajadores los ajustes mensuales, la autoridad dijo “que cada cartera ha trabajado en base a los tiempos que cada una tiene y viendo caso a caso. Hay una serie de normativas a las cuales hay que atenerse y eso hay que hacerlo de manera responsable”.

Sobre el ingreso al gobierno de personas que ha sido mencionadas en casos mediáticos como SQM y Corpesca, Parodi dijo “que todas las contrataciones que ha realizado el Gobierno Regional están conformes a la normativa vigente”.

El diputado del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), junto con solidarizar con los trabajadores comentó que si existe un plan de austeridad, no se puede aumentar el gasto en personal “para satisfacer las demandas políticas que tienen los partidos” del bloque gobierno. Lo anterior, pues, contó que las personas que han ingresado a ocupar los puestos de quienes han sido desvinculados, lo hacen con un sueldo más alto. Ello, sin considerar las eventuales indemnizaciones que se tendrán que cancelar, de prosperar las demandas que los funcionarios han cursado en los tribunales.

Saavedra dijo solicitará “un oficio de fiscalización para saber las personas contratadas, su currículum, y si existe alguna implicancia que amerite que ellos no sean contratados”.

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