A nivel nacional un total de 3.020 instituciones se han convertido o han iniciado los trámites para convertirse en entidades sin fines de lucro.
El 30 de junio venció el plazo para que los establecimientos subvencionados informaran al Ministerio de Educación si pasan a ser particulares pagados o entran al sistema progresivo de la gratuidad.
A nivel regional, el seremi de Educación, Sergio Camus, detalló que más del 55% de los establecimientos ya inició el trámite, “nuestras expectativas fueron cubiertas en este primer proceso de constitución de corporaciones y fundaciones concretando en la Región del Bío Bío, un total 241 sostenedores adheridos, de un total de 348, a la Ley de inclusión”.
Inmaculada Concepción, de Concepcion, Aurora de Chile de Chiguayante, Anibal Esquivel Tapia de Coronel y el liceo Darío Salas de Chillan, son los establecimientos que tomaron la determinación dentro del plazo establecido.
En tanto, los establecimientos educacionales que determinaron pasar a ser particulares pagados son: Madres Domínicas de Concepción, Gran Bretaña de Hualpén, Einstein de Coronel y la Escuela de Lenguaje de Llacolén de San Pedro de la Paz.
A nivel Nacional
La iniciativa que promueve el principio de no discriminación arbitraria e inclusión y el principio de gratuidad progresiva en los establecimientos subvencionados que reciben aportes permanentes del Estado, indica que un total de 3.020 instituciones a nivel nacional se han convertido o han iniciado los trámites para convertirse en entidades sin fines de lucro.
En este sentido se establecen derechos de los estudiantes respecto a su permanencia en establecimientos educacionales. Los procesos de admisión deben ser transparentes y se prohíbe la petición de antecedentes socioeconómicos a la familia del postulante y el nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres o apoderados.
Aún hay plazo
No obstante, el seremi de Educación indicó que los colegios tienen plazo hasta el 31 diciembre de 2017 para realizar el traspaso, con el propósito de garantizar que los recursos de subvención y aporte que hacen las familias (copago) se destinen únicamente a fines educativos y mejorar su calidad.
En el caso de los establecimientos que informaron dentro del plazo (30 de junio), podrán extender hasta 10 años -antes seis – sus contratos de arriendo de inmueble, en caso de no ser propietarios del mismo.