La causa se inició a raíz de la denuncia de la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zuñiga, quien acusó que al interior de la tienda existía un sistema de defraudación al Congreso.
Primero fue el senador Jaime Orpis quien utilizó, por alrededor de cinco años, una red de boleteros en las asignaciones parlamentarias para obtener dineros que después fueron utilizados para costear gastos personales. A él se suman el ex diputado Maximiano Errazuriz, condenado en 2011 por delitos tributarios y de fraude al Fisco por la misma situación y la diputada Claudia Nogueira, quienes fueron investigados por el ahora Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
Ahora la acusación es más grave. De acuerdo a la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, el gremialismo creó un sistema para utilizar los recursos provenientes de las asignaciones parlamentarias para actividades partidistas.
De acuerdo al testimonio entregado por Zúñiga, el pasado 9 de septiembre, a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena los mismos que investigan el Caso Penta- son tres las sociedades que se utilizaron para este sistema: Sociedad Legal Ltda, Visión Legislativa y Parlamentaria, además de B&C Consultores Ltda.
Sociedad Legal pertenece a los abogados Pablo y Luis Cantellano, la segunda, es una sociedad en la que participan el jurista Carlos Fairlie, querellante por la UDI en los casos Bombas, Basura y Tsunami, además de ser cercano a los diputados Joaquín Lavín León y Gustavo Hasbún con su esposa. Y la última B&C, pertenece al ex diputado por el distrito 45 y ex presidente regional de la UDI, Sergio Bobadilla y su cónyuge, la perito agrícola, María Ximena Crovetto.
De acuerdo al Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, quien supervisa la causa, “esta es una investigación desformalizada, en la que se han recogido diversos antecedentes, los que están siendo analizados para ver si constituyen o no delito. Lo que realizaron son acusaciones que deben ser investigadas y es lo que estamos haciendo”.
Fuentes de la Fiscalía Oriente comentaron a Diario Concepción que solamente se han tomado declaraciones a asesores de ciertos parlamentarios y de la bancada gremialista, entre ellos, Pablo Santiago, quien aseguró a los persecutores desconocer la sociedad del ex parlamentario del Bío Bío, al igual que las otras involucradas.
Estas mismas fuentes explicaron que el Congreso ya remitió información de los pagos realizados a estas empresas por el concepto de asesorías. En tanto, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realizó allanamientos en las empresas.
Dispuesto a colaborar
Molesto reaccionó el ex diputado Sergio Bobadilla al ser consultado por las acusaciones realizadas por la ex jefa de prensa del gremialismo. Para el ex presidente de la UDI en el Bío Bío, son acusaciones al voleo y que las asesorías brindadas por su empresa a 4 o 5 parlamentarios se encuentran totalmente respaldadas.
Adelanta que está dispuesto a colaborar con la justicia y a entregar todos los antecedentes al ente persecutor. “No tengo nada que esconder y hacer este tipo de acusaciones se ha transformado en un deporte nacional”, replicó.
Desde la Fiscalía anunciaron que Bobadilla, al igual que su esposa, serán citados a declarar en los próximos días.
Igualdad de trato
La presidenta de la Unión Demócrata Independiente, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, señaló que existe una obsesión por parte del fiscal Gajardo en contra de la UDI, puesto que sólo los investiga a ellos. Es por esto que la parlamentaria pidió que la Fiscalía también indague a otros partidos, especialmente de la Nueva Mayoría.
La respuesta desde el ente persecutor no demoró en llegar. Fue el fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien tomó el guante dejado por la senadora, y adelantó que en la investigación, que recién comienza, pueden aparecer antecedentes de similares situación en otras bancadas del espectro político y descartó el sesgo político denunciado por la UDI.