Los funcionarios Daniela Moraga y Patricio Sáez continúan negando las acusaciones en su contra. Diario Concepción investigó y dio con los controvertidos documentos que los tendrían en el centro del debate nacional.
Los funcionarios Daniela Moraga y Patricio Sáez continúan negando las acusaciones en su contra. Diario Concepción investigó y dio con los controvertidos documentos que los tendrían en el centro del debate nacional.
K. Altamirano / M. Castro
Contacto@diarioconcepcion.cl
Los nombres de Daniela Moraga Cancino y Patricio Sáez Bustos han estado en el ojo del huracán durante la última semana. Ambos funcionarios públicos, relacionados directamente con las compras que realiza el Estado, forman parte de los cinco personeros que, según indicó la Contraloría General de la República (CGR), habrían sido denunciados ante la Fiscalía por posible negociación incompatible.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso Diario Concepción, y según los antecedentes remitidos por la CGR, el delito se configuraría por licitaciones que fueron adjudicadas a empresas o sociedades en las que ellos mismos o cercanos participan. Mediante el sistema de Transparencia Activa se logró acceder a los cuestionados documentos y pudo constatar que, pese a que se ven completamente normales, surgen dudas en los detalles.
Vínculos familiares
El 13 de febrero se 2013, el Gobierno Regional del Bío Bío realizó un llamado público a licitación para la "Elaboración de Documentos Técnicos para solicitar protección a través de indicaciones geográficas denominaciones de origen, marcas colectivas o certificación de productos". Ello en el marco de un proceso de asesorías en gestión estratégica en el que participaron cuatro empresas, de las cuales dos quedaron fuera por no entregar toda la documentación solicitada. La resolución quedó entonces en manos de la comisión presidida por el seremi de Economía de la fecha, Mauricio Gutiérrez Bustos, quien tuvo que definir entre Gestión Ambiental y Ages Gestión. A la postre, esta última se adjudicaría el contrato por 9 millones 850 mil pesos.
El representante legal de Ages Gestión Limitada y firmante del contrato con el Gore, Patricio Espinoza Cárcamo, es esposo de la suspendida jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades del Gore, Daniela Moraga Cancino. Al momento de la licitación, ella se desempeñaba como profesional a contrata del departamento y tenía un sueldo de 1 millón 523 mil 538 pesos.
Según declaraciones de Moraga al canal 24 horas, sobre su marido pesa una orden de restricción por violencia intrafamiliar y, a la fecha, se encuentran separados. En la misma entrevista declaró no saber por qué la estaban acusando y añadió que "lo único que realmente me pertenece es un gato y eso también lo dice mi declaración de patrimonio, que hice el año pasado cuando asumí la jefatura. No ha habido ningún enriquecimiento de mi parte".
Cabe consignar que la declaración de patrimonio mencionada por la funcionaria no es pública y que, de acuerdo a la información disponible en Mercado Público, Ages Gestión participó, entre los años 2013 y 2014, en otras cuatro licitaciones con el Gore metropolitano y de OHiggins, además de la Subsecretaría del Trabajo y la Municipalidad de Santa Cruz.
Según se informó ayer, el intendente Rodrigo Díaz habría recibido durante enero una misiva donde funcionarios del Gore acusaban irregularidades en la gestión de Moraga. Basándose en esto y en los antecedentes remitidos por Contraloría es que la máxima autoridad regional ordenó un sumario en su contra.
Negociación incompatible
El segundo denunciado de la Región al que se hace mención en la información de Contraloría es el ingeniero civil biomédico con mención en gestión clínica, Patricio Sáez Bustos. Desde el 20 de noviembre del año 2014, el profesional se desempeñaba como jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria del Hospital Guillermo Grant Benavente y, además, trabajó un tiempo como docente part time de Gestión de Operaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Respecto a este último trabajo, desde la Facultad precisan que este semestre no se le renovó la cátedra.
El ingeniero es socio de la empresa "ING Médica Prestador de Servicios Médicos". Según consta en una publicación de La Tercera, la empresa aparece en los registros de información comercial asociada a Sáez, lo que sin embargo no se registra en el Diario Oficial.
Los cuestionamientos a Sáez surgen a raíz de un documento ingresado el 28 de marzo de 2016 a Fonasa, en que el profesional aparece firmando, en calidad de representante legal, una solicitud para que la empresa ingrese en la modalidad de libre elección. Pese a que él elevó el requerimiento, en la resolución de Fonasa aparece su socia, María Ignacia Aguilera Bournas. Es gracias a este convenio, que hoy existe una consulta médica en Cochrane 845, donde atiende la madre de Aguilera.
Cuestionado por la denuncia, Sáez aseguró que consultó si podía participar en las licitaciones, y que, en ese momento, se le dio la autorización. Según indicó el ingeniero "tuve un problema puntual y personal con una persona, que tomó todos los antecedentes y eleva la situación a más arriba donde, sin consultarme que había sucedido, se pasa al Servicio de Salud y a Fiscalía, donde se generó todo esto".
Un segundo cuestionamiento a su persona tiene referencia con la única licitación en que ING Médica participó, en su historia, con el Hospital Regional. Se trata de un proceso iniciado el 18 de marzo de 2016, en donde se realizó el llamado, por parte del recinto asistencial, para adquirir 4 paletas de magnificación para mamógrafo, marca General Electric. Allí su empresa aparece como única oferente, adjudicándose la compra por el monto de $1 millón 600 mil pesos.
En ese momento, ya se desempeñaba en la jefatura de Equipos Médicos de lugar, pero en el marco de la licitación y posterior firma del acta de adjudicación su nombre no aparece, sino que el responsable es el jefe (S) del área, Leandro Segura Romero. Fuentes consultadas en Contraloría sospechan de esta licitación, puesto que podría estar dirigida a este proveedor.
Según constató Diario Concepción, la declaración de patrimonio de Sáez no aparece. Respecto a este punto el director jurídico del Servicio de Salud, Javier Medina, aclaró que el funcionario nunca la habría realizado.
Difícil de probar
La denuncia en contra de Moraga y Sáez, según los pocos antecedentes que ha entregado Contraloría, sería por el delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 240 del Código Penal.
Según el texto legal, se concreta cuando "el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo", es decir, cuando él, su familia o socios se beneficien con un contrato que él ejecute en el cargo que desempeña.
Las penas asociadas a quienes vulneren está ley es de "reclusión menor en su grado medio", entonces, una pena que fluctúa desde los 541 días hasta 3 años y un día, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de entre 10 y 50 por ciento del valor del contrato.
Según las estadísticas del Poder Judicial, en los últimos seis años, de 154 casos presentados, sólo 23 terminaron en condena, lo que significa un 15%. De acuerdo a las indicaciones de abogados de Concepción y Santiago, consultados por Diario Concepción sobre este tipo de investigaciones, para las partes involucradas se viene un duro trabajo.
Se trataría de un escenario complejo de configurar como delito, ya que deben acreditar las relaciones familiares entre los participantes y la intencionalidad para cometer los ilícitos. Al analizar los antecedentes presentados en este reportaje, los juristas concordaron en que resultará muy difícil de probar la comisión de un delito, por lo que una condena parece poco probable. Mientras tanto, en ambos casos continúa la investigación.