Las reformas en el G8 y la U. Europea incluyeron la creación de categorías de fiscalización de la actividad financiera de las personas políticamente expuestas para evitar el tráfico de influencias y la creación de un mercado político.
Las reformas en el G8 y la U. Europea incluyeron la creación de categorías de fiscalización de la actividad financiera de las personas políticamente expuestas para evitar el tráfico de influencias y la creación de un mercado político.
Giovanna Flores Medina
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“Había un país sostenido por lo ilícito. No era que faltaran leyes, ni que el sistema político no estuviera basado en principios que más o menos todos declaran compartir. Pero este sistema, articulado alrededor de un gran número de centros de poder, necesitaba desmesurados recursos financieros…”, decía Italo Calvino en ‘La conciencia tranquila’. Anuncio que se adelanta una década a la abismante crisis de 1992 en Italia: el Tangentopolis y la tesis del proceso judicial de ‘Manos Limpias’ que dirigió principalmente Antonio di Pietro.
Aquel ensayo ahondaba en la carencia de una ética de la probidad en una nación perpleja: la impúdica connivencia del empresariado, la mafia, parte de las Iglesias y ciertos líderes de las fuerzas políticas tradicionales.
Tras los años de plomo, muchos habían sido cooptados por la dádiva, ‘la tangente’. Ya no era una excepcional asociación ilícita o la conspiración —donde cada individuo tiene responsabilidad penal en un delito colectivo—, sino un hecho político en el cual las venalidades del poder se ocultaban en pos del bien común. Era la normalidad, era el paradigma moral.
Una espiral de descomposición del sistema político que alcanzó hasta el propio jefe de Gobierno, Benedetto Craxi, quien —antes de fugarse a Tunez— sin perturbación en su defensa argumentaba: “Todos hemos sido culpables. Siempre estuve al corriente de la naturaleza irregular e ilegal del financiamiento a los partidos, a mi partido y a la actividad política en general. Lo comencé a entender cuando usaba pantalones cortos”.
Más de 4.000 empresarios, 500 mafiosos y 2000 dirigentes políticos, funcionarios públicos y diplomáticos investigados y procesados. Menos de un quinto fueron condenados a presidio e inhabilidades públicas por cohecho, lavado de activos, asociación mafiosa y fraudes varios. Aquello provocó un cisma que terminó con la primera República y destruyó al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana, transformándose en el caso emblemático de cómo la cleptocracia se instaló en Europa. Luego vino la debacle del Psoe de Felipe González, la caída en desgracia de Kohl y la CDU en Alemania, y la deriva de la izquierda democrática francesa.
Las reformas que se siguieron en el G8 y la Unión Europea incluyeron la creación de categorías de fiscalización de la actividad financiera de las personas expuestas políticamente, para evitar el tráfico de influencias y la creación de un mercado político. Asimismo, con sentido pionero, la OEA fue la primera entidad internacional en acordar una Convención sobre Corrupción y Crimen Organizado en 1996; en tanto, la ONU y la Ocde se han sumado, perfeccionando las figuras delictivas contempladas según nuevas doctrinas. La corrupción política, el narcotráfico y el terrorismo están en el mismo nivel: todas destruyen el tejido político y la esfera de derechos humanos en un Estado Democrático.
Aunque todavía el sistema es imperfecto, y las tramas delictivas de las corruptelas se develan como el principal escollo contra la competencia igualitaria y libre de la política, el legado del Tangentopolis es innegable: difícilmente el estándar Craxi puede abrir la puerta a la sociedad de derechos garantizados que exigen las nuevas fuerzas de izquierda.
Hoy Chile tiene en Penta y Soquimich el espejo donde mirar cuán legítima es su conciencia tranquila.