Son once asesorías que presentan copias textuales no citadas por sus autores que abarcan temáticas como la tributación de las iglesias a situaciones sociopolíticas en Rusia y China con Latinoamérica.
Las asesorías parlamentarias siguen penando a los diputados de la Región del Bío Bío. A los cuestionamientos surgidos en enero por trabajos realizados por el diputado Sergio Bobadilla y que en la actualidad son investigados por el fiscal Carlos Gajardo, ahora se suman complicaciones en los informes que estos recibieron.’
Tras el reportaje de Radio Bío Bío que detectó plagios en informes del candidato presidencial Alejandro Guillier, que derivaron en una ampliación de la investigación del Ministerio Público, surgieroncríticas y molestias desde el Congreso a la Fiscalía. Y que el propio candidato ha negado estas copias en sus informes.
En un nuevo episodio Ciper Chile, reveló que un tercio de los diputados recibió informes plagiados por sus asesores con un costo cercano a los $169 millones, algunos de ellos, con hasta ocho informes que fueron copiados en su totalidad. Este es el caso de la comunista Camila Vallejo o la gremialista Claudia Nogueira. También aparece mencionado en la publicación el cuestionado Ricardo Rincón, quien recibió un informe de siete páginas copiado en su totalidad desde la página web de trabajos escolares monografías.com.
Pero los diputados de la Región del Bío Bío no se salvan de haber recibidos asesorías parlamentarias con informes plagiados, en al menos, una parte de ellos.
El que más sufrió está situación es el radical Carlos Abel Jarpa, que entre los años 2014 y 2016, recibió seis informes que contienen partes copiadas desde diferentes sitios web. Estos se realizaron por Consuelo Ramírez entre marzo y agosto de 2014 y los temas tratados van desde los métodos usados por las AFP para declarar utilidades, hasta un análisis de la situación sociopolítica de Rusia y China con el mundo, cada una de estas asesorías por un valor de $2.179.093.
El informe sobre legislación comparada sobre organización territorial y planificación urbana, realizado en mayo del año 2014 llamó la atención del equipo periodístico, puesto que se encuentra copiado en su totalidad.
Un informe con problemas
En tanto, el DC Jorge Sabag, se le cuestiona un informe emitido sobre la tributación de las iglesias, realizado en enero de 2014 por $1.694.850, cuya copia es parcial y sólo se aprecia en algunos párrafos. Esta fue realizada por Servicios de Visión y Gestión Estratégica, que presta servicios al Congreso desde el 30 de enero de 2012 y sus oficinas se encuentran en la capital y pertenece a los hijos del reconocido lobista de la DC, Carlos Tudela. Al ser consultado por Diario Concepción, el parlamentario expresó que “nunca estuve en conocimiento de que eran un plagio. Quizás ellos copiaron parte de la ley alemana, pero lo que les pedí fue que tomarán ideas de ella, pero nunca que la copiaran”.
Con respecto a que la empresa pertenezca a miembros de la DC, el diputado justificó en que “yo trabajo con personas afines a mi pensamiento y ellos lo eran”. De paso, informó que desde ese informe ya no trabaja con ellos.
Su compañera de distrito, la PPD Loreto Carvajal, también presenta informes sobre las reformas tributarias, al sistema binominal y educacional por un total de $5.810.000, con un plagio casi total. Estos informes se entregaron a la parlamentaria el 23 de junio de 2014 y lo realizó una empresa favorita del PPD, Gutiérrez y Jerez. Cabe consignar que Carvajal contrató sólo dos asesorías durante ese año, ambas a la misma empresa que sumaron en total de $21 millones.
La parlamentaria no quiso responder las consultas de Diario Concepción, ya que acusó imprecisiones en la publicación de la información en nuestro sitio web.
Otro PPD que también utiliza los servicios de Gutiérrez y Jerez Limitada es Cristián Campos, quien tiene a su haber tres asesorías sobre distintas comisiones, como la de pesca, además de asesoría presencial al diputado y el apoyo en la elaboración y análisis de mociones e indicaciones por cerca de $8.500.000.
De estos tres informes, el que fue entregado en mayo de 2016, presenta una copia casi total, mientras que los otros dos tienen un plagio parcial. Se debe mencionar que durante el año pasado, Campos solo contrató asesorías de esta firma. El diputado señaló que “esto es una sorpresa de que profesionales entreguen trabajos copiados. Esto genera la desconfianza en la ciudadanía y creo que debemos terminar con las asesorías parlamentarias”.
Campos adelantó que la próxima semana finiquitara los servicios de Gutiérrez y Jerez y pedirá que sean excluidos del listado de asesores autorizados por la Cámara. Esto se sumaría a las medidas que tomará la Corporación durante la próxima semana.
Pagos por postear en Facebook
Una de las asesorías que llamó la atención de Ciper Chile, es la del diputado Enrique van Rysselberghe, sobre soporte y gestión de la web y redes sociales. En términos simples, postear en Facebook.
Por este servicio, que es realizado por el periodista y académico Guillermo Verbakel, la Cámara gastaría entre marzo de 2014, hasta diciembre de 2017 $56.140.398.
El diputado Enrique van Rysselberghe expresó que es altamente probable que desaparezcan las asesorías parlamentarias, dado que estimó que los recursos destinados a dicho objetivo serán reasignados para financiar el incremento de nuevos Diputados a partir del 2018”.
En relación a la situación de su asesor comunicacional, explicó que “estoy conforme con la Asesoría Tecnológica que me brinda el profesional contratado para estos efectos. Tengo 16 Plataformas Digitales para relacionarme directa, eficaz y permanentemente con la ciudadanía y la calidad de la labor tecnológica que realizamos incluso ha sido reconocida por medios de comunicación nacionales que nos ubican dentro de los parlamentarios líderes en Gestión Digital en el país”.
Con respecto a la mensualidad que se recibe, van Rysselberghe apuntó a que se ajusta al valor de mercado, y cumple con la normativa exigida por el reglamento que rige este tipo de apoyos a la labor parlamentaria.
Clientelismo político
Diversas reacciones ha generado esta situación en la denominada sociedad civil. Para el abogado Andrés Cruz esta es la forma de mantener un clientelismo político en donde se pueden asegurar personas para trabajar en futuras campañas.
“Nosotros hemos dejados que estas prácticas ocurran, para ellos esto es algo natural y que pueden replicar en el tiempo sin ningún problema. Esta es la forma de retribución a los partidos por haberlos escogido para ser representantes, simplemente son favores”.
Para Cruz no se debería hablar de clase política, sino que de “ciudadanos políticos”, ya que “la política se está transformando en una carrera que permite el surgimiento de este tipo de vicios. Ellos deben asumir las consecuencias de que esto parece una irregularidad y no deben cerrarse a entregar la información, más bien, entregar la información. No es culpa de los medios el desprestigio de la política, sino que de quienes la ejercen”, puntualizó el abogado.
En tanto, el académico de la Universidad Austral de Chile, Pedro Díaz, cree que esta situación es el último “regalo” con el que la clase política sigue tributando a la desconfianza ciudadana. “Aquí hay una escasa auto fiscalización que ellos realizan de lo que es su entorno y lo que es la calidad de su propio trabajo. Y, además se aprecia una instrumentalización política que muchos parlamentarios hacen a la hora de elegir los asesores o los centros de pensamientos que le “ayudarán” en su tarea legislativa”.