El período estuvo marcado por un extenso y poco fructífero debate que enfrentó a las Ues estatales y el G9. Hitos positivos fueron la gratuidad para IPs y CFTs.
El período estuvo marcado por un extenso y poco fructífero debate que enfrentó a las Ues estatales y el G9. Hitos positivos fueron la gratuidad para IPs y CFTs.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
Comenzó el año con un porcentaje de aprobación de 54 puntos y lo terminó con sólo 37. Las cifras correspondientes a la encuesta Adimark dan cuenta del escaso respaldo que encontró durante 2016 la Reforma Educacional. Y esto, no sólo en la voz de los encuestados por la consultora de Roberto Mendez, sino también en la de rectores, académicos, estudiantes y hasta parlamentarios. Una frase común fue "esta reforma no deja feliz a nadie" .
El 2016, sin embargo, empezó con buenas noticias para el Gobierno, tras destrabarse la negociación del proyecto de ley sobre carrera docente, que obligó a la instalación de mesas de trabajo entre docentes y el ejecutivo durante los meses de verano. Finalmente, la ley fue promulgada en marzo a días del retorno a clases. "Es una ley que va directo al corazón de la calidad de la educación del país", señaló la ministra del ramo, Adriana Delpiano, sobre el articulado que a nivel nacional beneficiaría a más de 200 mil profesores, con una inversión cercana a los US$2.300.
Pero desde mayo en adelante las cifras de popularidad de la Reforma comenzaron a ser cada vez más esquivas cayendo casi 10 puntos de una sola vez, llegando a alcanzar un par de meses más tarde su peor nivel de evaluación con 59 puntos. Esto, coincidentemente, tras el ingreso del proyecto de ley de educación superior.
Fue en abril cuando el Mineduc anunció que en un plazo de dos semanas presentaría el proyecto de ley y que, antes de la rendición de la cuenta presidencial, la dilatada entrega se habría realizado. No fue así. Recién a mediados de julio Delpiano ingresó al parlamento la propuesta del Ejecutivo que de inmediato provocó reacciones, primero, porque una vez más la asignación de los recursos para la gratuidad se realizaría a partir de una glosa presupuestaria y, luego, porque se ampliaría el beneficio a instituciones privadas fuera del Consejo de Rectores. Asimismo, los rectores del G9 de universidades públicas no estatales, acusaron un trato discriminatorio del Ministerio, diferencias que llegaron a su punto más álgido en diciembre, cuando se habló de un profundo quiebre en el Cruch, tras el "ninguneo" del rector de la Usach, Juan Zolezzi, en contra de las universidades no estatales.
Gratuidad para IP y CFT
Pese a las críticas que fueron múltiples y desde todos los flancos, la satisfacción fue transversal en cuanto a insistir en la incorporación del los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
Hubo peleas en el parlamento, amenazas de llegar al Tribunal Constitucional y al interior del Consejo de Rectores, un quiebre radical. Entremedio hubo una propuesta de la ministra, que después fue retractada, sobre estatizar algunos planteles, entre ellos la UdeC (que a propósito este año obtuvo la máxima acreditación, por siete años y en las cinco áreas).
Pero no sólo hubo debate en materia de educación superior. También la hubo desde el proyecto de desmunicipalización, que termina el año absolutamente paralizado, con cese en las instancias de diálogo entre gobiernos y estudiantes y sin avances al interior del parlamento.
Una paralización que coincide con el que haya sido también uno de los peores años para la educación pública, en que los resultados Simce y PSU mostraron nuevamente las brechas en los establecimientos municipalizados, en que prácticamente no hubo puntajes nacionales provenientes de estos sectores y en que los emblemáticos a nivel nacional salieron de la lista de los mejores, provocando nuevamente dudas en cuanto a si las medidas que propone el Ejecutivo para avanzar en educación pública son las correctas.