La información fue dada a conocer ayer durante una audiencia en donde los representantes de las empresas pidieron anular una serie de diligencias relacionadas con información proveniente desde el Servel y de mails incautados.
La información fue dada a conocer ayer durante una audiencia en donde los representantes de las empresas pidieron anular una serie de diligencias relacionadas con información proveniente desde el Servel y de mails incautados.
Marcelo Castro Bustamante
Contacto@diarioconcepcion.cl
Cada día se conocen nuevos antecedentes que involucran a las pesqueras de la Región del Bío Bío con pagos irregulares a parlamentarios durante la tramitación de leyes relacionadas con la pesca. Pesquera Bío Bío, Camanchaca, Alimar y Asipes aparecen en la investigación que busca establecer si existió o no financiamiento irregular a políticos durante la tramitación de la ley de pesca. Un caso que ayer, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, sumó nuevas aristas.
Se trata de los pagos realizados durante las tramitaciones de las leyes 20.825 y 20.837. La primera se refiere a la ampliación del plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura y la segunda es sobre la excepción para la Pesca Artesanal con Línea de Mano de la Especie jurel.
De acuerdo al Ministerio Público, las pesqueras habrían generado la entrega de dineros a parlamentarios para que estos pudiesen ser favorables en los incentivos que esperaban obtener de los artículos legales.
Es por esto que el 21 de octubre pasado requirieron al Servicio Electoral la información relacionada con los aportes reservados de las empresas pesqueras que hayan efectuado desde 2009 a la fecha.
El fiscal regional, Julio Contardo, explicó que estas diligencias apuntan a definir los roles que tuvieron estas empresas en la tramitación de otras leyes posteriores a la ley pesca. Para el persecutor, los nuevos antecedentes "amplían aún más la indagatoria, que ya no se circunscribe a la Ley de Pesca, sino que a todas las normativas que estén relacionados con el asunto, situación que se extiende hasta la actualidad".
Desde el organismo investigador aseguraron que pretenden determinar en el menor tiempo posible a las personas que participaron en los pagos, ya sean parlamentarios u otro tipo de personas o entidades que tienen una relación entre sí.
Intensa jornada
Durante la audiencia, que se extendió por 7 horas y continuará durante esta mañana, las defensas de la Pesquera Bío Bío y Asipes cuestionaron ante el tribunal una serie de medidas intrusivas realizadas en contra de sus defendidos. Se trata de la solicitud relacionada a los aportes reservados realizados por ambos organismos a campañas parlamentarias que ocurrieron entre los años 2009 y la actualidad.
El abogado Humberto Alarcón, que representa a Pesquera Bío Bío, señaló que las incautaciones realizadas en las empresas y los aportes reservados son información privada de la empresa, por lo que no descarta insistir en que se declare ilegal la detención.
En tanto, la defensa de Asipes y de Luis Felipe Moncada, a cargo del abogado Rodrigo de la Barra, estima que la acción de entrega de antecedentes vulnera los derechos que tienen los imputados.
Todas las peticiones realizadas por las defensas fueron rechazadas por la jueza Daniela Guerrero, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
En relación a los correos incautados a Moncada en septiembre pasado, De la Barra pidió al tribunal dejar fuera las comunicaciones realizadas por la esposa e hijo de Moncada, situación que se resolverá durante la jornada de hoy.
Separar las causas
Aparte de las incidencias planteadas por las pesqueras de la zona centro sur, durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia, se reformalizó a la empresa Corpesca y a su ex gerente general, Francisco Mujica. Según la investigación, se acreditó la recepción de 81 boletas ideológicamente falsas por parte de la pesquera del norte, por un monto de 259 millones de pesos.
Además, pidió ampliar el plazo de investigación, que venció a principios de diciembre. La magistrada Daniela Guerrero determinó cuatro meses más de investigación y sugirió al Ministerio Público separar la causa en dos, una sólo para Corpesca, que se encuentra más avanzada, y otra para Asipes, que no tiene personas formalizadas y varias diligencias pendientes.